Tlachinollan

La política como simulación y engaño

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Con la entrada del huracán Amanda, las comunidades desplazadas de la Montaña enfrentan sin ninguna medida de protección los nuevos torrenciales, como si los días aciagos de septiembre no hubiesen dejado una estela de muerte y destrucción. El abandono y la devastación campean en esta región secularmente olvidada. Nada ha cambiado su condición de damnificados sempiternos.
Para darse un respiro, las familias desplazadas decidieron regresar a sus casas agrietadas y sus cobertizos improvisados, para intentar rehacer su vida comunitaria. El amor a su terruño y a su espacio doméstico los sigue jalando como un imán, a pesar de los riesgos que corren. Saben que ya no podrán reconstruir sus hogares en el lugar donde nacieron. Este destino funesto es el sufrimiento más grande que como comunidades arrastran desde hace más de ocho meses.
No sólo son comunidades marginadas que por siempre han carecido de los servicios básicos, sino que de la noche a la mañana se transformaron en víctimas de una catástrofe que los dejó en la ruina; amanecieron sin casa y sin algunos familiares que fueron sepultados por el lodo. Todo fue desolación y sufrimiento. Pudieron mantenerse en pie, con la ropa raída y enlodada, para hacerle frente a la tragedia. Enfrentaron el hambre, el frío y la lluvia, sin encontrar un lugar seguro para guarecerse. Fue la terrible experiencia de la anomia total, del no ser y el no existir para los demás. De sentirse castigados y condenados por parte de sus potencias sagradas y de sentir en todo momento, el abandono y el desprecio de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los pueblos cargan su tragedia a cuestas. Parte de su vida es la pesadumbre que se prolonga por meses a causa de la desatención, la simulación y el engaño de los funcionarios insolentes. No sólo tienen que vivir en el fango soportando la lluvia implacable, sino que están obligados a trabajar por su cuenta para resarcir los daños más urgentes que les asegure su sobrevivencia ¿Cuánto dinero han gastado las autoridades por visitar unos minutos a las comunidades desplazadas y cuánto han invertido para construir sus viviendas y rehabilitar los terrenos afectados por las tormentas? ¿Por qué el gobierno federal se niega a invertir en obras de infraestructura básica entre las comunidades indígenas de la Montaña para revertir los escandalosos índices del desarrollo humano? ¿Por qué tanto regateo, trámites burocráticos, postergación de fechas para el inicio de las obras, total opacidad en la designación de las empresas constructoras y el manejo del presupuesto que les asignan? ¿En manos de quién están los recursos económicos destinados para la construcción de puentes, carreteras, escuelas, hospitales, casas de salud, sistemas de agua entubada y viviendas para las comunidades indígenas?
Todo ha quedado en anuncios espectaculares y en decisiones cupulares que ignoran y desechan cualquier opinión o reclamo de la población más agraviada. Es asombroso escuchar los argumentos de los funcionarios que convocan a ruedas de prensa para justificar su inacción y para buscar excusas de diferente índole. Es imperdonable y malévolo que después de 250 días de ocurrida la tragedia, la burocracia gubernamental salga a decir a los medios que no han iniciado los trabajos porque hay problemas de inseguridad; porque las comunidades damnificadas no han cumplido con todos los trámites administrativos; porque no les han liberado todos los recursos; por el mal tiempo y por la descoordinación y desconfianza que existe entre las diferentes esferas del gobierno.
Las pocas obras que se están realizando en la región van retrasadas, se hacen al vapor y sin la calidad que requieren. A las empresas constructoras lo único que les interesa es quedar bien con sus jefes o padrinos políticos, por eso les importa un bledo lo que digan o reclamen las comunidades. Se esmeran en remozar el cascarón o las fachadas de las obras en lugar de invertir recursos en la calidad de los materiales y la construcción de estructuras que cumplan con todas las especificaciones técnicas.
Al centenar de familias de la comunidad desplazada de San Miguel Amoltepec el Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, las autoridades federales, estatales y municipales las han tratado con desprecio y engaños. La CDI les dice que la empresa no puede iniciar los trabajos porque les hace falta el llenado del cuestionario único de información socioeconómica (CUIS), es decir que para los funcionarios federales es más importante el papeleo, después de ocho meses, que la construcción de las viviendas. Por su parte la empresa constructora Grupo de Oro sólo se dignó a establecer contacto con la población de San Miguel, cuando fueron a protestar a la capital del estado, el pasado 14 de mayo. Ante el emplazamiento dado telefónicamente a la directora general de la CDI, de tomar la delegación estatal si no iniciaban la construcción de sus viviendas, la empresa De Oro se vio obligada a mandar al siguiente día a los residentes de la obra para firmar una minuta con las familias desplazadas. Como siempre sucede en la Montaña, quienes imponen las condiciones de trabajo son las empresas y no las comunidades; resulta que la constructora está planteando a la comunidad que durante los meses de julio, agosto y septiembre no trabajará a causa de la intensidad de las lluvias, por lo mismo la obra reiniciará hasta el mes de octubre, si es que no llueve. El tipo de materiales y el diseño de las casas son decisión exclusiva de la empresa que cuenta con la aprobación de los funcionarios federales, relegando e ignorando la opinión de las familias damnificadas. Hasta el momento la empresa sólo envió un carro de block y otro carro de grava arena de pésima calidad, para simular y engañar a la población de que ya van a emprender los trabajos.
El gobierno del estado tiene como costumbre postergar la atención de los asuntos. En el discurso manifiestan su mejor disposición para atender a los que protestan, pero sin que haya resultados tangibles. Para las autoridades, la población indígena más pobre del país no les merece su atención. Con suma facilidad los funcionarios menores los envuelven con poses demagógicas para hacerles creer que sus demandas serán atendidas. Así sucedió el 14 de mayo cuando se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos que les prometió una reunión el 23 de mayo con las varias dependencias gubernamentales y con el presidente municipal de Cochoapa, para informarles de las obras que supuestamente están programadas para su comunidad.
Con la ilusión de alcanzar algunos compromisos concretos con las autoridades de los tres niveles de gobierno, más de 50 personas de San Miguel el Viejo se trasladaron por más de ocho horas al Palacio de Gobierno. Entraron a la reunión con la novedad de que el presidente municipal no iba a estar presente porque, a decir del subsecretario, andaba de gira con el presidente de la república. Esa noticia fue suficiente para que los demás funcionarios arguyeran que no tenía caso entrar en materia, porque era indispensable la presencia  del presidente de Cochoapa. En esa reunión informaría si  ya tenía el acta de donación del terreno donde se encuentra reubicada la comunidad de San Miguel. Para los funcionarios, sin ese papel resultaba improcedente hablar de las obras que se tienen programadas construir. La gente que ni siquiera pudo entrar a Palacio de Gobierno por que los guardias se lo impidieron, se regresó con las manos vacías, sólo con la promesa de que el subsecretario les hablará por teléfono este lunes 26 para informarles si el presidente municipal ya tiene el acta de donación.
Esto mismo situación de desatención y engaño padecen las comunidades desplazadas del municipio de Malinaltepec. La mayoría de ellas ya regresaron a sus campamentos ante las amenazas de que los nuevos torrenciales destruyan sus precarias viviendas. El mismo calvario de hace ocho meses se vuelve a repetir: Moyotepec no cuenta con mangueras para abastecerse de agua en sus campamentos. Nada saben de cuándo van a iniciar los trabajos de construcción de sus viviendas. La Lucerna enfrenta un conflicto interno que no ayudaron a resolver las autoridades agrarias, sobre los terrenos donde se encuentran acampados. Por parte de la persona que se ostenta como la dueña del terreno que es comunal les dio solo cuatro días para que desalojen el lugar. Después de ocho meses tortuosos de vivir a la intemperie, no tienen ahora dónde acampar y tampoco hay terreno suficiente para construir las viviendas. La comunidad de El Tejocote, donde murieron 5 personas, volvió a su campamento, para guarecerse del mal tiempo. Tampoco hay avances en la construcción de sus viviendas. Mientras tanto se están organizando para instalar de manera provisional dos sanitarios, que a decir de ellos  es una medida para prevenir enfermedades gastrointestinales. La comunidad de Filo de Acatepec, en esta temporada de lluvias no podrá reinstalarse en el lugar donde acampó en meses pasados, debido a que le cobran una renta de 50 mil pesos por asentarse a la orilla de la carretera. No sólo están en riesgo de que las grietas se extiendan más y se destruyan sus casas, sino que no tienen un lugar donde puedan refugiarse. Se han resignado a esperar el temporal y a pedir que ocurra un milagro de que las lluvias y las grietas no se vuelvan contra ellos y les permitan sobrevivir un año más.
Las tragedias se repiten cuando no se atienden a tiempo y cuando las autoridades ignoran los problemas más acuciantes que enfrenta la población. No es posible que se mantengan al margen de este drama y que no hayan avanzado durante este tiempo en los trabajos de reconstrucción comunitaria. Nada hicieron para construir refugios o albergues provisionales, más bien vimos que las autoridades se volvieron más insensibles y aprendieron mejor el arte de la  simulación y el engaño.