Demanda de un policía descubre corrupción en Seguridad Pública

* Era albañil en la casa del director administrativo, Jesús Guadarrama, en Puebla y después de un accidente, lo dieron de alta como policía para que el ISSSTE cubriera sus gastos médicos e incapacidades, relata

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Por violación a sus derechos laborales, el policía del estado José Morales Castro, demandó a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y en conferencia de prensa denunció desvíos de recursos de esa dependencia para fines particulares de los funcionarios en los que podría estar involucrado el propio titular, Luis León Aponte. Morales Castro entró a trabajar como albañil en la casa del director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Guadarrama Acevedo, ubicada en Puebla, el primero de septiembre del 2000. Cada semana se lo llevaban, junto con otros trabajadores, en camioneta hasta aquél estado para que laboraran en la casa particular del funcionario, pero el 19 de septiembre de ese mismo año los obreros sufrieron un accidente automovilístico cuando se dirigían a su trabajo, resultando Morales Castro con algunas fracturas por lo que fue internado en la clínica del ISSSTE en donde le practicaron dos cirugías y quedó pendiente otra por “incapacidad parcial del miembro inferior derecho”, según expone en su demanda laboral. El abogado de Morales Castro, Fausto Acevedo, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, denunció que para evadir el pago de la atención médica de su trabajador, Guadarrama Acevedo, presumiblemente con la complicidad del secretario de Seguridad Pública, León Aponte, dio de alta como policía del estado a su albañil y con ello recibir la prestación del servicio médico gratuito a través del ISSSTE. Agregó que tras el accidente automovilístico y luego de haber sido dado de alta en la Policía del Estado, fue incapacitado temporalmente hasta el 26 de mayo del 2001, cuando se le asignó como centro de trabajo el Cuartel General. “Ahí me incorporé y permanecí hasta el 28 de febrero de este año pero el primero de marzo fui incapacitado nuevamente hasta el 15 de mayo cuando me presenté a cobrar mi salario, pero me lo condicionaron a cambio de que les firmara mi renuncia, y como no acepté me amenazaron de muerte por lo que accedí a firmarles, pero solamente me pagaron la quincena del primero al 15 de mayo”, dijo. Explicó que quedaron adeudándole sus salarios del periodo del primero de septiembre al 15 de octubre del 2000. El trabajador está demandando ahora a la Secretaría de Seguridad Pública el pago de tres meses de salario “por concepto de indemnización constitucional”, el pago de salarios caídos “que se generen hasta el total cumplimiento del laudo que se dicte durante el juicio”, el pago de prima dominical, vacaciones, los días de descanso obligatorio, las aportaciones a la caja de previsión social, las aportaciones al fondo de pensiones y el pago de horas extras laboradas.