Desalojan campamento de damnificados de La Lucerna, Malinaltepec; la Sedatu está en contra de ellos, denuncian

Carmen González Benicio

Tlapa

Indígenas me’phaa de la comunidad de La Lucerna, del municipio de Malinaltepec denunciaron que dos particulares los desalojaron el viernes 30 de mayo del lugar donde colocaron su campamento por las afectaciones que dejaron el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en sus casas.
En información enviada por correo a la reportera, los indígenas denunciaron que fueron desalojados por una “familia de terratenientes” compuesta por Amador Mateo Pérez y su hermana, la maestra Felícita Mateo Pérez, originarios de la comunidad de Moyotepec, pero que desde hace años radican en la ciudad de Tlapa.
En el texto cuentan que los hermanos Mateo Pérez demandaron ante la Sedatu a los pobladores para que éstos abandonaran el lugar y les dieron plazos, por lo que el pasado 30 de mayo la comunidad se quitó para reconstruir su campamento en otro lugar.
Los denunciantes lamentaron que pese a ser una comunidad damnificada no les respetaran sus derechos colectivos ante la contingencia que viven, porque no pueden regresar a su comunidad de origen ante las afectaciones, como hundimientos y cuarteaduras.
Lamentaron que sus derechos colectivos se hayan puesto por debajo de los individuales y peor aún, de particulares que no viven en el lugar, y que la Sedatu se haya puesto de lado de los hermanos Mateo Pérez que demandaron terrenos comunales del núcleo agrario de Ocoapa
Contaron que el conflicto con los hermanos Mateo Pérez llevaba tres meses sin lograr acuerdos y finalmente el pasado 23 de mayo en una reunión en Tlapa donde estuvieron con la Sedatu los denunciantes les dieron el día 30 de mayo como plazo definitivo para desalojar el terreno, pero ya semanas antes los dueños habían cercado con alambre de púas alrededor del campamento.
En el texto, los desplazados y ahora desalojados hicieron un llamado al gobierno  de todos los niveles para que atiendan el problema, ya que la Sedatu en lugar de ayudar en el conflicto no supo ser intermediaria y se sumó a la exigencia de los dueños para que abandonaran el lugar.
Por lo que exigieron  el cumplimiento de los derechos colectivos y el acceso a las tierras comunales donde no pueden estar por encima los derechos individuales.
Insistieron en la intervención del gobierno y de la Comisión Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).