Félix Salgado “quiere los reflectores”; su denuncia, improcedente: Morlet Berdejo

 * En este caso procedía comenzar un juicio administrativo contra Protur, porque fue la encargada de administrar los terrenos; el gobierno estatal no tiene nada que ver, indica el subsecretario de Asuntos Jurídicos del estado

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El subsecretario de Asuntos Jurídicos del estado, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, calificó de “improcedente” la denuncia que presentó en la PGR el diputado federal Félix Salgado Macedonio contra el gobierno estatal por presuntas anomalías en la expropiación, comercialización y administración de 2 mil 600 hectáreas que constituyen el desarrollo turístico de Punta Diamante.El funcionario señaló que a pesar de que los supuestos afectados por la expropiación de esos terrenos, efectuada en 1987 durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, presentaron un argumento válido, “el delito del que habla ya prescribió”.Morlet Berdejo explicó que posiblemente en este caso lo que hubiera procedido era comenzar un juicio administrativo, pero contra el organismo público descentralizado Promotora Turística (Protur), encargado de administrar y comercializar los 2 millones de metros cuadrados de dicho desarrollo.“El gobieno estatal no tiene nada que ver en este asunto, porque fue una expropiación que hizo el gobierno federal para fines de desarrollo turístico”, manifestó Morlet.El funcionario dijo que si el senador panista Diego Fernández de Cevallos adquirió un predio en Punta Diamante, debió cumplir una serie de requisitos, como presentar un proyecto de desarrollo turístico ante la Promotora Turística.

“La verdad, desconocemos de qué manera haya obtenido un predio el senador –Diego Fernández–, si lo compró o se lo regalaron. Lo único que sabemos es lo que él ha dicho en los medios de información: que efectivamente tiene un predio en ese desarrollo”, indicó.Sobre la demanda presentada por el diputado federal guerrerense Félix Salgado Macedonio, Morlet Berdejo dijo que lo que hizo el legislador fue “un acto electorero, porque sabemos que legalmente no procede una demanda penal contra el gobierno estatal o contra la administración anterior que hizo la expropiación de los terrenos”.Pero señaló que el gobierno del estado estará atento a cualquier citatorio que envíe la Procuraduría General de la República para que comparezca algún funcionario estatal.Recordó que en 1987, el gobierno federal depositó el dinero de la indemnización ante una autoridad jurisdiccional, “pero ignoro si los campesinos afectados hayan acudido a recoger el pago”.Mencionó que incluso los afectados llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictó una resolución en la que considera legal la expropiación de los terrenos de Punta Diamante.“Lo que pasa es de que ese señor –el diputado federal Félix Salgado– quiere los reflectores de los medios de información, pero la verdad es que no sabe lo que hizo”, aseguró Morlet Berdejo.