Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

* ¿Dónde quedaron 220 millones de pesos?

El 5 de febrero pasado, un alto miembro de las Fuerzas Armadas de México identificado como Greyhound, envió al blog Mxsecurity, que se especializa en el seguimiento de las tendencias militares y de seguridad en México para fines de toma de decisión en asuntos de seguridad nacional, una serie de fotografías en donde aparecía el Sandcat, un vehículo ligero y blindado, utilizado por el Ejército de Estados Unidos en Afganistán, y del que decenas de unidades habían sido adquiridas por la Secretaría de la Defensa Nacional para la guerra urbana contra el narcotráfico. Fue la primera vez que este tipo de vehículos tácticos fue presentado ante la sociedad mexicana, que no termina aún de conocerlo. En particular, porque detrás de su adquisición hay tres contratos de los cuales se desconoce el destino de 220 millones de pesos.
El Sandcat fue desarrollado originalmente por Israel como un vehículo intermedio entre los Hummvies y los vehículos resistentes a las minas. Su producción comercial comenzó en 2005, y desde 2008 está etiquetado como un producto de la corporación Oshkosh, una de las principales proveedoras de equipo para el Pentágono, cuyo cuartel general está en Wisconsin. El Sandcat tiene diversos niveles de protección para sus pasajeros y es capaz de absorber la explosión de minas. Los que adquirió la Sedena tienen un blindaje tipo IV, capaz de resistir todo tipo de armas de las que utilizan los cárteles de la droga, y por su velocidad y seguridad, son utilizados para transporte de personas.
El problema, ciertamente, no está en el tipo de vehículo adquirido para las Fuerzas Armadas mexicanas, sino en los costos. O mejor dicho, en la facturación. Varias solicitudes de Acceso a la Información a la Sedena sobre el Sandcat han sido rechazadas bajo el argumento de que se refiere a la seguridad interior. Por estas razones, en este texto no se referirá el número exacto de vehículos adquiridos, ni sus características, más allá de aquellas que se pueden consultar en fuentes abiertas. No obstante, sin entrar en precisiones que pudieran afectar la seguridad de los militares y los civiles que utilizan este tipo de vehículos blindados, documentos oficiales de la Sedena y el Departamento de Estado, revelan discrepancias importantes entre el costo registrado en Washington, y lo que pagó el gobierno mexicano por los vehículos.
El contrato firmado en diciembre de 2010 y modificado en junio de 2011, por la Sedena y la empresa EPEL, SA de CV, que vendió las unidades, el costo total –se excluye el unitario por las mismas razones de seguridad interna– fue de 52 millones 360 mil dólares. El contrato fue firmado por el entonces director de Administración de la Sedena, general Moisés García Ochoa, que aspiró a ser secretario de la Defensa y actualmente es jefe de la II Región Militar, con sede en Mexicali, y el principal accionista de la empresa, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, un empresario judío vinculado hace tiempo con las agencias de seguridad mexicana, y a quien en la prensa se ha identificado como ex agente del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel.
Ese costo, pagado por la Sedena, no es el registrado por el Departamento de Estado, que por ley tiene que conocer de ese tipo de ventas a un extranjero, para certificar que las entregas serán utilizadas para los fines especificados en el contrato. Según el certificado del Departamento de Estado, el valor de las decenas de unidades Sandcats para las Fuerzas Armadas mexicanas era de 42 millones 500 mil dólares. Es decir, la discrepancia por esa operación es de 9 millones 860 mil dólares.
El certificado del Departamento de Estado fue hecho a solicitud de la corporación Oshkosh, cuyo intermediario es EPEL, SA de CV. Pero quien firma el certificado, con fecha de 22 de noviembre de 2010 como “el beneficiario final” y por la “certificación de un gobierno extranjero”, con lo cual se allanó el camino para el contrato celebrado entre las partes mexicanas, fue el general García Ochoa. Diversos intentos por localizarlo para que explicara la discrepancia de costos, resultaron infructuosos. Tampoco se puede saber porqué la diferencia de 7 millones 254 mil dólares en los costos de dos contratos posteriores por Sandcat de diferentes especificaciones, por los que la Sedena pagó 23 millones 835 mil dólares, cuando en el certificado del Departamento de Estado –que no viene firmado por él ni por algún otro militar–, se registró un valor total de 16 millones 581 mil 900 dólares.
La discrepancia de costos registrados en Washington y la ciudad de México asciende a un total redondeado de 17 millones de dólares, que al tipo de cambio actual aproximado, equivale a 220 millones de pesos. ¿En dónde quedaron esos recursos? ¿Hay un error en la documentación de alguno de los gobiernos? ¿Hay omisiones involuntarias? ¿Es algo deliberado? ¿Es normal la diferencia? El secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, tiene que pedir cuentas a quien deba y saber qué es lo que sucedió. O alguien se equivocó al revisar adquisiciones de equipo en 2010 y 2011 para enfrentar al narcotráfico, o alguien se pasó de vivo –con perdón por lo coloquial de la expresión– con los militares, o sencillamente, así son las cosas de normales.

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