Pide el general Gallardo investigar a militares en el caso Digna Ochoa

* El gobierno no ha tenido sensibilidad para resolver el conflicto de San Salvador Atenco, opina

Alfredo Mondragón * El general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez dijo que el caso del homicidio de la abogada Digna Ochoa “es complejo y creo que todas las líneas de investigación se deben de agotar inclusive aquellas que tengan que ver con asuntos militares, que participaron o están señalados dentro de las investigaciones”.

El militar consideró que dicha línea de investigación “no se ha agotado porque cuando el maestro (Bernardo) Bátiz (procurador de Justicia del Distrito Federal) pidió a militares que se presentaran a declarar, la Defensa Nacional dijo que para qué los querían”.

Gallardo agregó: “pues los querían para llegar al esclarecimiento histórico de los hechos, definir y delimitar si hay responsabilidad penal o no, entonces lo que hay que hacer aquí es retomar el caso, ya hay una nueva fiscal y creo que debe de retomar y agotar todas las líneas de investigación que tengan que ver con cualquier individuo que sea señalado por cualquier institución del estado”.

Al principio de la muerte de la abogada Digna Ochoa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dijo que una de las líneas de investigación apuntaba a Guerrero e involucraba a caciques de la sierra de Petatlán y militares, y después organizaciones sociales denunciaron que se estaban cabildeando la hipótesis del suicidio.

Al respecto el general Gallardo consideró: “Es una hipótesis que se estuvo filtrando, ventilando a la opinión pública, pero como dije hay que dejar que la autoridad investigue y no permitir, como ya no lo permitió la sociedad civil, que se fueran por esa línea de investigación incluso hay una participación muy activa de los medios de comunicación como el caso del reportaje de Maribel Gutiérrez del periódico El Sur, que dio un giro en el asunto y provocó la renuncia del subprocurador”.

El general –que estuvo 8 años y tres meses en prisión por haber propuesto la creación de un defensor de los derechos humanos al interior del Ejército– señaló: “Bueno tenemos conocimiento como mexicanos que la autoridad presiona” fue la respuesta a la pregunta que si el Ejército pudiese estar presionando a la Procuraduría de Justicia capitalina para cabildear la hipótesis del suicidio.

En conferencia de prensa, organizada por la Federación de Militares Retirados, que apoyó su liberación y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a quienes dio una reseña de su propuesta de reformas al interior del Ejército para “hacer valer el Estado de derecho en el ámbito militar” y la “persecución” que sufrió a consecuencia de esto.

Gallardo consideró a Guerreo como “un icono de violaciones a los derechos humanos por la excesiva participación de los militares principalmente en las comunidades indígenas, de aquí hemos recogido muchos casos graves, por ejemplo, el encarcelamiento de los ecologistas, la masacre del El Charco, Aguas Blancas y se debe al exceso de militares en la seguridad pública”.

En su narración, dijo estar agradecido por la invitación a “este puerto del estado de Guerrero, que es un icono de la violación a derechos humanos que ha hecho el Ejército” y  comentó que después de 39 años de servicio se percató “de la necesidad de realizar reformas profundas para transformar al Ejército mexicano en una institución de Estado al servicio del pueblo, de la nación y que sea una institución que vele por la soberanía e independencia del país y que no responda a intereses particulares de un partido político o caciquiles en las diferentes regiones de los estados”.

“En 1963 ingresé como cadete al Colegio Militar en la cual fui víctima de una serie de abusos de poder que fueron marcando en mi memoria, que van desde actos crueles de tortura y en donde varios compañeros perdieron la vida, que al entregárseles a sus familiares los cuerpos les dicen que fueron muertos en actos del servicio”, inició su narración.

Una vez en las filas del Ejército, en las unidades de tropa, reveló, “presencié la ejecución extrajudicial de un soldado, que en estado de ebriedad tomó un arma y disparó en contra de la guardia y el comandante de la unidad ordenó su ejecución, a mí todo eso me impactó, siempre fui crítico pero no pasaba a mayores porque mi ámbito era muy pequeño y no tocaba intereses particulares de los altos mandos, como actos de corrupción e impunidad”.

Sin embargo, una vez que en 1998 alcanzó el grado de general, indicó “hice estos comentarios de reformas al Ejército delante del ex secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, y lejos de aceptar las propuestas en la mesa de discusión, ellos deciden hacer una persecución en mi contra, que fue primero un simulacro de encarcelamiento, me quintan del mando, me ponen a disposición, siguen los hostigamiento y finalmente me encarcelan”.

La persecución se agravó porque “en 1993 sale publicada en la revista Cómo, una parte  de la tesis donde hago la propuesta de la creación del ombudsman para reformar la institución, que consiste, una hacia el exterior e interior a través de una reforma profunda del sistema de educación militar”.

La reforma al interior, explicó, consistiría “en acotar al Ejército en la civilidad del estado en impedir que los militares deliberen en política, realicen funciones en la administración pública, apliquen la ley, persigan el delito en virtud de la participación activa de militares afuera de los cuarteles en el ámbito civil, rompe el orden institucional del estado y cuando eso sucede se violan derechos humanos como es de todos sabido en Guerrero y son requeridos en la administración de justicia civil se acogen al fuero de guerra y a través de este mando protector se rompe el orden jurídico del estado”.

Un ejemplo, dijo, “los asuntos graves de lesa humanidad como el 68, la guerra sucia de los 70 en este estado, que tiene una gran cantidad de desaparecidos y que fue aquí en una de las cárceles clandestinas en la base de Icacos (Novena Región Militar), muestra que no se han podido aclarar estos asuntos por este fuero de guerra, que debe abrogarse y permanecer en tiempos de guerra”.

Por último, el general José Francisco Gallardo aceptó con “orgullo” ser intermediario en el conflicto de los ejidatarios de San Salvador Atenco, quienes se enfrentaron con policías el jueves, debido a que se oponen a la creación del aeropuerto, porque “si no se resuelve este asunto, se pone en riesgo todo el avance democrático que ha tenido el país”.

Dijo: “Vamos a recabar toda la información y ver cómo vamos a intervenir, si es necesaria mi presencia para resolver este asunto… ahí estaré”.

Opinó que tanto el gobierno federal y estatal “no han tenido la sensibilidad para resolver este asunto”

Consideró como “una burla” el pago de siete pesos por metro cuadrado que se estableció al inicio del decreto expropiatorio porque a los campesinos su relación con la tierra tiene un significado muy trascendente que tiene que ver con su cultura y sus tradiciones”

Finalmente dijo “tener el honor” en compartir la mesa de interlocución que solicitaron los ejidatarios la noche del viernes con Rosario Ibarra de Piedra y Samuel Ruiz, “sobre todo para la liberación de dos detenidos que tienen amparo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería de emitir una postura”.