Los diputados que dictaminan se niegan a recibirla, dice la secretaria de la Mujer

*El panista Jorge Camacho Peñaloza habría encabezado el bloque que rechazó escucharla. Da a conocer las cifras que les expondría

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, presentó testimonios de mujeres indígenas de Cochoapa el Grande, que afirman que los abortos clandestinos que se practican en sus casas en las comunidades son muy comunes y que varios de ellos concluyen en la muerte.
Lo anterior en conferencia de prensa, convocada la tarde de ayer después de que los diputados de las comisiones unidas de Salud, Equidad y Género y Justicia del Congreso local se negaran a recibirla para que les explicara y argumentara la iniciativa del Ejecutivo para despenalizar la interrupción del embarazo.
Dijo además que buscaba mostrar a los diputados las fuentes de donde obtuvo los datos que ha presentado, como el número de casos de abortos atendidos y las muertes maternas.
El martes la secretaria de la Mujer solicitó a los diputados que la recibieran, pero éstos se negaron, principalmente el panista Jorge Camacho Peñaloza, por lo que el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, que es compañero de corriente (Nueva Izquierda) de Herrera Ascencio, planteó y convenció a los diputados presidentes de las comisiones unidas para el encuentro.
Finalmente, ya en la reunión de las comisiones unidas, los diputados se negaron a recibirla, predominando la mayoría que tienen los legisladores que se oponen a la despenalización del aborto, quienes no quisieron escuchar ayer a Rosario Herrera, impulsora de la iniciativa.
Ante la “imposibilidad de ir al Congreso”, la funcionaria convocó a los reporteros para exponer la información que tenía preparada para presentar a los diputados.
En la sala de juntas de la dependencia,??Rosario Herrera insistió en que la legalización de la interrupción embarazo es un tema de salud pública que no debe ser ignorado por ningún poder, y afirmó que las reformas que el Ejecutivo planteó al Legislativo no pretenden promover el aborto y que sólo se busca dar garantías de salud a las mujeres que deciden no continuar con un embarazo.
Llamó a “no cerrar los ojos, porque es un problema que afecta principalmente a las mujeres más marginadas”, pero también se marca la problemática en las zonas indígenas y recordó que de los 81 municipios de Guerrero, 41 tienen población originaria.
Afirmó que la despenalización “no es un problema de recursos, sino de voluntad para defender los derechos de las mujeres”.
Como ejemplo de abortos atendidos en 2013, dijo que la Montaña representa más del doble de los casos que fueron canalizados por complicaciones graves en el hospital del Niño y la Madre en Chilpan-cingo, según un informe del director del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, el ex diputado perredista Enrique Herrera Gálvez, donde se presentaron 324 casos el año pasado.
Explicó que las cifras que ha dado a medios de comunicación y que algunos se incluyen en la iniciativa que presentó el gobernador son de la Secretaría de Salud (Ssa), que registró el Inegi en 2010 y que publicó el gobierno federal, en el que habla de muertes de menores de 19 años fueron el 6.20 por ciento.
De las muertes de mujeres de entre 20 y 34 años el 11.24 por ciento falleció a consecuencia de un aborto, y por la misma causa murieron el 5.83 por ciento del total mayores de 35 años; sumados hacen un total de 23.27 por ciento de muertes maternas en 2010.
La funcionaria presentó un video del testimonio de un grupo de mujeres indígenas de Cochoapa el Grande, que afirman que en los pueblos originarios las mujeres, principalmente jóvenes, se practican abortos en sus casas y algunas mueren a consecuencia de ello.
Hablaron de al menos 15 casos que conocen de las comunidades más grandes del municipio.
Rosario Herrera insistió a los diputados revisar toda la información que tiene la dependencia y les recordó que “nos regimos por la Constitución, no por leyes canónicas”, y que la Constitución reconoce como mexicanos a los nacidos.
Insistió en que la interrupción del embarazo es un problema de salud pública, establecido en los tratados internacionales firmados por el Estado como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Cuarta Confederación Mundial de la Mujer que señala que éstas “tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”.
También mencionó la Confe-rencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, que señala “la capacidad de la mujer para controlar su propia fecundidad, (que) constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos como el de la salud”.
Por lo anterior adelantó que el tema se puede llevar a organismos internacionales y citó el caso de la resolución de la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2012, en el caso de una ciudadana de Costa Rica, Artabia Murillo, a quien no se le respetaba su derecho a la maternidad libre. Recordó que en su sentencia, la Coidh concluye que el em-brión no puede ser entendido como persona.
También llamó al Poder Legislativo a armonizar la Constitución General de la República y las de las entidades con los tratados internacionales.
Adelantó que en próximos días vendrán al estado la representante de ONU Mujeres, Ana Wesmes, y el viernes el jurista Diego Valadés, autor del libro Derechos humanos, aborto y eutanasia.