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Asesoran abogados del grupo de Fermín a despedidos de CAPAMA

 * Los ex empleados fueron dados de baja por Jesús Velázquez, quien sustituyó a Alvarado Arroyo y que actuó “por órdenes” del gobernador Aguirre

 Jeanette Leyva Reus * Los trabajadores de CAPAMA que fueron despedidos un mes después de que fuera cesado como director de la paramunicipal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, son asesorados jurídicamente por los abogados Ramón y Natividad Almonte Borja, amigos cercanos y miembros del grupo político del ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Ambos abogados tienen a su cargo los casos incluidos en el expediente 923/200, que ganaron los ex trabajadores Elizabeth Ortiz Ramírez, Esteban Parra Suástegui, María Elena Salmerón Mendoza y Eutimio Rodríguez Maganda, quienes recibirán unos 2 millones de pesos.

Llevan también el juicio del expediente 810/200, en el que uno de los demandantes es Francisco Javier Alvarado Arroyo, hermano del entonces director y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fermín Alvarado, así como cuatro expedientes más, abiertos en 1997 y que esperan igualmente resolución. Ramón Almonte Borja forma parte del grupo político de Alvarado Arroyo, a quien apoyaba en sus aspiraciones de convertirse en candidato a diputado federal del PRI por el distrito 10 en las elecciones de ese año.

Fermín Alvarado fue destituido como director el 23 de abril de 1997. Casi un mes después –el 19 de mayo de ese año– los trabajadores fueron despedidos por Jesús Velázquez Peña, quien, según lo asentado en el expediente, les dijo que actuaba por órdenes del entonces gobernador Angel Aguirre Rivero y del alcalde de Acapulco, Juan Salgado Tenorio.

Entonces, según comentaron algunos empleados que laboraron en dichas fechas, Fermín Alvarado recomendó a los trabajadores a Ramón Almonte Borja.

El litigante y el magistrado son contemporáneos; asistieron juntos a la preparatoria y a la Facultad de Derecho de la UAG, y en el tiempo que Fermín Alvarado fue secretario general de Gobierno, Ramón Almonte fungió como agente determinador del Ministerio Público.Aunque el magistrado Fermín Alvarado envió este martes a Diario 17 una carta en la que afirma que ninguno de sus parientes consanguíneos, padres o hermanos, promovieron o ganaron un juicio laboral contra CAPAMA, el hecho es que en el expediente 810/200 están los nombres de su hermano Francisco Javier y de su primo Antonio Miranda Alvarado, quien se desempeñaba como médico de la paramunicipal.Dicho expediente es el que podría tener el mayor costo económico para CAPAMA, en caso de perder el juicio laboral, debido a la cantidad de demandantes, pues la indemnización podría llegar a los 10 millones de pesos.

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