Alfredo Arcos Castro

Democracia ciudadana  

 Gobernar para el pueblo significa que los gobernantes ejerzan el poder como es debido. Esto implica, ante todo, que utilicen con honradez y eficacia los recursos públicos que administran, pues son simples administradores y no dueños. Y exige, además, que no utilicen su poder para bloquear la crítica social o el buen funcionamiento de los controles. Hay que tener en cuenta que los fallos y los errores son inevitables siempre, por recta que sea la intención de quien gobierna. Los sistemas institucionales de control y rectificación son importantes para que una sociedad democrática pueda funcionar correctamente y en esa medida lograr sus objetivos sociales. Pero también es cierto que hay muchas formas de neutralizarlos. Sin embargo, esto no es motivo para que las cosas puedan ser diferentes en nuestro país.

No obstante, y por desgracia, la corrupción y abuso de poder abundan, y se producen de muy diversos modos. Baste enunciar aquí los más frecuentes: financiación de los partidos políticos por vías irregulares, que han provocado por doquier escándalos de enorme magnitud, muchos de los cuales han escapado de la acción de la justicia; arbitrariedad e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos; contratación irregular de obras y servicios públicos; tráfico de influencias; discriminación partidista en la asignación de recursos; la cobertura de plazas en la administración; arrogancia frente a los administrados, que es una de las más frecuentes formas de abuso de poder; manipulación de los medios de información; politización de la justicia, designación política de los titulares de los órganos rectores y los tribunales superiores, presiones directas o indirectas, distorsión de los sistemas procesales; manipulación del control parlamentario por parte del Ejecutivo.

Como vemos, la democracia no sólo tiene que ver con las elecciones y los partidos. El derecho a participar activamente en la elección de los gobernantes es central, pero sólo relativamente. Lo importante es que los representantes políticos electos administren con eficacia y honradez los recursos públicos, permitiendo con estas acciones cumplir su compromiso social con la ciudadanía. Los procesos electorales como legitimidad de origen garantiza que los gobernantes tomen decisiones consensuadas, sin embargo, puede perderse si se gobierna mal. Cuando esto ocurre, lo normal es que los gobernantes se les prive de su legitimidad originaria poniendo en jaque la estabilidad social del país que se trate. Por otro lado, la legitimidad como resultado del ejercicio del poder hay que ganarla día a día para mantenerse en el poder.

En este contexto, la aceptación ciudadana es pues, en toda democracia, indispensable tanto para alcanzar el poder como para conservarlo. Son los ciudadanos y no los gobernantes quienes pueden decir si es o no es democrático el gobierno. Son los ciudadanos los que deben calificar al gobernante, de otra forma cualquier calificación o auto calificación carece de sentido. Que un gobernante diga que su gobierno es democrático suena a demagogia. La democracia como objetivo fundamental de la acción pública no es potestad del gobernante es su obligación; su inclinación por la democracia no es una vocación personal es una obligación pública con los ciudadanos que al final se puede evaluar adecuada o inadecuada. Y es en este espacio donde el pueblo, los ciudadanos, tienen la última palabra.La  democracia exige que el gobierno sea ejercido con honradez en bien del pueblo, es decir; que satisfaga sus aspiraciones, que busque el bien común, y lo realice al máximo posible. En la democracia son los ciudadanos quienes eligen y evalúan a los gobiernos en democráticos o antidemocráticos, nadie más tiene la facultad de hacerlo, y quienes no se ajustan a este principio no entienden a la democracia, su ignorancia es supina.