Jesús Vargas Vargas

Pacto de civilidad

 La política es civilizada o no es política, esta es la premisa fundamental que todos los actores políticos debemos tener presentes para saber si es necesario o no pactar la civilidad para el actual proceso electoral en Guerrero.

Si reconocemos que nuestra práctica política conlleva todavía comportamientos antipolíticos como son la intolerancia, la falta de respeto a la pluralidad, la incapacidad al diálogo, a someterse a las leyes y reglas establecidas para el juego electoral, para reconocer la derrota y la victoria del adversario, entonces sí requerimos urgentemente un pacto de civilidad.

Si asumimos que estamos en pleno proceso de transición democrática en el país y en el estado, que ya ha dado muestras de estarse dando con la alternancia en el Poder federal y en 17 estados del país, con órganos electorales cuidadanizados como el Instituto Federal Electoral y el Consejo Estatal Electoral, con tribunales electorales, con una práctica de la democracia interna más intensa en los partidos, con una sociedad civil cada vez más interesada, entonces debemos de asumir que la civilidad y la legalidad electoral no deben ser resultado de pactos sino de un comportamiento legal y político de todos los actores a los nuevos tiempos.

En todo caso, un pacto de civilidad política para un proceso electoral, lo deben firmar, y será sano que se hiciera, los partidos políticos como pares, quienes son los que se están disputa el poder político en iguales circunstancias ante la ley y ante la ciudadanía. Los poderes no pueden pactar la civilidad y la seguridad jurídica porque no son adversarios de los partidos políticos, y porque, por ley, tienen la obligación de ofrecerla.

Por eso bien hace el gobernador René Juárez al sostener que no necesita firmar ningún pacto porque con ello se asume en el marco de la nueva cultura política y porque tiene muy clara su obligación como gobernante, de hacer que prevalezca la ley como la mejor garantía de que haya seguridad jurídica y civilidad política en la contienda electoral.

Los poderes públicos no pueden reconocer la necesidad de pactos para la civilidad porque de suyo tienen, por ley, la obligación de que prevalezca, tienen de por sí ya un pacto con la ley, al momento de tomar protesta como titulares de los poderes, para impedir que sea desobedecida y con ello se deriven comportamientos que trastoquen la paz social.

La divisa de la política es la civilidad, es un rasgo inherente a ella misma, sin ella simplemente no es política y los procesos electorales tienen leyes y organismos facultados para garantizar que se realicen en armonía.

A estas alturas de la democratización de la sociedad impulsar un pacto de civilidad a lo mejor no es malo, pero sí tiene una lógica en el sentido de aceptar que seguimos siendo irremediablemente incivilizados por el que tenemos que sustituir coyunturalmente con un pacto no sólo una práctica que ya se debe ir naturalizando en nuestra cultura política, sino una obligación, de propiciar un clima de armonía social, que de suyo tiene establecida en la ley.

Celebro con quienes asuman, sean poderes públicos órganos electorales o partidos políticos, que la civilidad y la seguridad jurídica del proceso electoral ya no son cosa de pactos, deben ser parte de la nueva cultura política.