Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*La postura de la ministra Sánchez Cordero sobre el aborto

La ministra Olga Sánchez Cordero es autora de una extraordinaria defensa de la despenalización del aborto y del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. En la discusión que se produjo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2008, a propósito de la constitucionalidad de las reformas realizadas en el Distrito Federal para despenalizar la práctica del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, la ministra Sánchez Cordero cuestionó los dogmas y prejuicios que suelen aflorar en este tema, y expuso un resumen de los argumentos que a lo largo de los últimos cincuenta años han derrotado las posiciones conservadoras en todo el mundo.
En la parte más explícita de su intervención, dijo que “todos los que han participado en las audiencias públicas, todos, han coincidido que nadie quiere practicar un aborto, todos los participantes han estado de acuerdo en que no es un problema fácil, todos han dicho que las mujeres no quieren abortar, todos han dicho que están a favor de la vida, si esa es la coincidencia ¿por qué penalizar?”.
Agregó: “Si estamos de acuerdo en que el aborto es un problema de tal magnitud y complejidad que nos rebasa como sociedad, ¿para qué encarcelar a las mujeres? Una manera eficaz de ayudar a las mujeres que abortan y dar una solución a ese problema social es despenalizar el aborto, legislarlo, sacarlo de la clandestinidad para poder enfrentarlo y poder remediarlo, al menos para conocer su magnitud real y para evitar todos los males que lleva consigo, como la muerte de muchas mujeres que abortan no por maldad, ni tampoco por delincuencia, sino por desesperación y porque la carga les es insoportable; al contrario, son mujeres que necesitan ayuda”.
Expuso que a las mujeres que abortan, “encima de la pena que ya tienen dentro y de la situación de gravedad que afrontan, se les impone la pena legal, no es humano pero es lo que deberían enfrentar y solucionar los legisladores civiles, no la moralidad o la inmoralidad del aborto”. Advirtió que “los daños sociales del aborto clandestino son inmensos, pero la penalización del aborto no va a remediarlo ni a desterrarlo, sólo va a hacerlo más hábilmente clandestino, así se oculte el problema a los ojos de la sociedad”.
En reconocimiento de la tolerancia social tácita que existe hacia el aborto a pesar de estar penalizado, como el hecho de que hasta en los hospitales públicos sean atendidas mujeres internadas por complicaciones derivadas de abortos mal realizados sin que ello origine una oleada de detenciones, explicó que “la ley que penaliza el aborto no se cumple, no se puede cumplir, y no hay manera de hacerla cumplir, no sólo agrava el problema, porque lo hunde en la clandestinidad, lo obliga a esconderse, lo que hace falta es enfrentar las causas que están haciendo imposible desterrar el aborto, implementar políticas públicas eficaces, educar en salud sexual y reproductiva, en una condición integral de salud, que comprenda todos los aspectos del ser humano. La ley debe responder, adecuarse a la realidad social que regula”.
Con conciencia de lo que decía y en una ejemplar muestra de solidaridad de género, recordó que “cuando una mujer pasa por un aborto, aun cuando éste sea decidido de manera rotunda, la cesación de ausencia es una tristeza, pero si además es provocado, el posible sentimiento de culpa aunado a la tristeza y la ausencia definitiva, es verdaderamente devastador, así en la más profunda soledad se toma esa decisión, que marcará para siempre su vida, y además de todo, se encuentra la amenaza de ser sujeta a un proceso penal y de ser privada de su libertad”.
Todo lo anterior manifestó la ministra, pero para los efectos prácticos de la iniciativa de despenalización que se discute en el Congreso de Guerrero, es de enorme utilidad reproducir el final de su discurso, líneas que dejan clara la responsabilidad de los legisladores: “Y por último quisiera parafrasear, solamente parafrasear, al estadista Valéry Giscard, para establecer mi postura personal. La ley civil debe hacerse compatible con el estado social, al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una República representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa del Estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad, para que sea respetada y pueda ser aplicable. Comprendo perfectamente el punto de vista de las distintas corrientes religiosas… y considero legítimo que esas iglesias pidan a sus feligreses que respeten ciertas prohibiciones, pero no corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social, aceptar el rechazo de la laicidad a través de imposiciones es borrar de tajo una de las características que está implícita en la esencia de una democracia moderna y que se refiere a otorgar un igual trato a todos los ciudadanos. No podemos propiciar la presencia de posturas morales que discriminan a las demás religiones ni tampoco equiparar a las autoridades eclesiásticas con las civiles, ni fundar el orden público en la moralidad de una  sola tendencia ética o religiosa, ni aceptar un vínculo sustancial previo de una concepción del bien que limite la soberanía del Estado”.
Pues bien: la ministra Sánchez Cordero fue invitada por los diputados locales del estado a exponer sus puntos de vista sobre el tema. Lo hizo el viernes pasado en un hotel de Acapulco, ante una docena de los legisladores que dictaminarán la iniciativa enviada por el gobernador Ángel Aguirre, que plantea despenalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación. Sin embargo, los diputados acallaron la voz de la ministra al impedir el acceso de la prensa al salón en el que se realizó el encuentro, de tal manera que –como informó este diario el sábado– se ignora qué les dijo. De los diputados que acudieron a escucharla, al salir ninguno dijo que la ministra haya defendido la despenalización y los derechos de las mujeres, y se limitaron a declarar vaguedades sobre el contenido jurídico del encuentro. Un tardío boletín del Congreso, que la redacción de este diario no alcanzó a incluir, también se quedó en la superficialidad de la intervención de la ministra.
Es obvio que en esa reunión Sánchez Cordero defendió la postura que expuso en el 2008. También es evidente que los diputados optaron por esconder sus palabras para no quedar comprometidos, dado el increíble avance que en la fracción del PRD –de cuyo voto dependía la aprobación de las reformas– han conseguido precisamente las posiciones más atrasadas que son criticadas por la ministra (ya no digamos en el PRI y en el PAN).
No parece que se pueda objetar razonablemente la postura de la ministra Sánchez Cordero, pero la altura y contundencia de sus palabras chocan con la pobreza intelectual y moral de los diputados guerrerenses, para empezar la de aquellos que impidieron que sus palabras fueran conocidas por la opinión pública. Por ejemplo, ¿qué puede hacer la sensibilidad de la argumentación de la ministra frente a la grotesca cerrazón de un David Jiménez Rumbo, patrón del Grupo Guerrero, cuya mentalidad se rige por su siguiente transa?

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