Tlachinollan

Tocando fondo

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Las expectativas para mejorar las condiciones de vida de las familias mayoritariamente pobres se hace añicos ante el desfondamiento de nuestra economía y ante  el galopante desempleo. Nuestro estado sumido en el atraso, subsiste fundamentalmente del subsidio federal. El manejo patrimonialista de los recursos públicos y el control político por parte de los grupos más recalcitrantes y atroces que siguen socavando la precaria vida democrática, son factores que contribuyen al desquiciamiento de la vida pública. El control férreo de las instituciones, la imposición de decisiones políticas  unipersonales y el uso recurrente de la fuerza pública para dirimir conflictos sociales nos sumerge en el pantano de la violencia y la impunidad.
Con la supuesta reforma integral a la constitución política del estado se nos quiere vender la idea de que somos una entidad vanguardista, sin que haya una verdadera transformación de  todo el aparato burocrático que vegeta y vive de la corrupción. Los cambios de fechada son los que mejores dividendos genera a los políticos, porque al final de cuentas de lo que se trata es renovar la imagen y  el discurso para mantener el estatus quo. El desencanto de la sociedad se ha traducido en un mayor distanciamiento con los que mal gobiernan; se incuba una mayor crispación social. Se está dando una lucha sorda con los sectores sociales que protestan y que se oponen a la implantación de reformas que atentan contra sus derechos fundamentales. Hay un uso recurrente de la fuerza contra los movimientos sociales y una mayor presencia de las fuerzas armadas en los espacios públicos para reprimir y atemorizar a la sociedad que se organiza.
Se ha zanjado la relación de las y los ciudadanos con la elite gobernante, no hay mecanismos tendientes a dirimir los conflictos sociales a través del diálogo y la concertación. No existen instancias que se avoquen a escuchar y atender los planteamientos de las organizaciones. Quienes realizan estos trabajos no tienen ninguna representatividad dentro de la estructura gubernamental ni son tomados en cuenta por quienes toman las decisiones. No hay medidas que ayuden a prevenir conflictos sociales que se desbordan por la desatención y la arrogancia de las autoridades. La irritación social es patente por la indolencia de los gobernantes y por su desdén con la población pobre. Su ineficacia para gobernar y su complicidad con el crimen organizado generan desconfianza y rabia entre la población agraviada. Su falta de compromiso con las víctimas de la violencia; su tolerancia con quienes atentan contra los derechos de las personas, fomentan la animadversión y un sentimiento de impotencia ante una población que se siente ignorada e indefensa. La incapacidad para revertir los índices de pobreza, inseguridad y violencia reafirma la postura de que las autoridades no gobiernan para la población pobre sino que está para proteger los intereses de las elites económicas. El trato inequitativo y discriminatorio que padece los indígenas y el uso faccioso para la aplicación de la ley contra quienes increpa al poder, es una característica que comparten todos los políticos que son presa de sus visiones etnocéntricas y de su ser vengativo.
Las disputas políticas que se están dirimiendo en el estado con motivo del proceso electoral que se avecina, tienen un papel preponderante en la agenda de los gobernantes. Cada quien realiza determinadas obras o asume ciertas posturas para posicionarse políticamente y para colocarse dentro del grupo político con el que piensa pelear las candidaturas. Los intereses superiores de la sociedad quedan supeditados a los intereses facciosos. Esta contaminación del ambiente político causa mayores estragos a una situación sumamente convulsa que vivimos por la inacción gubernamental. Todo gira en torno a las acciones frívolas de los personajes que se han apuntado para participar en la contienda. Los recursos públicos son dilapidados para asegurar clientelas políticas y hacerse de un fondo propio para la futura compra de votos.
Poco importa atender y resolver de fondo las demandas de las comunidades damnificadas. Las autoridades están peleando los recursos millonarios para la reconstrucción no porque tengan un verdadero compromiso con la población que vive a la intemperie, sino porque este problema es un buen argumento para agenciarse recursos que pueden satisfacer sus ambiciones políticas. La devastación es atroz por donde quiera que se le vea, mientras tanto, las instituciones encargadas de atender estos problemas tienen la desfachatez de justificar su inacción con  argumentos sin sustento. Llegó la temporada de lluvias y las obras más importantes que tenían que construirse para, por lo menos contener la destrucción del hábitat, no se realizaron. Muchas comunidades quedarán incomunicadas; más familias perderán sus casas; más  gente del campo dejará de sembrar sus parcelas por los hundimientos y  el crecimiento de ríos y barrancas. Aumentará el número de familias desplazadas y seguirá la amenaza de mayores desgajamientos de cerros que pondrá en riesgo la vida de más personas.
Los anuncios espectaculares del Presidente de la República quedo en un mero show mediático que no se tradujo en acciones eficaces que ayudaran a revertir los graves daños ocasionados por las tormentas. Los damnificados de 2013 están quedando en el olvido en la medida que suceden otros desastres naturales. Se deja a su propia suerte a la gente que de por sí arrastra desde siglos el desprecio, el engaño y la desatención.
A esta acumulación de daños que sufre la población indígena secularmente castigada se suman los sangrientos saldos de la violencia. El poder destructor de las bandas del crimen organizado sigue causando estragos en la mayoría de municipios del estado. Las autoridades no solo están ausentes, sino que han dejado en total indefensión a la población. Han bajado la guardia y se han supeditado a las órdenes de los que ahora comandan las plazas y tienen bajo control el territorio y la economía criminal. El sicariato ha suplantado a los cuerpos de seguridad y varios de los grupos policíacos se han adherido al grupo que asume el control de la plaza para garantizar su sobrevivencia y un trabajo mejor remunerado. Todo tiene un precio y sobre esa lógica del negocio criminal quien no se sujete a sus caprichos, la destrucción de la vida es el único horizonte fatídico para la población cautiva.
En Guerrero la multiplicación y diversificación de los grupos del crimen organizado que se desplazan con total impunidad por varias regiones del estado están erigiéndose como los controladores de la vida comunitaria, los que imponen la cultura del crimen y que socavan cualquier esfuerzo ciudadano a favor de la justicia y la paz. Es un mal síntoma que el gobierno se deje vencer o ceda sus espacios para que los grupos del crimen organizado tomen el control de las comunidades y las cabeceras municipales. El caos impuesto por la violencia delincuencial se ha erigido en la nueva forma de gobernar en un estado donde impera la impunidad y la corrupción. El derramamiento de sangre dejó de tener un costo político muy alto para quienes están llamados a salvaguardar, defender y proteger la vida de las y los ciudadanos. Conocer diariamente casos de personas desaparecidas y ejecutadas en las principales ciudades del estado; descubrir fosas clandestinas en regiones donde impera la ley del narco y dejar desprotegidas a decenas de familias desplazadas por la violencia delincuencial, es tocar fondo de una realidad donde el gobierno no solo incumple con sus responsabilidades constitucionales, sino que es el principal obstáculo para revertir el proceso de descomposición que se da al interior de las instituciones que están obligadas a brindar seguridad y garantizar justicia. La población no sólo es víctima de este desangramiento, que lo enfrenta en medio de su soledad y su total indefensión, sino que ha experimentado lo más cruento, que las autoridades no están de su lado, que no tienen un verdadero compromiso con ellos y ellas, y que más bien, denigran su memoria, trivializan su dolor,  ignoran su lucha y se vuelven contra ellos y ellas, cuando levantan la voz, para denunciar estas atrocidades y responsabilizarlos de que estos crímenes se sigan consumando con total impunidad. Hemos tocado fondo y vivido tragedias que nos han marcado como un pueblo que sufre, que resiste, que se levanta para luchar, que no sucumbe ante la represión y la violencia y que tiene casta para defender las mejores causas del pueblo indómito de Guerrero. Un pueblo que nunca ha perdido la esperanza de que un día la justicia y la igualdad forme parte del paisaje arisco y encantador de este estado sureño.