Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

*Hernández Cardona: así es la justicia en Guerrero

Por razones y motivos inexplicables, el primer aniversario del asesinato de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros de la organización Unidad Popular de Iguala transcurrió el viernes y el sábado bajo la total indiferencia de la Procuraduría General de Justicia y del gobierno de Guerrero. No dijeron una sola palabra.
El silencio oficial es comprensible si se toma en cuenta que en los hechos no hay ninguna investigación y por lo tanto nada que las autoridades del estado puedan informar sobre este atroz caso. No hay investigación porque al gobernador Ángel Aguirre Rivero no le importa resolver el triple crimen, o porque le importa impedir que el remezón político que pudiera derivarse de la indagación afecte a su gobierno y lastime a sus afectos.
Es cierto que el homicidio de Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román contiene el potencial de un escándalo de grandes dimensiones y consecuencias políticas serias para el gobierno de Aguirre Rivero y también para el PRD, pero es precisamente por eso que el caso debió ser atendido desde el principio con la pulcritud a la que se hallan obligados la Procuraduría y el gobierno y al margen de las consecuencias políticas que pudiera generar.
Sin embargo, lejos de mantener las aguas quietas, el inmovilismo oficial despierta la sospecha de que la Procuraduría y el gobierno protegen a los asesinos de Hernández Cardona, a la cabeza de los cuales se encontraría el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, acusado por uno de los sobrevivientes de la matanza –Nicolás Mendoza Villa– de haber disparado personalmente contra el líder social.
La Procuraduría ha descalificado y desatendido ese señalamiento con el pretexto de los formalismos, pues la acusación no fue hecha ante el Ministerio Público sino ante un notario y luego dada a conocer públicamente en una conferencia de prensa, pero durante seis meses, desde su difusión el 25 de noviembre de 2013, el procurador Iñaky Blanco Cabrera no ha movido un dedo para facilitar que el testimonio de Mendoza Villa adquiera valor legal y desate los procedimientos contra el alcalde Abarca Velázquez.
El solo hecho de que el procurador no actúe en consecuencia a pesar de conocer la información que incrimina a Abarca Velázquez, equivale a entorpecimiento de la ley. Pero eso no parece preocuparle, quizás porque sólo cumple órdenes superiores, del gobernador. En otro caso, en el asesinato del diputado Moisés Villanueva de la Luz, por órdenes superiores que no pudieron provenir sino de Aguirre, la Procuraduría procedió de tal manera que durante más de un año protegió al acusado –el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos– y al final le permitió ponerse a salvo de la justicia.
Aparentemente, la protección del gobierno a Willy Reyes tiene su origen en el apoyo que a pesar de pertenecer al PRI, el entonces alcalde de Tlapa dio a Aguirre en la campaña por la gubernatura. Se desconoce el tipo y la magnitud de ese apoyo, pero debió haber sido importante para que Willy Reyes lo haya empleado como moneda de intercambio por su libertad.
La protección que el gobierno de Aguirre Rivero extiende ahora mismo a Abarca Velázquez tiene también su explicación en motivaciones políticas, pues el presidente municipal de Iguala pertenece a la corriente Nueva Izquierda, la de Los Chuchos, jefes del grupo hegemónico del PRD y con quienes el gobernador mantiene una alianza que no ha alterado ni la disputa por la dirigencia nacional de ese partido.
Casualmente, Hernández Cardona pertenecía a la corriente Izquierda Democrática Nacional, la de René Bejarano y Dolores Padierna, enfrentada hace años a Los Chuchos. Estos ingredientes, y desde luego la muy probable gestión de Jesús Zambrano y Jesús Ortega ante Aguirre Rivero, bastan para entender por qué el gobierno del estado no tiene interés en resolver las ejecuciones de Iguala ni actuar contra el alcalde. Con mayor razón ahora que Los Chuchos se disponen a refrendar su poder al frente del PRD. Aunque estén tan desprestigiados, es de suponer que les preocupa que el presidente municipal de la tercera ciudad más importante del estado pueda ir a la cárcel por homicidio y salpicarlos.
Todo lo anterior hace que al cabo de un año de los tres crímenes, lo único cierto sea la impunidad auspiciada desde el gobierno. El alcalde de Iguala no sólo disfruta de la protección gubernamental, sino que ésta se le brinda aun cuando circulan versiones cada vez más generalizadas de que sostiene vínculos con la delincuencia organizada.
Y en tanto la Procuraduría sobrelleva el caso con su ofensivo mutismo, Nicolás Mendoza y los otros cuatro sobrevivientes de la matazón se encuentran escondidos para preservar su vida. Es obvio que están amenazados de muerte si osan revelar todo lo que saben sobre lo sucedido aquellas noches del 30 y 31 de mayo.
El procurador Iñaky Blanco dijo hace algún tiempo que el Ministerio Público está dispuesto a acudir hasta donde se encuentre Mendoza Villa para recibir su declaración ministerial, pero no ha hecho ningún esfuerzo material para que esa disposición se concrete, lo que será posible si al mismo tiempo ofrece garantías suficientes al declarante y su familia.
Así es la justicia en Guerrero.
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