Hostigamiento, la intervención del MP en Tres Vidas, acusa Humberto Sevilla

 * El conflicto debe ser resuelto por el Tribunal Agrario, dice el abogado * La denuncia de los inversionistas, dolosa; tiene la finalidad de amedrentar, señala * “No pudieron arrebatar las tierras jurídicamente y por eso han acudido a la intimidación”, agrega

 Raquel Santiago Maganda * El asesor jurídico de los ejidatarios de El Podrido, Humberto Sevilla García, denunció como hostigamiento que lo hayan llamado a declarar al Ministerio Público por el conflicto con Tres Vidas, pues éste debe ser resuelto por el Tribunal Superior Agrario.El abogado compareció ante esa dependencia de la Procuraduría de Justicia por la denuncia presentada por los representantes legales de Tres Vidas, registrada como Tab/V/178/2002 por el delito de despojo.El presidente del Comisariado Ejidal, Isaías Alfredo Peláez Pérez, comparecerá el 20 de agosto a las 10 de la mañana.El domingo pasado, más de 150 ejidatarios ocuparon las 44 y media hectáreas que desde 1999 se encuentran en litigio con la empresa Tres Vidas. Los inversionistas denunciaron los hechos.Sin embargo, en previsión a esa reacción, la mesa directiva del Comisariado Ejidal se encuentra amparada con la solicitud 794/2002.Tras haber sido notificado el jueves, ayer a las 10 de la mañana ante la agente del MP Gabriela López Pérez, el asesor jurídico aseguró que la instancia para dirimir el conflicto ejidal es la federación por medio del Tribunal Superior Agrario, como lo marca el artículo 19 del reglamento interno.Calificó de “dolosa” la denuncia de los inversionistas, y dijo que la misma tiene “la finalidad de amedrentar”.Sevilla García dijo que la denuncia penal se debe a que los inversionistas “no pudieron arrebatar las tierras jurídicamente y por eso han acudido a la intimidación”.Al continuar con su comparencia aseguró que se debe respetar la resolución presidencial, porque no puede ser anulada o modificada “por capricho de los particulares”, lo mismo con el plano definitivo y vigente de planificación del Programa de Certificación (Procede).Acompañado por algunos colegas, entre ellos la sindica procuradora y ahora candidata a diputada del PRD por el quinto distrito, Adela Román, el abogado declaró que sus derechos como asesor jurídico se ven violados al ser acusado por hacer su trabajo.

 El proceso jurídico fue ganado por los ejidatarios, dice

 Después relató el proceso legal y las omisiones de los denunciantes en el acta. Recordó que el 14 de diciembre de 1999, después de la resolución a favor de los ejidatarios, el terreno fue ocupado por policías del estado y guardias blancas.Sevilla García precisó que en la lucha ejidal fueron anuladas las escrituras de las tierras expropiadas por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu y vendidas a los empresarios. Dijo que éstos, el 26 de noviembre de 2001, en el juicio agrario 2/28/2000, fueron condenados a respetar el derecho de propiedad de los campesinos.Señaló que en el evento del Procede se ratificó la pertenencia de las tierras al ejido ante la presencia del gobernador René Juárez Cisneros y el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, entre otros funcionarios, cuya presencia legitimó políticamente el reclamo campesino.

Después entregó copias de los documentos probatorios.Humberto Sevilla también precisó que él no participó en la ocupación de las 44 y media hectáreas, porque cuando sucedió la acción estaba dormido y se enteró después de mediodía.Conminó a que el gobierno del estado tenga una postura imparcial, y que sólo sea conciliador en el diálogo.Después de rendir su comparencia, la agente del MP informó al abogado que ayer mismo en la tarde iba a hacer la inspección ocular, lo cual provocó molestia al abogado porque aseguró que “era muy rápido”.Cuestionó el hecho de que en otros casos, la inspección ocular sea en más días, mientras que la agente negó que existe mala fe y argumentó que se debe a que en dos semanas saldrá de vacaciones.