Exhorta magistrada a resolver por acuerdo conflictos en zona Diamante

* No llega aún el expediente del caso, informa * Los ejidatarios de El Podrido y Plan de los Amates ocupan predios “bajo su responsabilidad y riesgo”, advierte

Raquel Santiago Maganda * La magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, exhortó a las partes en conflicto en la zona Diamante del puerto a resolver sus diferendos mediante acuerdos adoptados ante esa instancia judicial.

En entrevista, la magistrada consideró que esa solución sería “lo más saludable”, pero que hasta el momento este exhorto no ha sido aceptado, dijo.

Informó que aún no ha llegado a esa instancia el expediente del conflicto entre El Podrido y la empresa Tres Vidas, y por lo tanto las 44 hectáreas y media aún no tienen dueño porque se encuentran en litigio.

López Díaz aseguró que el proceso legal de los ejidos de El Podrido y Plan de los Amates se puede alargar más debido a que en ambos casos se solicitó la revisión de las resoluciones judiciales.

Entrevistada en su oficina, la magistrada informó que se encuentra en espera de que llegue el expediente del caso de El Podrido, después de que el 6 de agosto el Tribunal Superior Agrario decidió regresar el expediente al Tribunal Unitario Agrario con sede en este puerto.

Dijo que al recibir el expediente tendrá 24 horas para emitir el acuerdo para notificar a ambas partes. La magistrada explicó que el sentido de la revocación es tratar de anular la sentencia que ordena a la empresa devolver las hectáreas ahora ocupadas por los ejidatarios.

Para ello se efectuará la prueba pericial, es decir que solicitarán a ambas partes en conflicto la designación de los peritos que medirán el predio en disputa, y en caso de no ponerse de acuerdo entonces el Tribunal podrá designar a un tercero en discordia.

Al final del proceso de revisión se emitirá una nueva sentencia, la cual puede ser a favor o en contra de los ejidatarios.

Respecto a Plan de los Amates, recordó que el 8 de julio también se dictó una sentencia a favor del ejido, y ambas partes presentaron recurso de revisión (los empresarios por el dictamen en su contra, y los ejidatarios por la solicitud de restitución de las otras 15 hectáreas, sumadas a las 35 que ordenó el Tribunal restituir a los campesinos).

En este caso, el Tribunal Superior Agrario resolverá el conflicto, lo que implica que podrá confirmar o revocar la sentencia, misma que ahora está a favor de los ejidatarios.

La magistrada informó que el recurso de amparo ante una sentencia alarga el proceso, pues las partes inconformes pueden acudir al juicio de garantías, que es un amparo final para que se revisen exhaustivamente los casos, e incluso puede anular una sentencia del Tribunal Superior Agrario.

López Díaz aseguró que el juicio se acaba cuando en la última instancia en el juicio de garantías se emite la sentencia final a favor de una sola parte.

La magistrada precisó que el Tribunal Unitario no puede emitir sentencias bajo presiones de índole política, social o económica, porque “tenemos que darlas apegados al derecho, en donde uno pierde y otro gana”.

Acerca de la ocupación de ambos predios en litigio por parte de los ejidatarios, López Díaz aseguró que la permanencia “es bajo su responsabilidad y riesgo, porque aún no hay sentencia definitiva y no se ha definido el derecho de propiedad, porque ambas partes creen tener ese derecho”.

Pero también consideró que los empresarios consideran la ocupación “como afrenta a sus intereses” y lo toman como medida de presión”, entonces pueden actuar por la vía penal, porque al no definirse aún la propiedad  “tienen el derecho de haceer valer en vía y forma lo que a sus intereses convenga, pero esto no significa que tengan automáticamente la razón”.