Netzahualcóyotl Bustamante Santín

Reforma migratoria, el doble discurso de Obama

El 27 de junio de 2013 por 68 votos a favor y 32 en contra, el pleno del Senado de Estados Unidos de mayoría Demócrata, aprobó la Ley S744 que considera la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados que llegaron a ese país antes del 31 de diciembre de 2011.
Desde entonces, la retórica del morador de la Casa Blanca sobre el tema migratorio, la indolencia de los Republicanos en la Cámara baja y las acusaciones mutuas entre ambas partes, está agotando el tiempo para aprobar la reforma legal migratoria y sobre todo, está agotando la paciencia de los millones de indocumentados, mayoritariamente de origen mexicano que advierten desidia y hasta burla del Congreso, pero también escaso ánimo del presidente Barack Obama por impulsar realmente los cambios, al mismo tiempo que continúa con su política de deportaciones, pese al rechazo de amplios sectores de la sociedad norteamericana a esa medida.
Habíamos advertido en este espacio de la seria posibilidad de que la reforma migratoria naufrague. Y aunque en el discurso todos la respaldan, nadie quiere dar el siguiente paso (El Sur 8/10/13; 19/2/14).
El 1 de agosto comienza el receso legislativo de verano del Congreso estadunidense que dura un mes. Y el 4 de noviembre habrá elecciones para renovar la mitad del Senado y toda la Cámara de Representantes en donde los dos partidos tomarán el pulso a los electores sobre este tema. Los plazos son inexorables. No se ve cómo en dos meses (junio, julio) pueda aprobarse una ley migratoria que no ha querido siquiera ser discutida en casi un año en la Cámara baja.
El Partido Demócrata apuesta a seguir contando con el apoyo del voto latino; los del Partido Republicano confían que su resistencia a otorgar ciudadanía a quienes “violaron la ley”, podría granjearles respaldo de un importante número de ciudadanos.
El doble discurso de Obama sobre la reforma y el desdén de los Republicanos por  los inmigrantes, ha quedado patente en estos meses.
En la última semana de enero, Obama urgió al Congreso a debatir la reforma migratoria y enseguida el presidente de la Cámara de Representantes John Boehner (PR), presentó a nombre de sus compañeros los lineamientos de cómo piensan otorgar estatus legal a los millones de indocumentados; el “ideario” de los conservadores descarta otorgarles ciudadanía. Luego, Boehner sostuvo que la Cámara baja no discutiría un plan de reforma migratoria en 2014.
En el diálogo de sordos entre Obama y John Boehner, éste ha dicho que “el presidente tiene la responsabilidad de mostrarnos que podemos confiar en que él hará cumplir la reforma migratoria de la manera en que se apruebe”. Obama ha sostenido que si la reforma no considera la ciudadanía (descartada por los Republicanos) vetaría la legislación. Y Boehner responde que “no hay nadie más interesado” que él en el tema migratorio. Y así, en ese tono,  sigue la discusión.
Hartos de sus vacilaciones y titubeos, el reproche de líderes latinos a Obama no se hizo esperar y fue muy severo. El 4 de marzo, Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza calificó al mandatario como “el presidente de las deportaciones o el deportador en jefe” en virtud de la asombrosa cifra de migrantes que han tenido que ser repatriados por autoridades norteamericanas. A la carga se sumó el influyente congresista demócrata de Illinois, el puertorriqueño Luis Gutiérrez quien en una alocución frente a sus compañeros legisladores le otorgó una “estrella de oro” por los casi 2 millones de deportados durante su gobierno cuando aún le faltan dos años para que concluya su segundo mandato.
Las duras y recias condenas encontraron pronto respuesta en el presidente que realizó una serie de acciones para dosificarlas: el 6 de marzo Obama respondió que es el “campeón en jefe de la reforma migratoria”; una semana después se reunió con tres legisladores hispanos (Gutiérrez entre ellos), para pedirles que desistieran de votar una resolución de condena a las deportaciones y, perseverante, citó en la Casa Blanca a 17 líderes proinmigrantes (incluyendo a Murguía) para decirles que es el más convencido de que avance la reforma migratoria y ofreció revisar su política de deportaciones y las prácticas policiacas contra los indocumentados.
Sin embargo, el pasado 28 de mayo, en un serio revés para los inmigrantes y sus familias, el presidente ordenó al secretario de Seguridad Nacional que continúe estudiando alternativas para aliviar el drama de las expulsiones de indocumentados, pero que los resultados los presente hasta fines de julio. A juicio de observadores, la decisión de retrasar la revisión de la política de deportaciones supone dar una última oportunidad al Congreso para aprobar la reforma del sistema de inmigración. Otra oportunidad que Obama sabe que no progresará y que a la vez les despierta una falsa esperanza a los indocumentados y la comunidad latina.
El debate se ha estancado y se ha reducido a la reiterada aspiración del presidente de que en el Capitolio, sede del Congreso, se ocuparán del tema. La última referencia la hizo el 22 de mayo al advertir que se acaba el plazo para que la Cámara apruebe una reforma y que la fecha clave es a principios de agosto.
Mientras tanto, la frustración e indignación crece entre activistas a favor de la migración por la abierta negativa de los Republicanos a promover los cambios legales necesarios para otorgar residencia y, eventualmente, ciudadanía a los indocumentados.
En este debate, éstos han sido cautelosos y evasivos; jugaron a una estrategia de “dejar hacer, dejar pasar”. Al seno de ese partido se impuso en definitiva la línea más dura y conservadora, que apuesta a salir airosa de las elecciones del próximo noviembre entre el electorado anglosajón, sabiendo de antemano que con los votantes hispanos no hay nada que hacer. Razonan que, si promueven o alientan la ciudadanía a indocumentados no necesariamente ganan las preferencias de los hispanos y en cambio, podrían perder a sus votantes medulares.
Mientras la Casa Blanca y el Congreso esquivan sus responsabilidades, millones de indocumentados, señaladamente mexicanos, continúan en el frenesí y la angustia de pensar que quizá alguno de ellos, sea el próximo deportado.