Defiende Reporteros sin Fronteras el derecho al secreto de las fuentes

La organización Reporteros Sin Fronteras protestó por la cita que hizo el Ministerio Público a la reportera del periódico El Sur Maribel Gutiérrez para que declare sobre sus fuentes de información acerca del asesinato de la abogada Digna Ochoa.

En un boletín de prensa, la organización con sede en París expresó: “Cualquier periodista preguntado, con cualquier motivo, sobre las informaciones recogidas en el ejercicio de su actividad, tiene derecho a que se respete la confidencialidad sobre el origen de sus informaciones”, declaró el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard.

En el comunicado se explica que el periódico El Sur, que se edita en Acapulco, publicó el 5, 6, 7 y 8 y 9 de junio un trabajo sobre la versión de un testigo anónimo que informó que dos tiradores de la sierra de Petatlán fueron contratados para matar a la abogada Digna Ochoa.

A raíz de esta publicación, el 12 de junio, la reportera fue citada a declarar a la agencia del Ministerio Público de Acapulco, donde fue interrogada por agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que se encarga de la investigación del caso de la abogada asesinada en la ciudad de México el 19 de octubre de 2001.

Reporteros sin Fronteras critica que las autoridades de procuración de justicia “pusieron en cuestión sus fuentes para los artículos sobre el asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa”.

En el mismo boletín, Reporteros sin Fronteras se refiere al caso de dos fotógrafos agredidos por agentes del Estado, y dice que la organización “expresó su preocupación tras las agresiones sufridas por Inving Leftor Magaña, camarógrafo de Telemundo, canal de cable local del estado de Hidalgo, y Humberto Cásarez, del diario Imagen, que se edita en la ciudad de Fresnillo, estado de Zacatecas.

“En una carta dirigida a Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, Robert Ménard, secretario general de la organización, ha denunciado la multiplicación de los casos de agresiones y de amenazas a periodistas, y ha pedido que se abra una investigación sobre cada caso, porque podrían estar implicados agentes del Estado”.

Según Reporteros sin Fronteras, en el año 2001 se reseñaron 15 casos de amenazas y agresiones a reporteros en México.

“A pesar de que continúa habiendo una lenta mejoría en la situación de la libertad de prensa, algunos funcionarios y cargos electos, que no aceptan el papel de contrapoder de la prensa, siguen sometiendo a periodistas a actos de intimidación”, lamentó Robert Ménard.

Según las informaciones recogidas por Reporteros sin Fronteras, Inving Leftor Magaña, camarógrafo de Telemundo, canal de cable local, fue hospitalizado, el 24 de junio, tras haber sido agredido por policías municipales de Pachuca, Hidalgo. Sufre una fractura en la pierna izquierda. La agresión ocurrió cuando el periodista, lo mismo que otros veinte profesionales de la información, cubría una marcha de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas violentamente reprimida por elementos de la seguridad municipal. Según testimonios de los periodistas que se encontraban en el lugar, a Inving Leftor Magaña le agredieron de manera injustificada. El periodista presentó una demanda penal.

Por otra parte, Humberto Cásarez, del diario Imagen, que se edita en Fresnillo, Zacatecas, fue agredido el 31 de mayo de 2002, por el presidente del consejo directivo de la Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF), Gustavo Ramos, y el rector, Jesús Bonilla Elizondo. La agresión ocurrió después de que el diario publicara informaciones relativas a supuestos actos de corrupción, por parte de los directivos de la UAF. El periódico interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.

También según las informaciones recogidas por Reporteros sin Fronteras, Maribel Gutiérrez, del diario El Sur, que se edita en la ciudad de Acapulco, Guerrero, fue interrogada, el 12 de junio, por un agente del Ministerio Público, como parte de la investigación abierta sobre el asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa.

Esta diligencia se produjo tras la publicación en las páginas de El Sur, de una serie de notas sobre los presuntos asesinos de Digna Ochoa, informaciones que desconocía el Ministerio Público, y que no logró verificar.

Durante la comparecencia, la periodista se negó a revelar la identidad de sus fuentes.

Días antes, algunos agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal y del estado de Guerrero irrumpieron en la redacción de El Sur y presionaban para hablar con el director, Juan Angulo Osorio.