Pedirán amparo para alumnos de Ayotzinapa acusados por la PGR, anuncia Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, anunció que se va a solicitar amparo de la justicia federal para los líderes de la Normal Rural de Ayotzinapa y para los estudiantes agraviados en el desalojo policiaco del 12 de diciembre, ante los indicios de que se liberaron órdenes de aprehensión en su contra.
El abogado de Tlachinollan, que defiende a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aclaró que no tiene plenamente confirmada la liberación de 11 órdenes de aprehensión, pero recordó que tras el desalojo policiaco en la Procuraduría General de la República (PGR) se inició una averiguación previa por ataque a las vías de comunicación, y en enero de 2012 se supo que el expediente estaba siendo perfeccionado.
Antes, informó que los estudiantes que habían ido a declarar a la PGR por las violaciones graves a los derechos humanos en su contra, dejaron de presentarse a las entrevistas porque se temió que sus declaraciones serían usadas para implicarlos en el delito de ataque a las vías de comunicación.
Del comité estudiantil, Diego Castro Domínguez declaró que es preocupante para la comunidad estudiantil saber que existen órdenes de aprehensión por el bloqueo a la carretera federal, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que sus demandas son justas y la movilización estudiantil está plenamente justificada por la negligencia del gobierno del estado con este sector.
Lamentó que, como otros años, comenzó la represión por la movilización estudiantil y que las autoridades encargadas de impartir justicia están más ocupadas en criminalizar a los estudiantes que en hacer justicia para Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en el desalojo policiaco.
Recordó que en 2010, el egresado normalista Yahir Manzanárez Bello fue detenido por presuntos delitos federales, porque como estudiante se manifestó en 2007 con sus compañeros en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol y en la toma del Congreso local, donde fueron también fueron desalojados por policías del estado y ministeriales. Finalmente lo liberaron tras el pago de una fianza.

El bloqueo

Rosales Sierra estimó que el bloqueo de la carretera federal el 12 de diciembre, fue de 20 minutos, antes de que los policías de las diferentes corporaciones comenzaran acciones para la disuasión de la protesta. De acuerdo con el informe final de la CNDH, la carretera federal estuvo completamente bloqueada por los normalistas a las 11:34 de la mañana y a las 12 comenzaron las agresiones verbales con los policías y que derivó en la muerte de dos normalistas a las 12:20 del día.
El abogado indicó que a la escena y en los hechos del 12 de diciembre llegaron más de 100 policías, entre federales, ministeriales y estatales, 70 iban armados y más de 30 accionaron sus armas, pero como responsables materiales de la muerte de los normalitas sólo presentaron a dos implicados, lo que deja ver el encubrimiento del abuso de poder.
Con esto, afirmó que para el Estado es más importante mantener la seguridad de las instituciones, que la vida de las personas.

Los presos serán liberados

Aunque dijo que el amparo federal contra el auto de formal prisión que solicitaron los dos únicos policías detenidos por la muerte de los estudiantes, no procede, Rosales Sierra admitió que la averiguación previa que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es muy deficiente y existe una amplia posibilidad de que los acusados obtengan su libertad por medio de otro amparo.
Recordó que sólo dos testimonios dijeron que vieron disparar a los policías Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas contra los estudiantes, y no existen pruebas científicas para fincarles responsabilidades directas por el deficiente trabajo de los agentes del Ministerio Público en la escena, que sólo permitió diluir una serie de evidencias.
Rosales Sierra consideró que el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH es mínimo, sólo se ha cumplido en parte la reparación del daño y la disculpa pública del gobierno del estado, pero no en la justicia dura.
Lamentó que los personajes de Guerrero, con historial de represión, salgan airados de este proceso y no se les finquen responsabilidades en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

No basta la buena voluntad

Vidulfo Rosales Sierra dijo que los estudiantes y sus defensores están considerando establecer una mesa de diálogo para el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, que tienen carácter vinculante y son obligatorias para las instituciones.
Sin embargo, subrayó que no basta con que el gobernador, el Congreso local y la Secretaría de Seguridad Pública federal expresen su buena voluntad, es necesario comenzar procesos para construir las condiciones de hacerlo.
Cuestionó que en el Congreso del Estado no se hayan iniciado el juicio político al ex procurador Alberto López Rosas y al ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, cuando podría hacerlo de oficio, con base en el informe de la CNDH.
Indicó que para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones se necesitan modificaciones legislativas, administrativas y al sistema de justicia; en la atención al problema educativo de fondo, se requieren acciones que aseguren los presupuestos y su aplicación, para que los estudiantes de las normales rurales del país no se salgan a exigirlo a los gobiernos estatales cada año. “Esto no se arregla con que sólo el gobernador diga que va a cumplir”, insistió.