Aporta el ayuntamiento pruebas de la retención de los recursos del Ramo 33

* No son 2.5 millones los recargos y actualizaciones que debe el gobierno del estado, sino 20 millones, precisa el alcalde Torreblanca Galindo * Se refiere a penalizaciones por entrega tardía de recursos entre enero de 2000 y mayo de 2002 * Hay un retraso promedio mensual de 25 días respecto al plazo límite legal, abunda

Ossiel Pacheco * El ayuntamiento de Acapulco pidió al titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), revisar el expediente en el que consta la denuncia de que el gobierno del estado retrasa la entrega de las participaciones federales a los municipios, la falta de transparencia informativa y la inoperancia de los órganos estatales en materia de coordinación fiscal, informó el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.

Por el retraso en la entrega de las participaciones federales al municipio, el ayuntamiento estimó que en recargos y actualizaciones por recepción tardía de enero de 2000 a mayo de 2002 se ha generado un adeudo de 19 millones 949 mil 31.40 pesos, no 2 millones 500 mil pesos, como lo dio a conocer en días pasados el alcalde porteño, quien corrigió la cifra.

El expediente incluye un disco compacto con documentos probatorios, que el alcalde Torreblanca Galindo entregó a la CPFF, que presiden Gil Díaz y José Borges Contreras, secretario de Finanzas de Baja California Sur, el pasado martes 24 en la ciudad de México, al término de la reunión que sostuvo junto con otros alcaldes del país con el titular de la SHCP.

En cuanto a la entrega tardía de las participaciones federales, sostiene que el gobierno del estado, desde enero de 2000 hasta la fecha, ha incumplido con el calendario de entrega en lo general, y en particular al municipio de Acapulco.

Esto –aduce– es contrario a lo establecido en las diversas disposiciones legales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, puesto que la entrega por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero a la hacienda municipal de Acapulco presenta un retraso promedio de 25 días respecto al plazo límite legal.

Argumenta que la demora en la entrega de las participaciones constituye una irregularidad jurídica en tres dimensiones: faltas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incumplimiento a la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y su reglamento, e infracciones a la Ley 251, que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, que establece bases, montos y plazos a los que se sujetan las participaciones.

Sobre el pago de intereses por la entrega tardía de las participaciones, el expediente entregado en la SHCP por el alcalde porteño solicita a esta dependencia el cálculo oficial y el pago de intereses de los montos recibidos con demora, como lo establece el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sin embargo, se anexa un cuadro que contiene la estimación por mes, desde enero de 2000 hasta mayo de 2002, con los respectivos importes de las participaciones, la tasa de interés, los recargos, las actualizaciónes y el total, lo que suma 19 millones 949 mil 31.40 pesos.

De este total, 9 millones 621 mil 204.15 pesos corresponden a los recargos, en tanto que 10 millones 327 mil 827.25 pesos son del importe de actualización, previstos en la misma Ley 251.

El alcalde Torreblanca, entrevistado al respecto, dijo que promovió la revisión por parte de la SHCP para demostrar las irregularidades en que incurre el gobierno de René Juárez en la entrega de las participaciones. “Se entregó un disco compacto con documentos de cheques, recibos, comprobantes, que originó el retraso”, indicó.

El expediente –dijo–, que incluye la carta que envió al ayuntamiento el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Rafael Acevedo Andrade, en la que explica por qué no entrega las participaciones como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, “lo utilizamos como un elemento más para demostrar que hay un criterio erróneo para la entrega de los recursos; en resumen, estamos demandando el pago de los intereses generados”.

El gobierno estatal no ha convocado a reunión de funcionarios fiscales

Mencionó que entre las irregularidades en que incurre el gobierno estatal está que nunca ha llevado a cabo la reunión de funcionarios fiscales del estado, aun cuando él la ha solicitado por escrito. “Tenemos respuestas escritas del gobierno del estado, que hemos utilizado como elementos probatorios para dar a conocer con amplitud el incumplimiento en la entrega de los recursos de las aportaciones”, comentó.

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales reúne a los secretarios de finanzas de los estados del país con el secretario de Hacienda, para dirimir las diferencias.

Torreblanca explicó que el ayuntamiento tiene dos formas para allegarse recursos: una por medio del gobierno federal, que envía participaciones y aportaciones, y la otra mediante ingresos propios, resultado del cobro de impuestos locales.

Dijo que las participaciones federales llegan al estado provenientes de un fondo general mediante la coordinación que hay entre la federación y el estado, y se entrega de acuerdo al número de habitantes y a otras fórmulas, pero suministra los recursos de manera mensual.

De esto –detalló– derivó el juicio de controversia que emprendió el ayuntamiento el 31 de marzo de 2001 ante la SCJN, órgano que abrió el expediente 7/2001, porque el gobierno del estado entrega al municipio los recursos con 25 días de retraso.

Respecto a la falta de transparencia, el ayuntamiento acusa al gobierno de Juárez Cisneros de informar de manera parcial e irregularmente en torno a la distribución de los fondos participables, contra lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en la propia Ley 251 estatal.

Destaca que el gobierno estatal no publicó la distribución de un fondo compensatorio que se deduce de la Ley 251 del fondo general para los ejercicios 2001 y 2002. Al no establecer la distribución de dicho fondo, la mencionada ley, aprobada por el Congreso del Estado en diciembre de 2000, “incumple la disposición federal de distribuir al menos 20 por ciento del Fondo General de Participaciones entre los municipios, y deja su distribución a la discrecionalidad del gobierno estatal”.

El alcalde de Acapulco dijo que a partir de esta disposición el gobierno del estado dispuso discrecionalmente en 2001 de 115 millones de pesos de este fondo.

Sostuvo que este fondo compensatorio que se deduce de la Ley 251 incumple lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal federal, pues Guerrero es el único estado de la República que entrega a los municipios 17 por ciento del Fondo General de las aportaciones federales, cuando debe entregar mínimamente 20 por ciento, como lo establece la ley federal.

Dijo que por esta razón en el juicio de controversia ante la SCJN se demandó la derogación de esta ley, por ser contraria a la federal, y ejemplificó que, a diferencia de Guerrero, el resto de los estados de la República, en su mayoría entregan 22 por ciento. Morelos que entrega el 25 por ciento, puntualizó.

De buen ánimo, el alcalde porteño informó que el juicio de controversia prosigue en la SCJN, luego de que concluyó el tiempo de vigencia del amparo que promovió el gobierno del estado, “tarde o temprano habrá una resolución”.

No obstante observa en dicho proceso que la Unidad de Controversias Constitucionales de la SCJN y el gobierno de Guerrero han recurrido a múltiples recursos legales para alargar el análisis y la sentencia del caso. “Probablemente las autoridades guerrerenses provocan la dilación al saber que la verdad asiste al municipio de Acapulco”, señala Torreblanca en el escrito dirigido a Gil Díaz.

Asegura que de ganar el juicio el municipio, el gobierno estatal no sólo reembolsará casi 20 millones de pesos, sino que “políticamente el caso tendría una resonancia tal, porque se trata del único estado del país que entrega a los municipios el 17 por ciento del fondo general de las aportaciones federales, cuando deben entregar el 20”, insistió.

El documento en la SHCP da cuenta que a la fecha se desconoce el importe del segundo ajuste cuatrimestral y anual de 2001, así como el ajuste cuatrimestral de 2002. Y no sólo eso, sino que el estado no ha explicado el errático comportamiento del Fondo de Fomento Municipal, pues las recaudaciones locales presentan incrementos, pero el importe recibido tiende a la baja.

Tampoco ha entregado recursos del IEPS

También asienta que no existe información sobre la distribución de los diversos conceptos del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) a los municipios del estado, pues de diciembre de 1999 a la fecha no han sido entregados tales recursos.

Denuncia que el gobierno de René Juárez tampoco dio información, ni procedió a distribuir a los municipios la parte que le corresponde de los recursos obtenidos por la inscripción de vehículos de procedencia extranjera, como lo estableció el decreto de la Secretaría de Economía.

Torreblanca señaló que el gobierno del estado no cumple la normatividad, pues “es el único que no aporta la información acerca de la entrega de los fondos participables” al Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública (Indetec), organismo público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

“Es grave, porque tiene que dar de manera permanente la información al gobierno de la República, ellos tienen la obligación de informar, porque en función a los ingresos que reporta es como se calculan las participaciones y las estimaciones del próximo año, y además el gobierno del estado nunca ha convocado a la reunión de funcionarios en el estado de Guerrero”, dijo.

Y acerca de la inoperancia de los órganos estatales de coordinación fiscal, dijo que no se ha llevado a cabo la Reunión Estatal de Coordinación Fiscal ni se ha constituido la CPFF.

Aun cuando el ayuntamiento lo ha solicitado en dos ocasiones formalmente por escrito al gobernador Juárez Cisneros, para que este a su vez convocara a la constitución de estos espacios, “no hubo respuesta alguna”.