El delegado de Semarnat no consigue reunión con el gobernador sobre Juluchuca, acusan

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El representante de la organización ecologista Guerreros Verdes, Rubén Vázquez Fragoso, denunció que el delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),  Daniel Vega Villanueva, no ha cumplido con el acuerdo pactado hace dos meses de solicitar al gobernador Ángel Aguirre Rivero, una audiencia en la que se le pedirá su intervención directa en el conflicto que prevalece desde hace más de un año entre un empresario de la construcción y los pobladores de la comunidad Juluchuca, en Petatlán, que se oponen a la explotación del arroyo del que se abastecen de agua potable.
Vázquez Fragoso dijo que el 1º de noviembre del año pasado, en una reunión en la que por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA) estuvo presente Rogelio Díaz de León; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Andrés Velázquez Urióstegui;  y  por la Semarnat, Manuel de Jesús Solís Méndez, acordaron que es necesario pedir que el gobernador se involucre en este conflicto, “el cual no desconoce porque los mismos habitantes de Juluchuca se manifestaron ante él en una visita que hizo al municipio de Petatlán unos meses atrás”.
Los ejidatarios y vecinos de Juluchuca, así como de las comunidades La Ceiba y Rancho Nuevo, han expresado su rechazo a la concesión que la Conagua autorizó a la empresa Agregados Ixtapa SA de CV (Agrixsa), representada por Napoleón Lacunza Sotelo, para que aproveche el material pétreo del arroyo del que los habitantes de estos poblados se abastecen de agua potable.
Desde noviembre de 2010, los inconformes iniciaron una lucha desigual contra el citado empresario para impedir que meta su maquinaria al cauce del arroyo del que logró deforestar unas cinco hectáreas, toda vez que éste interpuso una denuncia penal en contra de 15 de ellos, a quienes les libraron orden de aprehensión por el delito de daños y perjuicios, por lo que en octubre del 2011, el campesino Omar Moreno Ayvar, estuvo tres días en la cárcel y el juez pretendía imponerle una multa de 2 millones 700 mil pesos.
Ayer, el representante de Guerreros Verdes, lamentó que a dos meses de haber pactado con los funcionarios de las citadas dependencias federales la solicitud de audiencia con el gobernador, ésta no se haya conseguido todavía, “de qué sirven las reuniones que tiene uno y de que se hagan los convenios si ahí quedan, y es grave porque sigue la afectación de esta empresa a las parcelas cercanas a donde tienen su planta y hay el riesgo de que en cualquier momento puede volver a entrar la maquinaria al arroyo”.
“Puede haber un connato de violencia, puede haber algún muerto, eso es lo que queremos evitar, por eso es mi llamado y mi decepción de que no hay seguimiento a esta situación y luego el gobierno se espanta cuando la sociedad sale a manifestarse a la calle, lo que pasa es que el gobierno no entiende que en todos los casos en donde se mete la sociedad, son serios, que no son de broma, que en este caso debe de buscarse una solución que convenga a todas las partes”.