Ilegal, la imposición de donativos para la beneficencia: Abogados

 Alfredo Mondragón * El Colegio de Abogados del Estado de Guerrero manifestó su inconformidad por la ilegal  imposición de la Beneficencia Pública, del Gobierno del Estado, debido a que ahora por cada notificación de juicios intestamentarios se tiene que pagar “un donativo voluntario” de 50 pesos “coincidentemente en el proceso electoral”.El presidente de la asociación, Gerardo Martínez Bellok, dijo que el gobierno del estado desde hace dos semanas impuso dicha medida en los juzgados familiares de toda la entidad bajo el argumento de que será destinado a la Beneficencia Pública.Martínez Bello indicó que a pesar de que es una pequeña cantidad “estamos inconformes por la forma arbitraria y condicionante para cumplir con una disposición que el Código  Procesal Civil del Estado de Guerrero les obliga a que su intervención debe ser rápida y gratuita”.El abogado consideró que la Beneficencia Pública, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, es una institución “que está por demás” debido a que “no cumple con su función de coadyuvar a combatir la pobreza  porque es un elefante blanco y curiosamente coincide con el proceso electoral”.Sin embargo, cuestionó, las actividades de dicha institución “no son del conocimiento público, no rinden cuentas a la sociedad del destino de los recursos que obtienen, incluso, no se sabe el destino de los bienes materiales que obtienen de los juicios intestamentarios donde no existen herederos”.Comentó que los secretarios de Acuerdos de los Juzgados de lo Familiar ubicados en el Palacio de Justicia, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, “han manifestado que tienen instrucciones de informarle a los interesados en los litigios que antes de realizar una diligencia tiene que cubrir el donativo voluntario y los abogados nos vemos obligados a pagar por la necesidad de sacar adelante los asuntos”.El Gobierno del Estado tiene otros ingresos por la misma tramitación de sucesiones intestamentarias hasta de 400 pesos por cada informe que rinde el Registro Público de la Propiedad a los jueces y 600 pesos del Archivo Notarial del Estado, entonces, Martínez Bello dijo que “de ahí tomen recursos para sostener esa institución”.Por último, hizo un llamando a las autoridades correspondientes a dar un informe público y pormenorizado del uso y destino de los recursos económicos de la Beneficencia Pública debido a que en el estado existen aproximadamente 20 Juzgados, en que tramitan unos mil casos anuales.