Sentencian a 60 años de prisión por secuestro a un indígena señalado de pertenecer al ERPI

*Operaba en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, El Limón, Santa Rosa, Pasratesa, El Guineo, Sempasulco, Pozolapa, El Ranchito, San Antonio, Tecomoluapa, Tlachimala y Tepango, dice la PGR

Luego de comprobar que en 2002 y 2003 perteneció a un grupo delictivo y secuestró en 13 localidades guerrerenses, un juez federal en materia de Procesos Penales sentenció a 60 años de prisión a José Guadalupe Hernández Arizmendi, un indígena mixteco detenido por la AFI en 2003 junto a seis campesinos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), informó la Procuraduría General de la República (PGR).
En un breve boletín de prensa, ayer la PGR destacó se dio esta condena “al comprobarse su plena responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro”.
Aseguró que a Hernández Arizmendi se le comprobó que formó parte de la delincuencia organizada y cometió delitos de secuestro en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, El Limón, Santa Rosa, Pasratesa, El Guineo, Sempasulco, Pozolapa, El Ranchito, San Antonio, Tecomoluapa, Tlachimala y Tepango.
Agrega que además de la sentencia condenatoria, el agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) notificó que el juez ordenó que Hernández Arizmendi pague 392 mil 343 pesos con 75 centavos a favor de una de sus víctimas, equivalentes a 9 mil 375 días de multa, así como el pago de la reparación del daño material.
“La Procuraduría General de la República actúa en el marco de la Ley para llevar ante la justicia a quienes la infrinjan, y reitera su compromiso de usar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para combatir a la delincuencia y recluir en prisión a quienes atenten contra la sociedad”, concluye el boletín de prensa.
El boletín de la PGR no informa que el sentenciado fue detenido acusado de pertenecer al ERPI ni informa qué sucedió con los otros cinco detenidos que fueron apresados junto a Hernández Arizmendi.

Lo defendieron ONG luego de su detención hace 11 años

El jueves 22 de mayo de 2003, en estas páginas se informó que un día antes policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detuvieron a los campesinos perredistas Guadalupe Hernández Arizmendi, en La Unión, en ese entonces tenía 52 años, y a Concepción Ramírez Ramírez en Tecoanapa y presuntamente los trasladaron a la ciudad de México a la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), sin que se informara oficialmente de qué los acusaban.
El día de la detención, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y su director Abel Barrera Hernández informaron que eran al menos seis los detenidos, entre ellos Inés Jiménez, de Tecoanapa, que estaban incomunicados y que temían que fueran torturados para tratar de involucrarlos en algún delito.
Por su parte, el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz manifestó ese día su temor porque los involucraran al Ejército Popular Revolucionario (EPR) porque a Hernández Arizmendi, un indígena mixteco de 52 años, hacía seis años lo habían acusado de esto y el Ejército cateó su casa y su vivero en busca de armas que no encontraron.
Por la tarde, el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, confirmó por medio de una llamada telefónica a las oficinas de la PGR en la ciudad de México que los dos campesinos habían sido detenidos, pero no se informó de los motivos.
Cinco días después, El Sur informó que el siguiente lunes a la detención, en la ciudad de México el director de la UEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que la PGR detuvo a “seis presuntos activistas del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) acusados de participar en dos secuestros”, y agregó que se investigaba su participación en otros seis, todos cometidos entre 2002 y 2003.
Los nombres de los detenidos dados a conocer en la conferencia de prensa fueron: José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez.
El funcionario federal aseguró que fueron plenamente identificados por dos de las víctimas,  a cuyos familiares pidieron rescates de un millón de pesos en conjunto, recursos que en parte fueron entregados al ERPI.
En la misma nota se informó que los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) dijeron que la UEDO pretendía culpar a los campesinos de pertenecer al ERPI, de haber cometido los delitos de secuestro y terrorismo con base en declaraciones de un testigo protegido no identificado, mientras que Barrera Hernández informó que el abogado de la Prodh y defensor de Ramírez Ramírez, Jorge Fernández, tuvo acceso a una parte del expediente en el que comprobó esas imputaciones.
El director de Tlachinollan dijo en esa ocasión que a los familiares y defensores de derechos humanos les sorprendió la acusación de que pertenecían a un grupo armado, lo que permitía a la PGR enmarcarlos dentro de la delincuencia organizada y recurrir a una ley de excepción que se utiliza con pretexto de investigar delitos para vulnerar derechos y que no ayuda a investigar los delitos.
Una semana después, en un boletín de prensa fechado el 4 de agosto de 2003 y con el número 696/03, la PGR informó que el juzgado primero de Distrito A en el Estado de México decretó un auto de formal procesamiento a Hernández Arizmendi y Eudocio Suástegui García, El Docho o El Alacrán, como probables responsables de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En esa ocasión precisó que ambos procesados estaban vinculados con una organización delictiva que “opera en los poblados de Tierra Colorada, Ayutla, Tutepec, Chacalapa y San Marcos en el estado de Guerrero, dedicada al secuestro de ganaderos de la región”, y que fueron detenidos en Chacalapa, San Marcos, en posesión de seis armas de fuego, cinco cuernos de chivo y una subametralladora. (Redacción).