La consignación de Acosta Chaparro, maniobra del Ejército: González Ruiz

 * El abogado de la Afadem, que presentó cerca de 150 denuncias de desaparición forzada en Guerrero, probablemente las mismas por las que dictaron la nueva orden de aprehensión a los dos generales presos, afirma que con esto tratan de evitar que se investiguen las desapariciones y que se castigue a los responsables

 La consignación y orden de aprehensión contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo por el homicidio de casi 150 personas desaparecidas en Guerrero en la década del 70 es una maniobra del Ejército para evitar que se investige a fondo lo ocurrido en la guerra sucia, planteó el abogado José Enrique González Ruiz, asesor legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), que presentó cerca de 150 denuncias de desaparición forzada.

Informó que en representación de la Afadem, presentará a la Procuraduría General de Justicia Militar un documento para exigir que esa instancia militar se inhiba y deje que continúen las investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR).

Manifestó su preocupación porque las denuncias por las que consignaron ante un juez militar a Acosta Chaparo y Quirós sean las mismas que presentó la Afadem, y aclaró: “Es muy extraño que la información aparezca en manos de la justicia militar, cuando las denuncias se hicieron en la justicia civil”. Recordó que los familiares y sus representantes legales acudieron ante el entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, que es general del Ejército, “y seguramente él de manera ilegal envió la información a la justicia militar”.

Otra crítica del abogado al hecho conocido en los medios el viernes 27 es que “se trata de fincar la responsabilidad de todos los casos a Acosta Chaparro y Quirós, cuando nosotros señalamos a otros, incluidos el secretario de la Defensa Nacional y el presidente de la República y a toda la estructura que participó en la guerra sucia. Se trata de amontonar todos los casos en un expediente, que se cargue a Acosta y Quirós y que ahí den por resueltos todos”.

Preparan el terreno de la impunidad

González Ruiz hizo ver que se consigna a los generales por homicidio, y no por desaparición forzada, y con esto lo que se hace es preparar el terreno para que en la mayoría de los casos se declare prescrito, y que la justicia civil ya no intervenga.

“Están fincando el escenario de la impunidad, prepatarndo todo para que el Ejército se encargue de todo”, y dijo que no hay bases para que la guerra sucia sea de jurisdicción militar, porque nunca se declaró la guerra, no reconoció el carácter de prisioneros de guerra a los detenidos; lo que hubo fue una guerra irregular, una guerra sucia, que se llenó de mugre porque no se cumplió la ley”.

El abogado, ex rector de la UAG, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, calificó los nuevos cargos a los dos generales de “jugada grave, primitiva, de mala factura”, y opinó que “era de esperarse esto de un procurador que es militar, Macedo de la Concha, que va a propiciar la impunidad, y que primero etregó indebidamente información de las denuncias de Afadem a los militares, y están armando un escenario en que todos los crímenes fueron cometidos por dos individuos que se están pudriendo en la cárcel por otros delitos de narcotráfico”.

–Se ha publicado que el procurador militar, Jaime López Portillo, dice que el caso corresponde a la justicia militar porque los delitos fueron cometidos en funciones de militares.

–López Portillo está mintiendo porque no todas las desapariciones en que está involucrado Acosta Chaparro las cometió cuando estaba en ejercicio como militar. El era director de la Policía Judicial de Acapulco.

“Miente López Portillo cuando dice que si eran militares y cometieron genocidio los debe juzgar el fuero militar. El fuero militar es exclusivo para actos de disciplina militar, y el soldado que comete delitos ordinarios debe ser juzgado por la justicia ordinaria.

“Si dice que andaba en funciones militares tiene que enseñarnos la declaración de guerra, la declaratoria de estado de sitio; nunca hubo nada de eso.

“Otro agravante es que junto con los soldados andaban particulares y policías locales, eran como las Bases de Operaciones Mixtas, y en este caso, ¿cómo el Ejército va a conocer asuntos en los que están relacionados los civiles?

La demanda

Informó que probablemente mañana entregue al procurador Jaime Antonio López Portillo un escrito en el que como abogado de la Afadem demanda que se inhiba inmediatamente de seguir conociendo este asunto. Argumentó: “No hay razón, no presentamos las demandas en la justicia militar, no es competente, y no queremos que sigan promoviendo la impunidad”.

Además, dijo el abogado, se evidencia que todos se burlan de la Fiscalía Especial para desaparecidos que se creó hace un año, porque “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, y se prefigura un escenario en que Acosta y Quirós van a ser consignados por delitos prescritos, y cuando se les quiera someter a la justicia civil ya no procede.

Explicó: “Vamos a comparecer (ante la Procuraduría de Justicia Militar) en carácter de coadyuvantes. Para plantear que la justicia militar no es competete, no debe hacer declaraciones públicas en las que dé por hecho que todos los casos operaron de la misa manera, no es lo mismo la desaparición, de Tres Pasos del Río (en Atoyac) que las del Kilómetro 21 (en Acapulco). No puede decir que a todos los agarró Acosta Chaparro y los echó al mar. Tiene que decir qué pasó. Vamos a exigir al Ministerio Público que nos dé las cadenas de mando, suponiendo que fue cierto, quién le prestó el avión, de quién iba acompañado, que explique qué mecanismo existe para que en la Secretaría de la Defensa Nacional se autorice un vuelo para tirar a un preso al mar. Se trata de encontar la cadena de mando y llegar al secretario de la Defensa y al presidente”.

No confía la OCSS en la justicia militar

Por su parte, el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, dijo que desconfía de la justicia militar, y manifestó que los acusados “están entre ellos, son ellos mismos”.

Dijo que la OCSS, desde su surgimiento ha demandado la presentación con vida de los desaparecidos políticos de la década del 70, y mencionó el caso de Roberto Aguirre, padre de dos presos políticos miembros de la Organización (Salomé Aguirre Bahena y Gilberto Aguirre Bahena), desaparecido por el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, que era originario del Puerto del Pital, en la sierra de Tecpan de Galeana.

También el caso de Mauro Castro Zaragoza, familiar de Benigno Guzmán, originario de Otatlán en la sierra de San Miguel Totolapan y desaparecido en Acapulco en la colonia Azteca con el campesino Chon Juárez, de San Juan de las Flores, sierra de Atoyac, y otro joven de 15 años.Afirmó que las desapariciones forzadas eran una política del gobierno, contra cualquier persona que tenía algún liderazgo, y la consideraba como enemiga. Por eso, mientras siga el mismo gobierno no se puede confiar en que haya justicia. (Maribel Gutiérrez)