Agrega la PGJE dos acusaciones más contra Nestora, por robo de vehículo y secuestro

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió dos nuevas causas penales contra la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que con las anteriores suman cuatro averiguaciones previas del fuero común en su contra, informó el despacho Gómez Mont, Limón y asociados.
En consulta telefónica, el abogado Emiliano Gómez Mont indicó que, al parecer, por una de estas causas no se ha ejecutado orden de aprehensión, es decir, no se ha notificado a la luchadora social, detenida hace nueve meses en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Indicó que una causa penal es por robo de un vehículo, al parecer el que recibió la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuando se coordinó con el gobierno del estado, y otra por secuestro.
Precisó que en el juzgado segundo hay tres causas penales, y en el juzgado primero una contra la líder comunitaria que a principios de mayo recibió, a través de su hija Saira Rodríguez Salgado, el premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.
Sobre el incidente de libertad que presentó la defensa en el Juzgado de Tlapa a finales de abril, para dejar sin efectos las causas penales del fuero común luego que un Tribunal Unitario de Distrito revocó el auto de formal prisión por los delitos federales (terrorismo y secuestro), indicó que el juez en Guerrero dijo que antes de resolver va a notificar a todas las personas que la acusaron.
Estimó que será un proceso largo porque son entre 30 y 40 personas, y el agente del Ministerio Público —que representa a las víctimas— respondió al incidente de libertad con argumentos que pretenden restarle peso a los argumentos del tribunal federal y desconocer la resolución.
En un juicio de apelación del auto de formal prisión, el juez del Tribunal Unitario de Distrito determinó que las personas que acusaron a Salgado García de secuestro fueron sometidas a proceso de “reeducación” bajo el sistema de seguridad y justicia comunitario de la CRAC, reconocido por las instituciones de gobierno del estado. Por lo tanto no se acreditó el delito de secuestro.
En su análisis, el juez federal hizo referencia al artículo segundo de la Constitución para señalar que los policías comunitarios tienen facultades para nombrar a sus autoridades por usos y costumbres, nombrar sus órganos locales de gobierno, a quienes se les reconozca autonomía.
Sobre el caso, Gomez Mont adelantó que van a llegar nuevos alegatos al juzgado de Tlapa para rebatir los argumentos del MP, que señaló que la sentencia federal no es vinculatoria en las instancias estatales.
Aceptó que el proceso legal contra Nestora Salgado se convirtió en una carrera de resistencia.