Llevan dirigentes nacionales del PRD a la PGR la denuncia contra René Juárez

* Rosario Robles, Pablo Gómez y Juan Guerra comparecen ante la fiscal especial de delitos electorales María de los Angeles Fromow

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Robles Berlanga, el representante de ese partido en el IFE, Pablo Gómez Alvarez y el secretario de Asuntos Electorales, Juan Nicasio Guerra Ochoa, comparecieron ayer a las siete de la noche ante la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR), María de los Angeles Fromow Rangel, “a denunciar diversas conductas” del gobernador René Juárez Cisneros, “mismas que pueden ser constitutivos de delitos conforme a la legislación sustantiva penal vigente”.

Como sustento de la denuncia, los dirigentes presentaron un documento de 39 páginas, enviado a esta redacción, firmado por Juan Guerra, que describe, en su primera parte, los hechos que motivan la denuncia: “En diversos medios de comunicación de difusión local, se ha hecho de conocimiento público que el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Rene Juárez Cisneros, ha estado destinando en diversas localidades de dicha entidad, de manera ilegal, bienes y fondos materiales que por virtud de su investidura le corresponde aplicar o ejecutar con motivo de diversos programas gubernamentales de carácter social, acciones que han cambiado la  finalidad jurídica de los bienes que tiene a su encargo, traduciéndose tales conductas en apoyos proselitistas a favor del Partido Revolucionario Institucional y sus diversos candidatos propuestos al cargo de Diputado e integrantes de los respectivos Ayuntamientos”.

Entre las pruebas presentadas por el PRD se encuentran transcripciones de notas informativas publicadas en este periódico y un videocassette con grabaciones de “cuatro apartados o segmentos de cobertura noticiosa” del noticiario Cable Acapulco Noticias, de la empresa Telecable de Acapulco.

En esos documentos se incluye información de actividades del gobernador en las que entrega recursos económicos, bicicletas y despensas en distintas regiones del estado.

En su parte final, el documento de la denuncia argumenta que “conforme a la legislación electoral local en el Estado de Guerrero, la etapa previa a la jornada electoral debe desarrollarse  dentro de un clima de equidad,  entendida ésta como el equilibrio de oportunidades e insumos que los participantes en un proceso electoral deben de tener, de tal forma que puedan ofertar su propuesta política a la sociedad.

“De ahí que cualquier desproporción en las oportunidades o insumos referidos y que no se encuentre ajustada en la propia ley conduce necesariamente a la violación de los principios constitucionales de la materia electoral, que regula en su reiteración normativa, entre otros ordenamientos, el Código Penal”.

Después el PRD argumenta que su denuncia de hechos se basa “en la inusitada actividad” del gobernador de Guerrero en la entrega de bienes y servicios públicos derivada de la ejecución de programas de asistencia social “en la que han participado de manera ilegal candidatos del Partido Revolucionario Institucional, con el respectivo consentimiento del funcionario denunciado, sosteniendo que ello se constituye por un lado en un factor de desequilibro entre las fuerzas políticas que contienden en todo el Estado de Guerrero, por la impresión que genera entre la sociedad que el Ejecutivo Estatal apoya los candidatos del partido del cual fue propuesto en la elección de gobernador”.

Más adelante, se afirma que Juárez Cisneros “ejerce una influencia real en la opinión pública de la entidad, dado que es la máxima autoridad administrativa en el estado”, y por eso la presencia de un candidato en un evento de entrega de recursos públicos en que participe el gobernador tiene “una gran significancia y repercusión dentro de la conciencia del electorado”.

La denuncia firmada por Juan Guerra, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución, 118 del Código Federal de Procedimientos Penales y en la jurisprudencia “Controversias Constitucionales. La Procuraduría General de la República no puede decidir a priori si se trata de delitos federales o locales sin que antes se averigüe y determine que existe algún ilícito”, solicita “recibir la actual denuncia de hechos, que refieren posibles conductas de carácter delictivas” del gobernador de Guerrero, así como “iniciar la investigación correspondiente mediante el auxilio de todos los medios previstos en la ley, para determinar si los hechos narrados son susceptibles de encuadrarse en la tipología penal aplicable”.