Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

La reunión de Plan de Gatica

 Una vez más lo hicieron, siempre lo han hecho. El Ejército en su afán de seguir adelante sus atropellos en contra de las comunidades indígenas, ha puesto nuevamente de manifiesto que nunca será culpable de los señalamientos que se les haga al cometer actos de violaciones a los derechos humanos y no lo será porque tiene consigo la fuerza de intimidar con sus armas a la población inerme que sólo quiere vivir en paz y en armonía.

Esta vez le tocó a los Me’ phaa de Plan de Gatica, indígenas que han cometido el delito de saber organizarse de no dividirse por ideas religiosas o políticas, de denunciar y señalar como delincuentes a militares, de saber que manteniendo la unidad de la comunidad podrán resistir más y mejor los embates del exterior y principalmente del Ejército Mexicano.

Todavía por la mente de los habitantes de este poblado está el desagradable recuerdo de 1999 cuando militares entraron y se posesionaron de las instalaciones de la Comisaría para revisar y confiscar documentos y videos con el pretexto de que era material de la guerrilla, cosa que jamás se comprobó. También se recuerda la llegada a la comunidad de soldados en el año 2001, en un encuentro religioso que se celebraba y que de una manera intimidatoria y hostil preguntaban por miembros del poblado y por las personas que organizaban dicho encuentro. Pero lo que más desagrado e impotencia les causa es que hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta satisfactoria a su demanda de justicia, a pesar de que se interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que esta a su vez no ha pedido avances al Ejército de las recomendaciones emitidas.

También tienen presente los últimos hechos que se han cometido en contra de sus hermanas indígenas de las comunidades de Barranca Tecuani y Barranca Bejuco, quienes fueron violadas sexualmente y que hasta la fecha las autoridades militares no han querido reconocer.

Y de nueva cuenta lo hicieron, siguen sintiéndose intocables y también se saben impunes, por eso siguen con su trabajo de hostigar con su presencia a los habitantes, y de cometer atropellos como los de robarse mercancía de la tienda de abasto, entrar al comité de mujeres a recargar su equipo de comunicaciones sin permiso alguno y de acosar sexualmente a dos niñas. Hechos denunciados por la comunidad en la reunión del pasado 17 de julio en Plan de Gatica.

¿Dónde está la voluntad de los altos mandos del Ejército para poner fin a este tipo de arbitrariedades? !No se ve¡ al contrario usan como camuflaje una postura de conciliación en la que manifiestan una falsa preocupación para que no se repitan estos hechos, dicen querer tener un diálogo con la comunidad afectada, se presentan como personas que se puede confiar en ellas. Traen médicos, medicinas, ropa, juguetes para los niños, “arbolitos” para la reforestación “que tanta falta hace en la región”. Pero ¿quién puede rechazar tan lindos y preciados regalos? Cosas tan superfluas, pero que tienen la intención de provocar el divisionismo, esta es una de las estrategias más utilizadas que tienen los militares para poder introducirse y debilitar a las comunidades indígenas organizadas.

La estrategia en esta ocasión, no fue el sonido de las armas, pero si bien, la intimidación con ellas, esta vez  fue la demagogia, parte de esta guerra de baja intensidad. Los militares no traen consigo un verdadero compromiso institucional de acabar con estas anomalías y de comprometerse con los afectados de que se les hará justicia y se les reparará el daño.

Piden platicar como amigos, abonan falsas expectativas de que ahora sí los van “oír” y les van a “creer” y que tomarán las medidas necesarias para que no haya mas impunidad. Pero en realidad es al revés, llegan con la finalidad de poder documentarse, de una forma en que los testimonios se den bajo un ambiente de temor, ya que llegan en varios vehículos y fuertemente armados, como si en lugar de ir a un diálogo, fueran a un enfrentamiento. Toman notas, fotografías, vídeo de las personas ahí reunidas y ponen mayor énfasis en identificar a los líderes y autoridades de la comunidad. Se presentan con cordialidad aunque en el fondo no les importa el sentir de los afectados, es más, si alguien pide que los militares se vayan del pueblo, se le fotografía y se le tacha de sembrar droga o pertenecer a algún grupo armado, pero la verdad es que las comunidades ya están cansadas de vivir con la zozobra de tener como vecino a este intruso que invade sus territorios.

Esa es la forma de actuar de las autoridades castrenses, quienes desde hace mucho tiempo le ha declarado una guerra silenciosa a las comunidades indígenas, solapando las violaciones a los derechos fundamentales que comete la tropa y sin importarles el daño psicológico, moral y físico que causan a la población indefensa.

Se debe de recordar que en nuestro estado el Ejército Mexicano tiene cuentas pendientes con la justicia y que se requiere del trabajo de una sociedad civil que esté informada y documentada para así denunciar y presionar a las autoridades civiles y militares para que actúen conforme al Estado de derecho.