Nace la Comisión de la Verdad; ofrece “llevar ante la justicia a los culpables” de la guerra sucia

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

A cuatro meses de que fue aprobada su creación en el Congreso del Estado, sin discusión y por unanimidad los diputados aprobaron ayer la Comisión de la Verdad, que investigarán las desapariciones forzadas de personas durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta en Guerrero y tomaron protesta a sus cinco integrantes.
El compromiso de campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero fue retomado por el presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador parlamentario del PRD, Faustino Soto Ramos, quien en noviembre pasado presentó al pleno su iniciativa.
Así que finalmente quedó integrada con el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Enrique González Ruiz; la prestigiada jurista y defensora de los derechos humanos, María del Pilar Noriega García; el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García; el ex rector de la UAG Arquímedes Morales Carranza, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos La voz de los sin voz, Hilda Navarrete Gorjón.
Los cinco desde diciembre habían dado su anuencia para participar en esta “instancia ciudadana”, según el dictamen aprobado, y ayer Faustino Soto leyó en tribuna un punto de acuerdo parlamentario, en el cual explicó que los integrantes de la comisión cumplen con los requisitos de ley.
Esto es, que fueron propuestos por víctimas o familiares, que tienen reconocida honorabilidad, que han participado en la defensa y promoción de los derechos humanos al menos cinco años y no son dirigentes de partidos u organización política en activo, ni servidores públicos de ninguno de los niveles de gobierno, ni lo han sido en los dos años previos.
Soto indicó que el 1 de abril recibieron cinco escritos de 24 personas que se ostentaron como familiares de los desaparecidos de esos años y que se consideran víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante este periodo, para proponer a ciudadanos que integraran la Comisión de la Verdad.
Luego vino la votación y se aprobó sin discusión y por unanimidad y enseguida les tomaron protesta a los integrantes.
Como testigos de honor asistieron el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández; familiares de los desaparecidos en la llamada “guerra sucia”, encabezados por Octaviano Santiago Dionicio y Eloy Cisneros Guillén; así como Pablo Sandoval Cruz.

El fin, esclarecer los actos de barbarie

Al término de la sesión, los comisionados ofrecieron una conferencia de prensa en donde Pilar Noriega dio lectura a un documen en el que establecen que la formación de una Comisión de la Verdad “es un acto que mira al futuro, además es un evento inédito en la historia de nuestro país; su función será la de construir los mecanismos que permitan determinar lo ocurrido en el período conocido como la Guerra Sucia durante el periodo de 1969 a 1979, que dejó una estela dolorosa de persecuciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, entre otros delitos de lesa humanidad”.
Añadió que el fin de la Comisión “es el de esclarecer los actos de barbarie cometidos por los gobiernos federal, estatal y municipal de aquel entonces, buscando tipificar tales ilícitos conforme al Estatuto de Roma y al artículo primero constitucional para llevar ante la justicia a los culpables de ellos, buscando diseñar mecanismos que permitan reparar los daños causados a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad entera; y para poner en práctica los métodos que garanticen la no repetición de los hechos dolorosos que llenaron de sufrimiento a la sociedad guerrerense y nacional”.
Explicó que la Comisión es producto de la lucha heroica de los que sobrevivieron, de los familiares de los que sucumbieron y de la sociedad que durante décadas lucharon por saber la verdad y que reclaman conocer con precisión cómo se originaron las condiciones que permitieron la realización de “hechos tan deleznables”, quiénes intervinieron en ellos –tanto autores materiales como intelectuales buscando el rescate de la memoria histórica– e impedir “que el tiempo silencie lo acontecido”.
Noriega agregó que el combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales –que se organizaron en movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular– se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo.
Añadió que el uso de la fuerza para acallar al que piensa de manera diferente “no es más que cobardía y falta de inteligencia y su base es el miedo; por todo ello, la responsabilidad de esta comisión es enorme, está en juego su eficacia como instrumento para alcanzar resultados que satisfagan a la sociedad que la auspicia después de que la experiencia en nuestro país indica que comisiones similares a ésta en sus resultados sólo han reflejado lo que al poder político le ha interesado en dar a conocer”.
Acotó que las cifras de los que directa o indirectamente sufrieron la acción del comportamiento autoritario, de la falta de valores, de la crueldad y de la brutal represión del sistema, están aún por definirse, “debido a que los aparatos encargados de proporcionar justicia se volvieron parte de la maquinaria de opresión”.
Luego Noriega dio a conocer que la comisión es autónoma de las instancias de poder, por lo que sus decisiones dependen exclusivamente de sus integrantes, los comisionados y las comisionadas; no se asume como una estructura más del Estado, sino como un producto de la gestión y la participación social; es un organismo de buena fe, que cumple una tarea que la sociedad considera esencial, por lo que los organismos y dependencias gubernamentales deben prestarle el apoyo que requiera para el éxito de sus funciones.
Además cuenta con fe pública e investigará en los archivos, recintos e instalaciones que considere necesario revisar o visitar; y la falta de colaboración con ella, cuando la solicite, puede dar lugar a responsabilidades oficiales.
En su posicionamiento, los integrantes de la Comisión de la Verdad reconocen que existen otros casos “dignos” de atención y de investigación que no han sido contemplados en la presente encomienda, como “los graves sucesos jamás juzgados de la represión perpetrada por el gobierno de Raúl Caballero Aburto, la matanza de los copreros, la desaparición forzada de ciudadanos comprometidos con las luchas sociales que están fuera del período a investigar, como la del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López y las perpetradas en contra de líderes indígenas y activistas sociales, así como las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y las graves violaciones a los derechos humanos que se han venido presentando durante la llamada guerra contra el crimen organizado, o las actuales represiones contra jóvenes estudiantes que no comulgan con las ideas de las autoridades en turno”.
Y aseguran que será la misma sociedad que logró la formación de esta Comisión de la Verdad la que consiga y obligue a aclarar esos sucesos, buscando la sanción necesaria a los responsables de los mismos.
Luego indicó que las metas que la Comisión de la Verdad se ha propuesto son: Un informe que realice el recuento de todas las víctimas y sus victimarios en el período que comprende la denominada guerra sucia; la semblanza de vida de cada uno de los desaparecidos políticos; un informe sobre la trayectoria represiva, de cada uno de los servidores públicos que incurrieron en delitos violatorios de los derechos humanos y de lesa humanidad.
Así como propuestas para honrar la memoria de las víctimas de tal período; un informe de la situación jurídica durante y después de los acontecimientos, presentando propuestas para modificar los ordenamientos a que haya lugar a fin de contribuir a la no repetición de tan abominables hechos; se entregarán a la sociedad los acervos documentales, bibliográficos, archivos, videotecas y cualesquier tipo de material obtenido durante la investigación; y se exigirá la reparación del daño tomando como base los casos similares a nivel internacional.
Luego dan a conocer que son ajenos a intereses partidarios y de orden electoral, “el interés primordial que nos mueve es revelar lo ocurrido en el período que abarca su investigación y requiere y solicita el respaldo de todas y todos los que luchan por la libertad, la justicia y por la aplicación irrestricta de los derechos humanos”.
“Nos apoyaremos en los guerrerenses y mexicanos dignos, así como en los organismos e instancias nacionales e internacionales que trabajen por el mismo objetivo, hacer brillar la verdad ante las injusticias y los atropellos a la dignidad humana, por lo que solicitaremos a la  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que no sólo acompañe a la Comisión de la Verdad durante el tiempo que dure su labor, sino incluso después de que haya cesado en sus funciones, a fin de garantizar que sus recomendaciones sean cumplidas”, pidieron.
Y anunciaron que se comprometen a rendir cuentas a las y los guerrerenses y a todos los mexicanos conscientes, porque buscan evitar que nunca más ocurra “un panorama de oprobio, injusticia, insensatez y falta de inteligencia”.

El gobernador Angel Aguirre le ofrece respeto y apoyo

Después de la toma de protesta y de la conferencia de prensa, los comisionados se dirigieron a la residencia oficial del gobierno del estado, Casa Guerrero, en donde fueron recibidos por espacio de cinco minutos por el gobernador Angel Aguirre Rivero.
De acuerdo con la versión del integrante de la Comisión, Nicomedes Fuentes García, como a las dos y media de la tarde fueron recibidos por el gobernador, quien estuvo acompañado del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y del secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado.
Allí el gobernador les dio a conocer que será respetuoso de la Comisión de la Verdad, de su autonomía, de su trabajo y de sus conclusiones, además que se comprometió a darles todo el apoyo económico en una sola exhibición como lo establece la ley creada.
Nicomedes Fuentes respondió a pregunta expresa que en la parte financiera, para la operación de la Comisión se ha hablado de unos 13 millones de pesos, y que el compromiso que hicieron con el gobernador es que en unas semanas les entregarán la proyección financiera y que él se comprometió a darles el recurso.
Añadió que los comisionados no le hicieron ninguna petición, no presentaron propuestas al gobernador hasta que tengan definidos los requerimientos.