Rodolfo Chávez Galindo

Nueva etapa de resistencia indigena

Guerrero será la sede de la primera respuesta nacional contra el fallo desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre asuntos indígenas. Grupos y organizaciones de todo México se han dado cita en la ciudad de Chilpancingo los días 12 y 13 de septiembre en torno a los trabajos de un aniversario más del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. El tema obligado es la respuesta nacional que darán los pueblos indios ante la decisión de la SCJN de declarar improcedentes las 322 Controversias Constitucionales interpuestas por sendos ayuntamientos de varios estados en contra de la reforma de ley sobre derechos y cultura indígenas.

Contra los derechos de los pueblos indios faltaba el golpe del Poder Judicial. Ya lo perpetraron. El 18 de julio de 2001 el Poder Legislativo aprobó la reforma constitucional en materia indígena, rechazada desde ese mismo día por casi la totalidad de las organizaciones indígenas. El 14 de agosto del mismo año, fue promulgada por el Ejecutivo. El pasado 6 de septiembre de 2002, la SCJN da la puntilla al último esfuerzo y esperanza de los indígenas por el reconocimiento constitucional de sus legítimos derechos.

La lucha indígena por romper con 510 años de opresión, despojos, discriminación y racismo en su contra, enfrentó y seguirá enfrentando esa ley aprobada sin cumplir con la legitimidad constitucional. Los ejes de lucha siguen siendo los mismos: reconocimiento de la autonomía como parte del Estado mexicano, expresada como su derecho a decidir sus formas internas de organización social, política, económica y cultural; ser reconocidos como sujetos de derecho; por el reconocimiento de la validez de sistemas normativos propios y por el acceso de manera colectiva al uso y disfrute de sus tierras y territorios.

La decisión de la Suprema Corte cierra el extremo de la pinza, cubierto en el lado opuesto por la embestida paramilitar sobre todo en Chiapas (los asesinatos de zapatistas en Amaytic lo atestiguan),y la militarización en las zonas indígenas de todo el país, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz e Hidalgo.

El gobierno cierra una vez más el camino del diálogo y se deja de lado la esperanza por una paz digna y justa. Lo que se niega es el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos. Esas voces que dicen que serán los Congresos de los estados los que regulen la vida institucional de los indígenas ocultan que toda ley estatal o las leyes secundarias federales, partirán de los derechos limitados y acotados por una decisión soberbia del Congreso de la Unión en contra de los intereses y derechos de los pueblos. Al decir que la pinza se cierra no hay que olvidar que uno de los puntos en disputa son las tierras en las que se asientan las comunidades indígenas sobre todo en el sur de México. En esa zona se encuentra una de las vetas más ricas de biodiversidad, ambicionada por las empresas trasnacionales que buscan el dominio alimentario y farmacéutico mundial. El gas natural, el uranio , el petróleo en el sureste y los minerales preciosos en Guerrero están en la mira. Los gobiernos de la región mesoamericana, no sólo el mexicano, se han propuesto, con sus leyes y con sus armas, sacar a los indígenas de sus zonas y de sus tierras. Para poder aplicar el Plan Puebla Panamá (PPP), los dueños del dinero saben que requieren de muchas tierras, de agua en abundancia y de mano de obra de los desplazados para la maquila trasnacional. La entrega del país, la pérdida de soberanía y los compromisos del gobierno con los dueños del capital, requieren, para los empresarios y el gobierno, de golpear a los más pobres.

La respuesta de los pueblos toma un nuevo derrotero pero ahora busca sobre todo la unidad. El deseo de justicia se expresa en la petición permanente por el reconocimiento de sus derechos al nivel de la Constitución. Este seguirá siendo el motor de la lucha. Las organizaciones indígenas de todo el país han expresado que será en Chilpancingo el inicio de la respuesta y anuncian ya que todo se encamina hacia una movilización magna el próximo 12 de octubre. Ese día se movilizarán los pueblos indios en México y en toda América Latina. El 12 de octubre ha sido considerado el día de la Jornada Continental Latinoamericana en contra del proyecto neoliberal llamado Area de Libre Comercio (ALCA). Ese es el día de la movilización mesoamericana contra el Plan Puebla Panamá (PPP), con cierres en la carretera panamericana de Puebla a Panamá. Ese día, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), CETEG en Guerrero, llevará a cabo un juicio político contra Elba Esther Gordillo en el Zócalo de la ciudad de México.

El 12 de octubre inicia la gran respuesta que se requiere para frenar los intentos del gobierno mexicano por entregar el país a los intereses extranjeros.