Pide la Afadem que la justicia militar se desista de los casos de la guerra sucia

* Amenaza la Procuraduría Militar a los que denuncian para frenar las investigaciones, dice Arturo Gallegos

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem) demandó al procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo, que decline seguir con las averiguaciones contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quiroz Hermosillo, y otros militares involucrados en la guerra sucia, y que turne la información que esté en sus manos a la Procuraduría General de la República.

Por su parte, el ex preso político Arturo Gallegos Nájera manifestó que no debe ser la justicia militar la que juzgue a los responsables de la guerra sucia, y que sea por el delito de desaparición forzada, y no de homicidio por el que Acosta Chaparro y Quirós fueron declarados formalmente presos por un juez militar, este martes 1 de octubre, por segunda ocasión.

Asimismo se refirió a una nota publicada ayer en el diario El Univsersal, en la que el procurador Militar, Jaime Antonio López Portillo, afirma que envió a la Procuraduría General de la República (PGR) un expediente derivado de la consignación de Acosta y Quirós, mediante el cual pide que ex guerrilleros del Partido de los Pobres sean investigados por delitos de homicidio de 39 soldados,    heridos, además de rebelión,       y otros.

Gallegos opinó que con esta declaración tratan de frenar las denuncias sobre los crímenes de la guerra sucia, y es una amenaza para los familiares de los desaparecidos y para todos los que participan en los movimientos para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables.

Que el procurador militar se desista

En un escrito entregado al procurador militar este miércoles 2 de octubre por los representantes de la Afadem, José Enrique González Ruiz y Julio Mata Montiel, la organización –que presentó cerca de 150 denuncias de desaparecidos, probablemente las que dieron lugar a que se abriera un nuevo proceso contra los dos militares– afirma que no admite que la Procuraduría Militar tenga competencia para investigar estas denuncias, y considera que sería muy lamentable que la Fiscalía Especial para desaparecidos hubieran puesto esa información a disposición de las autoridades militares.

Exponen que se enteraron por medio de la prensa de que en la Procuraduría General de Justicia Militar se integra una averiguación a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por hechos relacionados con la guera sucia.

“Se ha dicho que la indagación se realiza por el delito de homicidio calificado y que la consignación se hará ante tribunales militares, debido a que los presuntos delitos ocurrieron cuando los generales estaban en servicio.

“Asimismo, los medios dicen que usted asegura que 143 personas que son reclamadas como detenidas desaparecidas fueron asesinadas y tiradas al mar, pero sin precisar sus nombres ni la forma como se les habría identificado. Igualmente, se menciona que esa Fiscalía propondrá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, gubernamental), que ambas instituciones acudan al lugar de los hechos, en Guerrero, para facilitar que las víctimas rindan sus testimonios y se fortalezca la indagatoria.

“De ser cierto lo anterior, esa Fiscalía está extralimitando los alcances del fuero de guerra que reconoce el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Señalan que “ese dispositivo es acorde con el orden jurídico internacional, conforme al cual los crímenes de lesa humanidad no deben nunca ser juzgados en el fuero castrense. Es la justicia civil (en el sentido de no pertenencia a las fuerzas armadas) la que debe ocuparse de estos asuntos, debido a su trascendencia para la sociedad.

“Advertimos la intención de no aplicar los instrumentos jurídicos generados por la comunidad mundial para perseguir conductas que dañan a la humanidad entera, como es la desaparición forzada de persona. Eso, en los  hechos se convierte en un certificado de impunidad.

“No admitimos que usted tenga competencia para conocer de la denuncias que hemos presentado ante la Procuraduría General de la República y desconocemos cómo es que sabe de su existencia. Sería muy lamentable que la Fiscalía Especial designada por el procurador Rafael Macedo de la Concha le hubiese entregado información de forma irregular”.

“Por lo expuesto y fundado, atentamente solicitamos:

“Unico. Decline seguir con la averiguación contra los citados generales y otros militares que pudieran estar involucrados en delitos relacionados con la guerra sucia, turnando la información que obre en su poder a la Procuraduría general de la república, por ser a quien compete conocer de los mismos”.

Hablará con el fiscal

El ex preso político Arturo Gallegos recuerda que cuando se estableció la Fiscalía Especial sobre desaparecidos, el fiscal, Ignacio Carrillo Prieto, en una declaración de prensa dijo que también investigaría a los desaparecidos que cometieron ilícitos como parte de los grupos insurgentes. Pero luego rectificó, y dijo que había sido una mala interpretación de los medios.

Gallegos expuso en una plática con el fiscal que que si los desaparecidos habían cometido algún delito o tenían cuentas pendientes con la justicia, deberían ser enviados a los tribunales correspondientes para ser juzgados, pero el gobierno no tenía porqué desaparecerlos.

Además, afirma, la mayoría de los desaparecidos no tenían más que una relación de familiares o de compadrazgo con algún insurgente.

Asimismo, desde que se formó la Fiscalía Especial hubo personas que se manifestaron a favor de que se juzgara también a los “transgresores de la ley”, en referencia a los ex guerrilleros.

Ahora, la información que dio a conocer el procurador militar, “siginifica que de alguna manera pretenden chantajear” para que se someta a juicio a los desaparecidos y a algunos que lograron librarse de la represión y sobrevivir”.

Gallegos no admite que los guerrilleros sean calificados de transgresores, y dice que “si nos ajustamos a hechos históricos encontramos que ellos no fueron transgresores, ellos respondieron a una acción, a la represión, a la miseria”.

Ahora –dijo– la declaración del procurador militar se da simultáneamente a la consignación la apertura de un nuevo proceso a Acosta Chaparro y Quirós. Esto hace pensar en que el procurador militar quiere manejar las acusaciones de homicidio de soldados y otros delitos que atribuye a ex guerrilleros como un instrumento para frenar las denuncias sobre los crímenes cometidos en la guerra sucia.

Por otra parte, igual que la Afadem, criticó que Acosta y Quirós hayan sido consignados a un juez militar, y por cargos de homicidio, que son menores que el delito de desaparición forzada, de lesa humanidad, que cometieron, que de acuerdo con los tratados internacionales son delitos imprescriptibles.

Gallegos consideró que se ve claramente que la Procuraduría Militar trata, por una parte, de proteger a los militares que ejecutaron las acciones de la guerra sucia, y por otra parte, “asustar a los que denuncian” con las presuntas acusaciones a los ex guerrilleros, para tratar de “frenar las investigaciones contra los criminales”.

El mensaje que enviarían con esto es de amenaza.

Gallegos informó que preguntará al fiscal especial si entre los casos por los que abren un nuevo proceso a Acosta y Quirós están las denuncias de seis familiares desaparecidos que él presentó ante la Fiscalía Especial, como el de Petronilo Castro y su hija Guadalupe. Y de ser así, planteará su desacuerdo con que se les dé por muertos y arrojados al mar, sin haber investigado con precisión y en esos casos particulares que hicieron con ellos, quiénes son los responsables.