Ratifica la Procuraduría Militar que le compete el caso de Acosta Chaparro

 * Presentará la asociación de familiares de desaparecidos un amparo contra esta resolución que invade las atribuciones de la justicia civil y trata de mantener al Ejército fuera del escrutinio de la sociedad, informó el abogado José Enrique González Ruiz

 El abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), José Enrique González Ruiz, informó que la Procuraduría General de Justicia Militar ratificó su posición de que sí es de su competencia la investigación de los delitos que cometieron los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo durante la guerra sucia, porque dice que actuaron en cumplimiento de funciones dentro del Ejército.

Contra esta ratificación de competencia, la Afadem presentará una demanda de amparo, anunció el abogado.

El 2 de octubre, la Afadem demandó por escrito al procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo, que decline seguir con las averiguaciones contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y otros militares involucrados en la guerra sucia, y que turne la información que esté en sus manos a la Procuraduría General de la República, que es la autoridad competente en este caso.

Además de la Afadem, otros familiares de desaparecidos y ex presos políticos, así como el PRD, plantearon que debería ser la justicia civil y no la justicia militar la que se encargara de investigar y juzgar a los militares involucrados en los crímenes de la guerra sucia, después de que el 27 de septiembre se publicó que los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo habían sido consignados por el procurador de justicia militar a un juez militar por el delito de homicidio de cerca de 150 personas, denunciadas por sus familiares como desaparecidas en Guerrero en la época de la guerra sucia.

González Ruiz consideró que la respuesta de la Procuraduría Militar en la que ratifica su competencia en el caso es jurídicamente una invasión de atribuciones y políticamente es mantener al Ejército fuera del escrutinio de la sociedad”.

Por otra parte, comentó sobre la declaración del procurador militar, Jaime Antonio López Portillo, quien hace una semana dijo a los medios que de la averiguación contra Acosta Chaparro y Quirós envió un expediente a la Procuraduría General de la República para que se investigue a los ex guerrilleros que participaron en el movimiento de Lucio Cabañas como responsables de homicidio de 39 soldados y varios heridos en la época de la guerra sucia.

El abogado manifestó que esta investigación no tiene ningún efecto legal, porque había una ley de amnistía general.

Explicó que en México la amnistía siempre ha sido de carácter general, refiriéndose a todos, y la gente beneficiada no tenía que ir a registarse o cumplir algún trámite.

“Jurídicamente el procurador militar anda errado”, expresó.

Aclaró que quien tiene que declarar formalmente esto es el fiscal especial, a quien seguramente le turnarán el documento del procurador militar, y tendrá que decir que lo da por cerrado.

“Legalmente no hay manera de perseguir a las personas que anduvieron alzadas en armas, y si lo intentaran habría más un afán de asustar a la gente, creo que eso lo sabe bien el fiscal militar López Portillo, él sabe que hay una ley de amnistía y que protege a los que anduvuerin alzados en armas. Creo que está utilizando ese mecanismo para atemorizar y aterrorizar”, dijo González Ruiz.

Sobre la respuesta de la Procuraduría de Justicia Militar a la solicitud de que se declare incompetente para llevar los casos de Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y otros militares involucrados en la guerra sucia, informó que dicen que el artículo 57 del Código de Justicia Militar faculta a as autoridades militares a intervenr en asuntos de este tipo cuando los soldados están en servicio activo, y que Acosta Chaparro actuó en Guerrero comisionado por el Ejército.

González Ruiz comentó: “Qué raro que en el Ejército les ordenen hacer estas cosas”.

Por otra parte, confirmó que quien envió a la Procuraduría Militar los expedientes de Guerrero que se habían abierto en la PGR con denuncias que los familiares de desaparecidos presentaron ante esa instancia civil, fue el actual procurador general de la República, general del Ejército Rafael Macedo de la Concha.

Señaló que turnó a la justicia militar los expedientes sin notificar a los familiares y a sus representantes legales.

Criticó que quieran resolver todo el problema de los desaparecidos diciendo que los culpables de todo son Acosta Chaparro y Quirós, que de todos modos van a estar años en prisión por narcotráfico, y diciendo que todos los desaparecidos están en el fondo del mar.Sobre la demanda de amparo que presentará contra la competencia militar dijo: “Necesitamos que haya reconsideración, que se reconozca la competencia de la justicia civil en su ramo penal”.Dijo que con esa resolución se manifiesta “la abierta intención de que la sociedad no escudriñe al Ejército, que los militares se investiguen solos, que encuentren ellos sus irregularidades, que se castiguen. Esto sólo opera con el fuero de guerra, pero no para el caso de los desaparecidos, que todos son civiles”.El problema es que el gobierno no quiere que el Ejército esté sujeto al escrutinio de la sociedad, dijo el abogado, y explicó que la ratificación que hizo la Procuraduría Militar “es una invasión de la jurisdicción civil, y está tratando de vivir en su torre de marfil donde no puede entrar la sociedad”. (Maribel Gutiérrez)