Archivado en la PGJE, el caso del asesinato de Hernández Cardona y los activistas de UP

*Relegado, el testimonio de Nicolás Mendoza Villa, quien acusa al alcalde Abarca de haber disparado contra el dirigente. Hoy se cumple un año del secuestro del dirigente social en Iguala

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, tuvo la oportunidad de saber quién sería su victimario la noche del 31 de mayo del 2013.
Por la noche de ese día, el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, se le presentó; llevaba una cerveza barrilito en la mano acompañado de su secretario de Seguridad Pública y un desconocido.
Sin más, le reclamó: “Qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte”.
Después, personalmente, el alcalde le dio un escopetazo en la cara y otro en el pecho, y Hernández Cardona cayó en una fosa que previamente habían abierto.
Así lo indica el testimonio de Nicolás Mendoza Villa, certificado ante la notaría número 47 del Distrito Federal.
En ese documento, Mendoza Villa reveló que era avanzada la noche del 31 de mayo cuando se encontraban en algún lugar, en el campo, vigilados por 10 hombres que portaban armas largas, cuando llegó el alcalde a matar a Hernández Cardona.
Un día antes, el 30 de mayo, el dirigente de UP y Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Bandera Román, Jimmy Castrejón y el propio Mendoza Villa, habían sido interceptados y levantados por un grupo armado a las 4 y media de la tarde cuando circulaban por la carretera de la caseta de cobro de Iguala a Tuxpan.
Minutos antes habían encabezado una protesta con integrantes de la UP en demanda de la entrega de fertilizante para los campesinos de esa organización y la realización de obras. La exigencia fue dirigida al alcalde Abarca Velázquez.
Lo que vino después lo relató Mendoza Villa en su testimonio, que dio a conocer a través del organismo Red Solidaria Década Contra la Impunidad en una conferencia de prensa el 25 de noviembre pasado, en el Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro Juárez (Centroprodh) de la ciudad de México.
“Fuimos interceptados (el 30 de mayo) por dos camionetas, una Cherokee color gris y una Explorer roja; de la Cherokee salieron seis personas armadas con pistolas, en la Explorer iban dos hombres y una mujer, pero ellos sólo se quedaron dentro de la camioneta parados a media carretera”, dice el relato de Mendoza Villa, del que dio fe el notario Alfredo Miguel Morán Moguel, del Distrito Federal, el 25 de julio del año pasado. La narración continúa: “los hombres armados nos bajaron de la camioneta (de Hernández Cardona en la que viajaban los 8 upegistas), y al bajarnos le dispararon al ingeniero Hernández Cardona en la pierna derecha, volviéndonos a subir a la camioneta del ingeniero, a él lo subieron a la camioneta Cherokee, pero luego lo volvieron a pasar a su camioneta”.
Sigue: “agachados, nos trasladaron a un lugar desconocido, sólo sé que era campo porque no íbamos vendados”.
Mendoza, sobreviviente de los hechos, agrega en su testimonio que al día siguiente, el 31 de mayo, “nos cuidaron diez hombres que portaban armas largas, y por la mañana nos siguieron pegando. Alrededor de las seis de la tarde dos hombres cavaron una fosa. Ya muy noche llegaron tres personas de los cuales conozco y conocí a dos, y si me los ponen enfrente puedo señalar, y son: el presidente municipal (de Iguala) de nombre José Luís Abarca Velázquez, el secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco, todas ellas con una cerveza barrilito en la mano”.
El sobreviviente asegura que el alcalde ordenó a quienes los vigilaban que los siguieran torturando, y “al término de nuestra tortura, se dirigió el presidente José Luis Abarca al ingeniero Arturo Hernández Cardona diciéndole: qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte. Al ingeniero lo siguieron torturando, y aproximadamente diez minutos después, el director de Seguridad Pública levanta del suelo al ingeniero Arturo Hernández Cardona y se lo llevan a la fosa que estaba como a 10 metros de donde nos tenían y es el presidente José Luis Abarca Velázquez quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa”.
El testimonio de Nicolás Mendoza sigue: “comenzó a llover y no lo taparon (el cuerpo de Arturo Hernández), quedó descubierto”.
Agrega que fue entonces que otro de los upegistas, Félix Rafael Bandera Román, trató de escapar “pero fue ejecutado en el acto, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso el cuerpo”.
Narra que a partir de entonces “se dedicaron a amenazarnos, decían entre ellos que sólo tenían que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a excavar fosas, y alrededor de las 10 de la noche reciben una llamada, después dicen que se debían de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”.
Mendoza Villa agrega en su testimonio que los hombres armados desenterraron los cuerpos del ingeniero Hernández Cardona y de Félix Rafael Bandera Román, “y metieron los cuerpos en una camioneta Cherokee, nos trasladaron a la camioneta donde estaban los cuerpos y nos metieron encima de ellos. Nos llevaron cerca de Mezcala  y nos tiraron a todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez, disparándonos dos personas con armas largas a todos, corrimos al monte”, concluye el testimonio de Mendoza Villa.

Valor legal del testimonio de Nicolás Mendoza

Después, representantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), manifestaron en un pronunciamiento que el testimonio dado a conocer el 29 de noviembre es válido “debido a que se realizó ante un fedatario público como lo es el Notario Público número 47 del Distrito Federal, ya que un Notario, de acuerdo a la Ley, da fe de actos y hechos con valor jurídico y actúa de forma imparcial ante las partes, lo que quiere decir que el acto jurídico?que se hace ante un Notario Público tiene valor probatorio pleno, tal y como lo establece el Artículo 15 de la Ley número 971 del Notariado del Estado de Guerrero”.
Y, en ese sentido, los organismos no gubernamentales consideraron que con este testimonio existen elementos jurídicos que comprueban el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del alcalde de Iguala,  José Luis Abarca Velázquez, y que procede  el desafuero del presidente municipal, “a pesar de ser un testigo singular, es suficiente para que el Congreso del Estado tenga elementos para desaforarlo”.
Asimismo, expresaron que se debe considerar que el caso tiene elementos para que la PGR atraiga las investigaciones, ya que en el hecho participaron más de 10 personas de acuerdo a la declaración del testigo presencial, por lo que se consideraría que también se cometió el delito de delincuencia organizada que es competencia del fuero federal, “además de que está involucrado un funcionario público de alto nivel y los occisos eran defensores de derechos humanos con una vida pública”.
También argumentaron que el 29 de mayo, un día antes de los hechos, Arturo Hernández Cardona y el grupo de dirigentes de la Unidad Popular, entre ellos Héctor Arroyo Delgado, Rafael Ochoa Ochoa, Gregorio Dante Cervantes Maldonado y Justino Ozores Narciso, fueron recibidos por el fiscal regional, Alberto Ortiz Miranda, Ministerio Público del Fuero Común, para presentar formal denuncia de hechos en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, quienes pudieran resultar responsables.
Pero además, los representantes de las agrupaciones insistieron que también existen elementos para que se decrete un arraigo, tal y como se ha hecho en otros casos.
“Es claro que los gobiernos estatal y federal se encuentran ante una gran responsabilidad: deslindar responsabilidades en un caso que comprende delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, desaparición forzada de personas, tortura y? ejecuciones extrajudiciales”, mencionan en su pronunciamiento.
Sin embargo, se ha cumplido un año y los autores intelectuales y materiales no han sido detenidos.

Interviene Human Rights Watch

Por otra parte el prestigioso organismo internacional Human Rights Watch en una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto, con motivo del primer año de su gobierno, criticó el 26 de noviembre del año pasado la falta de resultados de las investigaciones para esclarecer la privación de la libertad de los ocho activistas de Unidad Popular (UP) de Iguala, y la posterior ejecución de tres de ellos.
El director José? Miguel Vivanco en su misiva cita que “un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde (José Luis Abarca Velázquez) y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados”.
Y luego concluye que a pesar de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, “ningún funcionario ha sido consignado en estos casos”.
Mientras que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó el 27 de noviembre en una carta enviada al gobernador Ángel Aguirre Rivero y firmada por su presidente, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, que “como un acto de voluntad política” gestione de manera inmediata y pública ante el Congreso del estado la revocación del mandato de manera inmediata del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Asimismo, responsabiliza al gobernador por la vida del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa y su familia, así como de la vida y seguridad de las y los defensores de derechos humanos que integran la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, por las denuncias que han venido haciendo sobre el asesinato de Arturo Hernández Cardona.
En respuesta a este testimonio, el procurador Iñaky Blanco Cabrera declaró en conferencia de prensa el 2 de diciembre en Acapulco que “es imperante” que los testigos presenten su declaración ante una autoridad competente.
Dijo que el testimonio de Nicolás Mendoza ante un notario público “tiene limitado valor probatorio” pero que su declaración sería incluida en el expediente.
“Estamos en la mejor disposición de tomar las declaraciones correspondientes en el lugar y en la hora que así se nos señale, brindando estrictas medidas de seguridad, no tiene que ser en Guerrero, ni en el país”, declaró el funcionario. Pero el caso sigue archivado. Como otros.