Niegan amparo a agentes implicados en la balacera del cerro del Tigre

 * La juez determinó como improcedente el recurso

 Jorge Nava * La juez Cuarto de Distrito, María del Carmen del Razo Soto, negó un recurso de amparo promovido por comandantes y agentes de Tránsito prosindicalistas, quienes fueron cesados por la Comisión de Honor y Justicia (CHJ) del ayuntamiento por el intento de invasión de predios en el cerro del Tigre.El martes de la semana pasada, la juez les informó la improcedencia del amparo a los agentes José Alberto Solís Franco, Enrique Zacapala Guzmán, Edgar Trinidad Colón, Julio Antonio Rondín Lorenzo, Rogelio Salado Villanueva, Blas Salgado Magallón, Francisco Puente Moreno, Jorge Moreno, Jorge Luis Vargas Hernández, e Iris Quijano Arriaga.

En el juicio de amparo 634/2002, los agentes argumentan que se violentaron y quebrantaron sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica por parte de la Comisión de Honor y Justicia del Cabildo, al resolver, el 20 de mayo, el cese de sus cargos por haber incurrido en actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones y por desacato y rebeldía, sin que se les haya dado la oportunidad de ofrecer pruebas en el procedimiento administrativo.Asimismo, se quejaron porque la resolución emitida el 20 de mayo por la CHJ les fue notificada de manera verbal a las 14 horas del 23 de ese mes, por la ex secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas; la síndica de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Buen Gobierno y presidenta de la Comisión de Honor y Justicia municipal, Adela Román Ocampo; el director de Tránsito, Miguel Rodríguez Bocanegra; el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Pasta Muñúzuri, y el director de Recursos Humanos, Aristas Cisneros.En abril pasado, fueron acusados por participar en un enfrentamiento que se dio en el cerro del Tigre, donde utilizaron uniformes y vehículos oficiales, quienes fueron encabezados por el líder de comerciantes ambulantes, Antonio Valdés Andrade.El viernes 13, los agentes acudieron a la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, donde comenzaron la queja Cra-Codehum/268/2002-4, por el cese que determinó la (CHJ).