En huelga de hambre, un judicial encarcelado en Coyuca de Catalán

* Denuncia que la Procuraduría fabricó un certificado pericial en su contra

Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán * Antonio Calderón Medina, jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado, preso por homicidio presuntamente involuntario, se encuentra en huelga de hambre desde el viernes 1º de agosto, en el Centro de Rehabilitación Social de esta localidad. Protesta por la forma como se ha llevado a cabo el juicio en su contra de parte de la Procuraduría de Justicia, la que, asegura, le fabricó “un certificado del servicio pericial” que lo inculpa del asesinato de Martín Granados Medrano, muerto el 21 de abril del año pasado en la comunidad de Tanganhuato, municipio de Pungarabato, cuando el agente, comisionado por el comandante Rafael Salinas Orbe, se presentó en aquel lugar acompañado de otros dos elementos “para obtener información para realizar una orden de aprehensión”.

En una carta dirigida al presidente Vicente Fox, al gobernador René Juárez Cisneros y al director general de la Policía Judicial del Estado, Ricardo Leonel Coronel, el jefe de grupo explica que en aquella ocasión del mes de abril del 2001 acudió comisionado por el entonces comandante regional, Rafael Salinas Orbe, a la comunidad de Tanganhuato a investigar por homicidio a un hermano de Martín Granados Medrano, conocidos en esa comunidad como Los Sierritas. Cerca de la comunidad, pasando la carretera que va de Altamirano a Iguala, encontraron a Martín Granados, que viajaba en una mula procedente de su tierra de labor. Martín llevaba consigo “un arma de fuego. Al marcarle el alto, no sin antes identificarnos plenamente como agentes de la PJE, su respuesta fue disparar en contra de nosotros, su servidor iba al lado opuesto del conductor, al ver que este individuo seguía disparando, lo que hice fue repeler la agresión, desgraciadamente este sujeto perdió la vida, así que nosotros nos defendimos”.

Después de ese acontecimiento, los judiciales  avisaron al comandante Rafael Salinas Orbe y al entonces agente del Ministerio Público, Silvano Nelson Radilla, quien les dijo que habían hecho bien al defenderse.

Tal como se publicó en este medio, en aquella ocasión los ciudadanos de Tanganhuato rodearon a los policías judiciales y pretendieron agredirlos, pero la intervención del MP y de Salinas Orbe, quien amenazaba pistola en mano, lo evitó.

Los ciudadanos acusaron entonces a Silvano Nelson Radilla de pretender ocultar evidencias de la presunta culpabilidad y tuvieron que retener el vehículo en que los judiciales viajaban e incluso lo mantienen estacionado en la comisaría municipal. El vehículo muestra los orificios presumiblemente causados por los disparos de Martín Granados Medrano, de cuyo peritaje el MP Nelson Silvano Radilla nunca informó a los medios.

Posteriormente se dio un manejo político al caso. Un grupo de treinta personas, entre ellos la viuda y los hijos pequeños de Martín Granados, fueron a manifestarse al ayuntamiento de Pungarabato. En esa ocasión de abril del año pasado, el alcalde Angel Pérez Navarro, que siempre ostenta la amistad que asegura tener con el gobernador René Juárez Cisneros, a quien llama “mi gobernador”, se comprometió a lograr que el policía judicial que mató a Martín Granados fuera encarcelado y la viuda fuera indemnizada con becas para sus hijos, entre otras cosas. De esto, sólo el encarcelamiento de Antonio Calderón Medina se ha cumplido.

Desde su celda en la que se encuentra en huelga de hambre, Calderón Medina insiste en que lo que hizo fue defenderse y solicita la ayuda de Ricardo Leonel Coronel “para no ser condenado, ya espero sentencia al ver que la Procuraduría no hizo nada por mí”.

En su carta, el procesado, con 13 años de servicio en la Procuraduría, se pregunta  “cómo es posible que la dependencia a donde ambos pertenecemos, me haya fabricado un certificado del servicio pericial, perjudicándome…”.