EDITORIAL

* En defensa de la libertad de expresión

 

La denuncia de hechos contra la reportera Maribel Gutiérrez y El Sur presentada por el ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alba Alvarez, es considerada por esta casa editorial como un acto intimidatorio que pretende coartar la libertad de expresión, y que no podemos pasar por alto.

Lo primero que debe decirse es que no hay materia para esa denuncia. El Sur no ha acusado de nada al también presidente de los ganaderos del estado, en relación con el asesinato de la abogada Digna Ochoa. Quien lo señala es un testigo anónimo, que solicitó mantenerse en esta condición para salvaguardar su integridad física.

En estos casos, nosotros creemos –con los periodistas profesionales de todo el mundo– que tenemos el derecho a mantener en secreto a nuestras fuentes de información.

No estamos aquí en presencia de un acto de irresponsabilidad periodística. Nuestro objetivo no es causar daño a una persona o a la sociedad, sino informar a ésta.

Es cuestionable también la actitud  del anterior equipo de investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que vino en plan intimidatorio a interrogar a la reportera como si ella fuese testigo del hecho revelado, y como si fuese objeto de la investigación.

Aquí lo reiteramos: todo lo que sabemos de la versión de que dos pistoleros de Petatlán fueron contratados para matar a la defensora de los derechos humanos fue publicado en las ediciones de El Sur de los días 5, 6, 7 y 8 y 9 de junio.

Esta es nuestra posición. Tuvimos una versión coherente y verosímil, que obtuvimos en el contexto de una ola de 14 asesinatos en Petatlán, y comparamos y complementamos con datos de otras fuentes con las que coincide, y decidimos publicarla.

No nos movió ningún interés que no sea el de informar a la sociedad, en este caso, darle a conocer una versión sobre un trágico acontecimiento que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional.  Corresponderá a investigadores policiacos serios y profesionales determinar no lo veerosímil de un trabajo periodístico, sino la verad de lo que pasó el 19 de octubre en un pequeño despacho de abogados de la ciudad de México.

Nosotros somos periodistas, y no podemos ser tratados como delincuentes. Exigimos al procurador Jesús Ramírez Guerrero una actuación imparcial y profesional en el caso. Las evasivas de subordinados suyos para darnos la información sobre la denuncia de hechos de Rogaciano Alba es reprobable y raya en la complicidad con el denunciante.

En contrapartida, agradecemos a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que encabeza Juan Alarcón Hernández, su disposición a apoyarnos y a brindarnos la asesoría jurídica pertinente.

Lo mismo decimos de la organización Reporteros sin Fronteras, que ya se manifestó en nuestra defensa, y de Amnistía Internacional, que escuchó el testimonio de la reportera Maribel Gutiérrez, así como de otras organizaciones no gubernamentales y de periodistas de México y del mundo que están pendientes del curso de los acontecimientos, de los cuales aquí advertimos a nuestros lectores.