Rafael Aréstegui

Verdad histórica, verdad jurídica y reparación del daño

En solidaridad con Maribel Gutiérrez,
quién en su compromiso con la verdad,
sabe superar las cinco dificultades
de las que habló Bertold Brecht.

Sin lugar a dudas la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, obedece a que cientos de luchadores sociales, Organizaciones No Gubernamentales, periodistas honestos, familiares de desaparecidos y organismos internacionales, no han quitado desde hace mucho tiempo el dedo del renglón en materia de las violaciones a los derechos humanos que se han dado en nuestro país desde tiempo atrás y aún recientemente.

La Fiscalía Especial tiene el gran reto de no quedarse en un asunto formal que sólo dé alguna esperanza a los familiares de los desaparecidos, así como a las viudas y los huérfanos de los luchadores que fueron asesinados, sino que debe de esclarecer la verdad histórica de los casos en que hubo desapariciones o asesinatos, que hayan sido de la responsabilidad de los gobiernos federal o estatal, así como de las formas de poder caciquil, unas veces toleradas y otras, protegidas por distintas autoridades.

Fue un acierto abrir una oficina en el estado de Guerrero, que cuenta con varios cientos de desaparecidos y que la sociedad toda, no sólo los familiares requieren saber cuál fue su destino, todos debemos apoyar los trabajos que se lleven a cabo, se habla de algunas presiones a las que se ha visto sometido el representante de la Fiscalía, de ser cierto los responsables deben ser llamados a cuentas; Si la UNAM entregó un archivo completo para apoyar los trabajos de la Fiscalía, la UAG, no debe quedarse atrás, y le debe dar todo el apoyo, máxime que varios de los desaparecidos en Guerrero eran universitarios.

El ex gobernador Figueroa Figueroa, quien gobernó en el sexenio de la guerra sucia, dijo en alguna ocasión que los desaparecidos estaban muertos, Acosta Víquez lo secundó, bastante información debe tener quien fuera en ese sexenio el procurador de Justicia del Estado.

La verdad histórica permitiría saber el paradero de los desaparecidos y su condición, asunto que insisto es de interés de la sociedad toda, pero la verdad jurídica permitiría sabe quién ordenó los excesos que se cometieron, quiénes son los culpables intelectuales de esos atropellos, pero también quiénes fueron los culpables materiales de los crímenes cometidos y qué castigo merecen unos y otros.

Se debe hablar también de la reparación del daño, si bien es cierto que de ninguna forma se puede reponer la vida de quienes fueron desaparecidos, los culpables deben pagar por los daños cometidos, si los huérfanos y las viudas de Aguas Blancas y del Charco, no hubieran sido privados de sus padres y esposos, los hoy huérfanos, seguramente hubieran podido estudiar y las viudas, tener un sustento, los responsables no sólo asesinaron a campesinos jefes de familia, sino que destruyeron social, económica y psicológicamente a varias familias, y destruyeron socialmente a una comunidad, por ello debe hablarse también de la reparación del daño.

La guerra sucia en los años setenta, dejó en varios municipios del estado, un enorme daño: moral, económico y psicológico en varias familias, daño social en la comunidad, daño que hasta la fecha es posible percibir en los familiares de los desaparecidos, sería de mucha importancia que la fiscalía especial se traslade a las distintas comunidades de la sierra de Atoyac y de otros municipios y constate esta situación.

La impunidad con que se habían comportado el Ejército, las distintas policías, así como la actitud de los gobernantes que se sentían con licencia para matar, ha terminado; una sociedad más informada y conocedora de sus derechos es la mejor garantía para desterrar a la impunidad, que no se repita ni en el país, ni en el estado bajo el pretexto del combate al terrorismo la guerra sucia, ni contra las organizaciones ni contra los ciudadanos,

Los derechos humanos del país y del estado reclaman que cese la impunidad, que nunca más existan Figueroas, Acostas Chaparro, Acostas Víquez o Rogacianos Alba, que puedan ordenar atropellar los derechos de los ciudadanos y permanecer impunes, de ese tamaño es el reto de la Fiscalía Especial, toca a la sociedad civil mantenerse alerta y actuar de manera decidida para que ese reto se supere.