Marcial Rodríguez Saldaña

Decididos a seguir avanzando

 La alternancia en el poder político en México ha empezado a distinguir las formas diferentes de ejercicio del poder entre los partidos políticos y los gobiernos.

En el campo de la fuente de representación, la legitimidad para asumir los cargos, el PRI institucionalizó las elecciones de Estado, utilizó las estructuras de gobierno y las sigue empleando para ganar a como dé lugar y en donde logra hacerlo, instala gobiernos carentes de respaldo popular. El PRD en alianza con la sociedad a base de un esfuerzo titánico ha ganado voto a voto, muchas veces a costa de la vida de sus militantes, obtiene triunfos electorales y logra gobiernos con un real y efectivo apoyo de los ciudadanos.

En el cumplimiento de la responsabilidad de gobierno, el PRI fomentó y legalizó la corrupción y la impunidad. En los presupuestos asignados a los presidentes de la República, gobernadores y presidentes municipales, estableció partidas secretas para que sus titulares manejen a su antojo dinero público sin ningún control ni rendición de cuentas; casi todas las decisiones de gobierno las toman con base en los negocios que generen, en especial las pocas obras que realizan.

A pesar de las denuncias para castigar el enriquecimiento ilegal, el PRI siempre ha protegido a los funcionarios corruptos tolerando el saqueo de las arcas públicas. Sólo en los lugares en donde han ganado el gobierno los partidos opositores al PRI, se han empezado a corregir estos vicios aplicando la ley a quienes se han enriquecido con los dineros del pueblo. Los casos recientes más relevantes son los de Carlos y Raúl Salinas de Gortari; Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, Oscar Espinosa Villareal, ex regente del Distrito Federal; Carlos Montemayor, ex director de Pemex; algunos prófugos de la justicia y otros en la cárcel.

En los gobiernos perredistas como el de López Obrador en el Distrito Federal, en Baja California Sur con Leonel Cota Montaño, en Zacatecas con Ricardo Monreal, en Michoacán con Lázaro Cárdenas Batel, en Acapulco con Zeferino Torreblanca, el principio de administración de las finanzas públicas es el de la honestidad y transparencia, para que no haya beneficios personales y aplicar los recursos a obra pública y social que favorezca al conjunto de la población.

En Acapulco, se enfrentan fundamentalmente dos opciones: la que representa el PRI, quien pretende infructuosamente volver al pasado de la corrupción y la impunidad, y la que ofrece el PRD con su candidato, Alberto López Rosas, que representa la continuación y mejoría del trabajo administrativo, seguridad a los inversionistas cuya queja principal ha sido la corrupción de los gobiernos priístas, del saneamiento de las finanzas públicas y superación de la inversión en obra pública. Los electores que votarán el 6 de octubre seguramente sabrán tomar la mejor decisión, decididos a seguir avanzando.