Renato Ravelo Lecuona

Las autonomías vasca, indígena y universitaria

(Segunda parte)

Respeto a los sujetos, las “comunidades humanas” que han reclamado la autonomía como régimen legal para la autodeterminación, situemos los tres ejemplos que incluyo en el título de este artículo, los vascos, los indios y los universitarios. Para los primeros transcribo textual lo escrito por Jone Goirizelaia:

La autonomía vasca

“El pueblo vasco se encuentra dividido territorialmente: parte dentro del Estado francés, parte del Estado español. Su comunicación física la impide únicamente la barrera política entre ambos estados. Y hoy en día sobre la base de la teórica libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea, tal frontera habría perdido buena parte de su sentido. Pero en la práctica, los vascos estamos sometidos a unas condiciones de vida en Francia y a otras diferentes en España, que limitan absolutamente nuestra capacidad de desarrollo como pueblo.

En Francia el Estado es centralista por antonomasia. Y ese centralismo no se concreta  sólo en su organización administrativa. En Francia no existe más pueblo que el francés, y así está definido en su Constitución, la cual excluye a otros pueblos. En efecto no hay más patria que la república, mas territorio que el común, por lo que para Francia no existen vascos, bretones, corsos, etc.

Además sólo hay una lengua oficial y obligatoria, y no llega ni existir ni una demarcación administrativa propia para ciudadanos  como los vascos. De hecho, éstos se encuentran incluidos dentro de un territorio administrativo –los Pirineos Atlánticos– en los que conviven con otros ciudadanos de nacionalidad francesa. Sobra decir que partiendo de esta situación, las posibilidades de articular la protección de la lengua, de la cultura, de la enseñanza… del propio ser del pueblo vasco, son casi nulas. Todavía lo es la de pretender un reconocimiento diferenciado como pueblo, y acceder a cuotas de organización o poder político.

En España la situación es más compleja, y obliga a una exposición más minuciosa. Con la muerte de Franco y la evolución a sistema parlamentario, se planteó como uno de los problemas clave de cara al futuro, el de las llamadas nacionalidades históricas. Y se planteó, en buena parte, por existencia práctica de una lucha armada que se ejercitaba principalmente desde el pueblo vasco. Las nacionalidades consideradas históricas eran la catalana, la gallega y la vasca.

La salida que se le quiso dar a esas reivindicaciones fue la dividir el territorio español en autonomías. La finalidad era evidente. Se trataba de diluir lo que eran pretensiones concretas, reivindicaciones nacionales sin Estado, dentro de lo que se presentaba como una nueva organización del Estado español. A la vez se seguía manteniendo una administración  central, por lo que se multiplicaba la burocracia sin soluciones efectivas y con un elevadísimo costo. Pero todo se dio por bien empleado, si se lograba la finalidad de frenar reivindicaciones del DAD (Derecho a la Autodeterminación).

Consideramos que la aprobación de la Constitución  de 1978 fue la oportunidad perdida para iniciar la solución al conflicto entre vascos y españoles, con una salida positiva hacia el futuro, y enfrentando el problema en su raíz.

Se podía haber tratado de orientar esa solución, partiendo del reconocimiento de la identidad del pueblo vasco, y de su derecho a ejercitar, si esa era su voluntad, el DAD en los momentos y en las formas que fueran oportunos. Pero se recurrió a una solución diametralmente opuesta. La constitución consagraba al Estado español como único pueblo y nación, siendo su sujeto los españoles y el pueblo español. No se reconocía la existencia de otros pueblos y la lengua oficial y obligatoria en todo el territorio era el castellano. La unidad e la patria se afirmaba como principio fundamental, y el ejército, en una regulación insólita en las constituciones modernas, se convertía en el garante de tal unidad.

Dentro de ese sistema autonómico en que se dividió el Estado, los vascos quedamos repartidos en dos entes diferentes; la “Comunidad Autónoma del País Vasco” y la “Comunidad Foral de Navarra”. Las dos comunidades, con competencias diferentes en muchos casos, se han convertido en la práctica en una nueva forma de separación y división de los vascos. Por citar un ejemplo expresivo, el euskera, la lengua vasca, es cooficial con la castellana en la comunidad autónoma, pero solamente lo es en algunas zonas de la comunidad foral. En la práctica sigue siendo una lengua no potenciada y en regresión, y los problemas para poder utilizarla ante la propia administración son muy grandes.

Además, ambas comunidades tienen órganos igualmente diferentes, y ello nos conduce a la cuestión de fondo. En la medida que la soberanía política es exclusivamente española, y las autonomías se han diseñado únicamente como formas de desarrollo o articulación del propio Estado, los órganos políticos que hay afectan a los vascos dentro de España no tiene una finalidad común, y obedecerán a parámetros absolutamente ajenos al pueblo vasco como tal. O dicho al contrario, en la medida que ambas “autonomías” no responden a un proyecto común como pueblo, no han nacido de la necesidad de articular y desarrollar,  en positivo, las características de tal pueblo. En tanto no respondan a la voluntad de organización interna y comunicación con los demás pueblos que les rodean, las instituciones creadas, las leyes dictadas no hacen más que profundizar la división y dificultar el desarrollo de los vascos como tales.

De hecho, hoy en día no existe la posibilidad de una planificación de la economía si no es subordinada a los intereses de Madrid y ahora de Bruselas, y no hay planificación conjunta de la educación, o del aprovechamiento de los recursos. Tampoco existen instituciones comunes diferenciadas, ni un proyecto de vertebración común del territorio, o la posibilidad de acceso con voz propia a organismo internacionales. La propia división institucional trata –y poco a poco podría lograrlo– de generar diferencias y desarrollar barreras que a la larga van a convertirse en un problema añadido.

Pero, además, con este sistema, no se ha dado a su vez una solución al enfrentamiento entre quienes defienden el derecho de los vascos –de Euskal Herria– a desarrollarse como pueblo, y el de quienes limitan la visión de los vascos, a la de súbditos españoles con algunas peculiaridades propias. Y ese problema, ese enfrentamiento, desde hace muchos años… hace cerca de tres décadas, es una confrontación en la que ambas partes usan la violencia para defender sus postulados.

Todavía más, la propia autonomía, sus instituciones y órganos de funcionamiento y actuación, se han convertido en puntos de polarización y enfrentamiento añadido. El mejor ejemplo esta en la existencia de una policía propia dentro de la “Comunidad Autónoma del País Vasco, que no existe en la “Comunidad Foral de Navarra”. En la medida en que esa policía asume las funciones y prácticas policiales de las demás policías españolas, con las que convive, comparte y reparte el trabajo, se ha convertido en foco de enfrentamiento entre quienes la consideran expresión de autonomía de los vascos y quienes la consideran otra forma más de represión, pretendidamente encubierta.

En el fondo esta la diferenciación entre una autonomía “concedida” por el Estado y una autonomía “originaria”, como expresión esta última del ejercicio de un derecho propio del pueblo vasco.

Esto nos conducirá luego a plantearnos si la “autonomía” como sistema, es un buen método de organización para las “comunidades humanas”, para los grupos minoritarios o los pueblos en defensa de su identidad, o, por el contrario, oculta una forma de limitación”.