Crean 22 ejidos el Frente de Defensa Campesina contra expropiaciones ilegales

Nelly Bello * Veintidós ejidos del municipio constituyeron el sábado el Frente de Defensa Campesina y Desarrollo Rural de Acapulco con el objetivo de luchar contra las expropiaciones ilegales y promover la elevación de la calidad de vida de las comunidades.Antes de la ceremonia formal, el diputado federal del PT Félix Castellanos Hernández recordó la razón por la que los ejidatarios tuvieron que organizarse en una figura legal que defienda sus derechos. Dijo que el gobierno federal impone los intereses de los consorcios empresariales en la expropiación de predios en la zona Diamante.Señaló que el Frente será un “parteaguas” en la lucha de los campesinos en el estado, pues demostrará que los ejidatarios no están solos.Además de la defensa, el Frente evaluará propuestas de inversionistas, que favorezcan a los ejidatarios, pues “estamos por un desarrollo obligado y necesario en el Acapulco rural, pero que sea de manera justa y no sólo beneficie a ciertos grupos”.Luego tocó el turno a Sevilla García para explicar el procedimiento de conformación. Aprovechó para insistir en la desorientación que pretenden algunos grupos por medio de programas de televisión nacional.Insistió en que la utilidad pública por la que son expropiados los predios se pierde cuando la utilidad se concentra en pocas manos, por lo que El Podrido obtuvo fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).a

La presencia del delegado de la Procuraduría Agraria

Aunque soportó las críticas de ejidatarios contra la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria, el delegado en Guerrero de la primera de esas dependencias, Efrén Balanzar Gasga, respaldó a los ejidatarios de El Podrido por pedir la reversión del decreto presidencial que expropió sus predios.Balanzar Gasga asistió como invitado especial a la asamblea donde los ejidatarios constituyeron el Frente de Defensa Campesina y Desarrollo Rural de Acapulco, presidida por el comisario ejidal de El Podrido, Isaías Alfredo Peláez Flores, y convocada por el petista diputado federal Félix Castellanos Hernández y el perredista apoderado legal del ejido Humberto Sevilla García.Castellanos Hernández presentó al delegado federal como amigo de los campesinos por su pasado de lucha a favor de los ejidos. Balanzar Gasga tuvo una postura autocrítica sobre la Procuraduría, e invitó a los ejidatarios de Acapulco a participar, por medio del Frente, en el Comité Permanente de Control y Seguridad (Copecose), que es un órgano de participación social, pues “es decisión de esta administración crear estos espacios, aunque algunos (funcionarios) le temen a que la sociedad participe por el temor a que los rebase”.Dijo que los ejidatarios tienen el derecho de pedir la revisión del expediente en las expropiaciones, y cuando éstas no cubren el requisito de utilidad pública es viable la petición de reversión del decreto presidencial.Mencionó que en el caso de El Podrido “luego de veintitantos juicios y con una resolución de la Suprema Corte a favor, está claro” que los ejidatarios actúan de manera justa.Aclaró que las inconformidades deben expresarse sin generar conflicto, que en realidad surge cuando las autoridades no garantizan justicia y legalidad. “Es cuando el pueblo hace justicia por propia mano”, dijo.El diputado federal petista anunció que el 15 y el 16 de septiembre se llevará a cabo en Acapulco un encuentro nacional de ejidatarios, en el que se espera la presencia de campesinos de San Salvador Atenco y Puebla.

Los dirigentes

Luego de los discursos, los presidentes de comisariados pasaron junto con Castellanos y Sevilla a la parte posterior del presidium, donde estuvieron algunos minutos, y después regresaron para dar a conocer la lista de la mesa directiva.Irónico, el diputado federal dijo que la rapidez en la decisión se debió a que “no estamos definiendo regidurías o (diputaciones) pluris”.En representación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Emilio García Jiménez, ex diputado federal, tomó protesta a la nueva asociación ejidal. En su discurso recordó la lucha que tienen campesinos de Morelos en la defensa “del patrimonio histórico” que es el ex hotel Casino de la Selva, por el que fueron detenidas 31 personas.También mencionó su intervención en 1999, ante la autoridad municipal entonces priísta de Acapulco, para lograr el cierre del tiradero al cielo abierto, luego de denuncias por la contaminación y afectación en la salud de habitantes de Coyuca.Dijo que los ejidatarios por medio de la organización demostraban que la democracia “está en los pueblos y no en los decretos presidenciales”.Los electos para conformar la primera mesa directiva son Peláez Flores, de El Podrido, como presidente; Jaime Colón García, de Plan de los Amates, como secretario; Donaciano Ramírez, de La Sabana, y René Muñoz, de La Estación, como vocales, y Castellanos Hernández, como asesor, junto a Sevilla García, como apoderado legal.En el Comité de Vigilancia quedaron Guillermo Rodríguez, de la Bonfil; Alberto Avila, de El Cayaco, y el perredista Leopoldo Calderón, de la Corriente Crítica de Acapulco, que no es ejidatario.Los ejidatarios estuvieron acompañados por sus familias y el resto de las personas que son beneficiadas “de manera gratuita” con un predio en la recién fundada colonia 13 de diciembre.

Otras denuncias

Al finalizar la presentación del Frente de Defensa, el coordinador de Enlace del Frente Campesino Emiliano Zapata, de Zumpango del Río, Francisco Rodríguez Cisneros, acusó al ex secretario de Desarrollo Social del estado, Carlos Sánchez Barrios, por la expropiación irregular de 102 hectáreas.Aseguró que “el ex empleado consentido” del gobernador René Juárez Cisneros participó por medio de su primo Bertín Sánchez Reina en la adquisición de los predios propiedad de los Bienes Comunales de Zumpango, que pretende regularizar por medio de la Corett para convertirlos en pequeña propiedad y venderlos lotificados.Dijo que los ejidatarios tienen información de que Sánchez Barrios venderá los predios, que expropió Corett en 997 mil pesos y de los que pretende recuperar 13 millones de pesos.Se quejó además de que los empleados y funcionarios de la Procuraduría Agraria actúen de manera arbitraria favoreciendo a quienes ofrecen dinero por la resolución de conflictos agrarios, y mencionó el caso del subdelegado Evencio Sotelo, quien violentó acuerdos de la asamblea ejidal para favorecer sus intereses.Por su parte, el ejidatario de Alfredo B. Bonfil Guillermo Rodríguez González acusó a la comisaria ejidal Esperanza Valdez Teja de apoyar el interés del gobierno federal por desaparecer dicho ejido, con la expropiación de 32 hectáreas.Aseguró que el juez se ha negado a darles el amparo para protegerse del dictamen del gobierno que podría llevar a la desaparición del ejido.