Se les desalojó porque estaban fuera de la ley: Guillermo Ramírez

 Xavier Rosado * El secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos declaró a El Sur  que el desalojo de los vendedores de libros usados de la Plazoleta de Sor Juana en el Zócalo del puerto, obedece a un simple apego a la ley que prohíbe el ambulantaje. Expresó que si se les había permitido su estancia en esta área fue porque hubo tolerancia por parte del ayuntamiento, al observar que de cierta forma, estaban llevando a cabo una labor que contribuía con la promoción de la lectura en el puerto. Sin embargo, su estancia en la plazoleta se volvió intolerable a causa de que los comerciantes establecidos de este rubro se quejaron de que los vendedores de la plazoleta tuvieran un negocio completamente irregular, sin pagar derechos de suelo ni hacer las correspondientes contribuciones tributarias.“No deseamos que este desalojo se vincule a ningún programa, acción u operativo del ayuntamiento, sino que la idea es que todos como ciudadanos nos tenemos que apegar al reglamento para que exista concordia entre nosotros. Además, ese lugar en la plazoleta es para la ciudadanía”, dijo el secretario.“La idea no es andar con el garrote persiguiendo a la gente sino crear espacios de armonía”, agregó.Dijo que la actividad que estos comerciantes desarrollan, independientemente de esta situación reglamentaria, “si es sustancial para la cultura en Acapulco, el hecho es que se les tiene que asignar un espacio digno en el que cumplan con todas las obligaciones de un negocio”.“Definitivamente está claro que hay una especulación de los comerciantes establecidos, porque reclaman que exista una equidad en el trato que se les da”, explicó el secretario.Recordó que recientemente recibió una visita de los comerciantes en la que le llevaron un proyecto para que se les incluyera en la obra de rehabilitación, que el ayuntamiento desarrolla en la plazoleta. Agregó que dicho El lema de esta undécima edición de la fiesta tecno suiza es peace, Guillermo Torres Madrid para que, en caso de que se apruebe, se les asigne un espacio digno, con todos los derechos y obligaciones reglamentarias.