CARTAS (Acusa a jueza de Chilapa de dejarse presionar por un ex MP y un dirigente del PRI)

Señor director:

El suscrito pide la publicación del siguiente escrito en su medio de comunicación.
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar en Chilapa  ha incumplido sus funciones durante un año y cuatro meses y no ha ejercido sus facultades otorgadas por la ley para garantizar los derechos de mi menor hijo de cuatro años.
Por eso es que solicito la intervención de organizaciones civiles, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF estatal para salvaguardar su derecho a la convivencia y a un desarrollo libre de violencia, que han sido vulnerados por su progenitora con el aval de la juez Leonor Olivia Ruvalcaba.
De enero de 2013 a la fecha, en el expediente 49/2013-I del juicio de guarda y custodia existen Acuerdos y un auto de radicación para garantizar el derecho a la convivencia y protección de la integridad física y psicológica del menor (quien es golpeado, se encuentra ilegalmente retenido e incomunicado desde el 14 de marzo por su progenitora), sin embargo los acuerdos han sido letra muerta por omisión de la juez.
Detrás de esta omisión se encuentran los abogados de la progenitora, el ex agente titular de la Agencia de Ministerio Público en Chilapa, Eudoxio Gutiérrez y el secretario de Asuntos Jurídicos del PRI en Chilapa, Román Flores.
En el proceso, Eudoxio Gutiérrez y Román Flores han emprendido una persecución judicial hacia mi persona acompañada de amenazas de muerte para tratar de ganar el caso, por lo que los responsabilizo junto a la juez Leonor Olivia Ruvalcaba, de los daños físicos y psicológicos a mi hijo y los daños a mi persona y familia.
Desde el 30 de enero de 2013 se determinó que el menor conviviría con el suscrito de viernes a domingo y la mitad de periodos vacacionales; el 10 de marzo de 2014 se ratificó y el 21 de abril de 2014 en un auto de radicación el juzgado pide cumplir lo convenido o en caso contrario aplicar una multa de 50 días de salario en caso de no hacerlo.
A partir de esa fecha, se le ha manifestado a la juez el incumplimiento y la incomunicación, y pedido hacer efectiva la multa. Las solicitudes han sido relegadas y no se han hecho efectivas las multas.
A las omisiones se suma la declaración ministerial del menor en la averiguación previa BRA/EDS/03/059/2014 abierta en la Agencia en Delitos Sexuales y Violencia Familiar  en Chilpancingo, donde asegura que sufre maltratos.
“Tengo cuatro años, voy en segundo de kínder y mi mamá me pega, cuando me porto mal, me pega con su mano en mi pecho y en mis  manos, me pega muy juerte (fuerte), cuando me pega yo me pongo a llorar, pero no le puedo decir a mi papá porque vive aparte, porque yo nada más vivo con mi mamá (…)”, asienta en parte de su declaración.
Pongo a disposición los expedientes referidos para constatar las irregularidades y la persecución de la que he sido objeto por defender los derechos humanos de mi hijo.

Atentamente

Luis Daniel Nava Jiménez