Rosario Herrera Ascencio

Apego a la legalidad

 Después de una larga discusión en el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, el 5 de junio se emitió una convocatoria para elegir a los candidatos para los distintos cargos de representación popular.

Los problemas internos de avasallamiento que pretendió hacer una sola expresión para elegir a los candidatos a presidentes municipales y diputados, adecuando la convocatoria a sus intereses particulares, dio al traste con ella. El asunto es que desde el principio se vislumbraba que el método para la selección no garantizaba buenos candidatos y profundizaría las diferencias internas.

El Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional del PRD, por fortuna, lograron recomponer las cosas y buscaron formas plebiscitarias de consulta a la base y a la ciudadanía para que contendieran todos los aspirantes, en igualdad de circunstancias. Los resultados del 21 de julio en el plebiscito dieron el triunfo a Amado Campos y a Lázaro Mazón; estos resultados coinciden plenamente con las encuestas que se habían realizado.

Zihuatanejo, Iguala y Acapulco son tres de los municipios donde se puede ganar. La importancia radica en que juntos conforman más del 48 por ciento del listado nominal del estado de Guerrero, y en un buen escenario, de ganar estos tres municipios, fundamentalmente se estaría garantizando el triunfo de la gubernatura, y con ello un paso hacia la transición democrática en la entidad.

Sin embargo, se requiere que pasado el proceso electoral interno de Zihuatanejo e Iguala, los equipos de los candidatos triunfadores se aboquen a integrar a todos los grupos para llegar a acuerdos y comenzar cuanto antes con la campaña constitucional.

El problema que aún persiste es en Acapulco, y será un gran reto para el Comité Ejecutivo Nacional salir bien librados. Si son los mismos que definieron una primera lista, las cosas no van a variar, y al final se verá reflejado porque en el partido todos nos conocemos.

Si el Comité Ejecutivo Nacional está en el ánimo de recomponer las cosas, los criterios serán distintos. El Ejecutivo Nacional deberá conciliar la convocatoria y el resolutivo nacional en la selección de los candidatos a las sindicaturas y regidurías, tomando en cuenta, primero, a quienes se hayan registrado en tiempo y forma, segundo, respetar la cuota de género y, tercero, respetar la cuota de los jóvenes y el 20 por ciento de los externos que también se registraron y dieron a conocer sus aspiraciones.

No obstante, los argumentos que se tienen que cuidar son los legales: el PRD como institución política está reconocido por la Constitución y como tal está regulado por leyes secundarias. Ya hay voces que han expresado en Acapulco interponer su queja ante el IFE y sería desastroso para el partido que este órgano tuviera que resolver una controversia de esta naturaleza en un Partido de la Revolución Democrática.

El PRD está obligado a revisar con lupa el marco legal, pero también el impacto social. Un partido democrático tiene que ser incluyente, tanto de las mayorías como de las minorías, y buscar sus mejores hombre y mujeres para integrar la planilla que acompañará a Alberto López Rosas. Pero sobre todo, porque Acapulco tiene todo para volver a repetir el triunfo y se requiere de ediles que tengan propuestas para resolver los problemas del municipio y consolidar en la localidad un gobierno democrático apegado al Estado de derecho y el buen “juez por su casa empieza”.

Las instancias de dirección en sus distintos niveles están obligadas a velar por el respeto de los derechos estatutarios y constitucionales de sus militantes. Se tiene que articular una planilla plural con equidad y con apego a la legalidad porque estos son los principios del PRD que se refrendaron en el VI y VII Congreso Nacional. Cumplir con estos preceptos, es cumplir con una parte de sus funciones institucionales.