El gobierno del estado busca una confrontación con miembros del Cecop, acusa Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que el gobierno del estado y en particular el asesor externo, Ernesto Aguirre Gutiérrez, busca detonar una confrontación con los opositores a la presa La Parota que mantienen un movimiento por la libertad de su compañero José Palma Tornez en el poblado de Salsipuedes, sitiado por policías y soldados.
Calificó muy grave esta situación porque el Ejército no debería inmiscuirse en asuntos de civiles ni siquiera la policía, “pero tal parece que el gobierno quiere violencia”, y estimó que si no se destensa la situación hoy podría ocurrir un enfrentamiento.
Recordó que ayer el juez penal dictó auto de formal prisión al opositor a La Parota, con una reclasificación del delito de homicidio a lesiones, de tal manera que puede obtener su libertad bajo caución.
Pero, agregó, “puso un obstáculo, una fianza exagerada por 146 mil pesos, por tres lesiones que no ponen en riesgo la vida de las personas agraviadas y que van a sana en un periodo máximo de 15 días”.
Consideró que el juez bajo consigna aplicó la fianza a José Palma Tornez y que “a leguas es un error porque para fijar la multa tan alta debería de estar sustentada en probanzas”, es decir, recetas médicas o lesiones de suma gravedad.
Rosales Sierra lamentó que el gobierno ponga estas trabas para evitar la libertad del integrante del Cecop para escalar la polarización que se ha generado en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, luego de que los opositores tomaron la planta de agua potable Papagayo II el martes, en demanda de la libertad de su compañero, y que liberaron el miércoles.
Señaló que ayer realizaron gestiones ante el gobierno del estado para ver la forma de conseguir el dinero de programas específicamente dedicados al pago de fianzas, pero que el asesor del gobernador un día antes se negó a realizar cualquier tipo de llamada para darles una solución inmediata.
Por otro lado, informó que el proyecto de Ley de Amnistía que se discute con el gobierno del estado va muy lento, en promedio de una reunión cada mes, y siguen atorados en el reconocimiento de que los defensores de derechos humanos detenidos, fueron acusados por reivindicar demandas sociales.
También aclaró que no se ha formalizado la inclusión de defensores en prisión o con órdenes de aprehensión que fueron acusados de delitos graves en el fueron común, “no dijeron expresamente que no, sólo que les parece bien la argumentación”.