Las organizaciones transportistas, por muchos años alianza “natural” del PRI

 * El gremio era fundamental para el sistema, pues era la posibilidad de tener movilización durante la campaña: vehículos para los innumerables mítines a lo largo del proceso electoral y el día mismo de la elección

 Aurelio Peláez * A mediados de 1992, el entonces senador Rubén Figueroa Alcocer emplazó al gobernador José Francisco Ruiz Massieu: “Córrelo”.Se refería al director de Transportes, Neftalí Gracida Guerrero, quien había incumplido compromisos de Figueroa, como presidente del PRI, con organizaciones de taxistas y transportistas en el estado, de otorgar concesiones como parte de las campañas para diputados federales y senadores de julio de 1991.Las del 91 fueron las elecciones de Figueroa, las que le llevaron a la senaduría y le allanaron el camino a la candidatura al gobierno del estado. Unos meses antes de las elecciones convocó a las organizaciones de transportistas y taxistas en el hotel Jacarandas, en Chilpancingo, y les pidió su apoyo para la campaña del PRI.Figueroa era entonces coordinador de los diputados federales guerrerenses y ya se veía venir como el candidato inobjetable del grupo en el poder. Transportista él, contaba con todo el apoyo de su gremio y, como tal, su palabra estaba en deuda –y en duda– con ellos.En esa reunión en un salón del hotel Jacarandas había ofrecido: “El partido sabrá agradecer su apoyo”. Se refería, por supuesto, a la entrega de más concesiones a las organizaciones de transportistas de la entidad. Y les pidió un esfuerzo adicional: “Convenzan a sus compañeros, a sus familias para ir a votar por nuestro partido”. Ahí mismo el medio centenar de organizaciones de transportistas y taxistas entregaron a Figueroa Alcocer, y a Gracida Guerrero, presente en la reunión como testigo de calidad de ese pacto, las listas con los miembros que tenían derecho a una concesión. Era el sello del pacto político.Y el PRI ganó en 1991 las diez diputaciones federales y la senaduría, pero las nuevas concesiones no llegaban a las organizaciones de transportistas. En esa reunión con Figueroa, Ruiz Massieu se comprometió a investigar qué pasaba en Transportes. Pero no pasó nada. Gracida Guerrero era protegido, entre otros, por su hermana Maricela Ruiz, y tenía la simpatía de otros miembros de su gabinete, como Jesús Ramírez Guerrero, el secretario general de Gobierno.Unos meses después de esa entrevista, en septiembre y octubre de 1992, organizaciones agremiadas a la Federación de Taxistas y Transporte Liviano de Guerrero, que lidereaba Ignacio Sevilla, entre otros, comenzaron lo que serían los primeros bloqueos de transportistas a la ciudad de Acapulco. Pedían la remoción de Gracida Guerrero, a quien acusaban de vender las concesiones sin tomar en cuenta a las asociaciones de transportistas y taxistas. En noviembre, Ruiz Massieu cedió y destituyó a Gracida, y se le encontró responsabilidad en la entrega irregular de concesiones. Fue inhabilitado para ser servidor público por la Contraloría estatal por nueve años, sin que se le fincara responsabilidad penal alguna por peculado o ejercicio indebido de funciones. El delegado de Gracida en Acapulco fue Natividad Salas Estrada, el ahora colaborador del coordinador del Plan Puebla Panamá, Florencio Salazar Adame.Se calcula que en los tres años que pasó Gracida al frente de la Dirección de Transportes del estado se otorgaron unas 5 mil nuevas concesiones: camiones del transporte urbano, taxis, combis y, sobre todo, una gran cantidad de microbuses. Fue, evalúan dirigentes, el principio del caos del servicio del transporte en Guerrero.A finales de ese año Figueroa fue destapado como el candidato del PRI a la gubernatura del estado. Los primeros en acudir a su encuentro fueron los transportistas. En un acto a principios de diciembre, en un salón del hotel Las Hamacas, Figueroa es llamado “el hermano mayor” de los transportistas.

 La alianza PRI-gobierno y transportistas, a la baja

 Según relata un ex director de Transportes, quien pidió omitir su nombre, entre las diversas organizaciones de transportistas y taxistas se da un constante estira y afloja con lo que sería hasta hace unos años su alianza natural: el binomio PRI-gobierno.Antes de cada elección, el presidente del PRI, el candidato a gobernador o el gobernador, convocaban a la unidad política a taxistas y transportistas, y en diversos actos pedían su colaboración. La función del gremio era fundamental; se trataba de la posibilidad de tener movilización durante la campaña: taxis y autos para los innumerables mítines a lo largo de la jornada electoral y el día mismo de la elección.A cambio, los representantes del gobierno estatal reciben las listas reelaboradas de los aspirantes de cada organización a nuevas concesiones. Con ello, los líderes se afianzan en sus gremios y organizaciones.Otra variante más de esta relación es el otorgamiento de puestos de elección para sus dirigentes, aunque en el caso de los taxistas han sido cargos menores: José Luis Torreblanca, de la Costeg, fue diputado local y es ahora líder estatal de la CTM; Vicente Trujillo Sandoval, de una fracción de la Federación de Taxistas y Transporte Liviano, fue regidor: René Morales, de la Costeg, fue regidor; Joel Radilla Patiño, de la OUAA, fue regidor. En su disputa, han dejado en el camino a Jesús Jaimes Valenzo, de la OUAA, para quien esa organización pidió una candidatura a regidor en la planilla del candidato del PRI a presidente municipal, Ernesto Rodríguez Escalona, e Ignacio Sevilla.“Ahora, con la competencia electoral, las organizaciones de taxistas son factores de presión no sólo en el PRI, sino en otros partidos”, narra el ex funcionario. Y es que en el PRD, la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), que en menos de un sexenio se ha extendido a lo largo de todo el estado, también ha colocado en puestos de elección a dirigentes, como el ahora ex perredista Proceso González Calleja, quien fue diputado local, así como su dirigente estatal, Apolinar Segueda Dorantes.Sin embargo, este sería un caso diferente, dado que la UTD en los hechos ocupó las nuevas rutas que surgieron en los últimos años, las que eran menos rentables para las organizaciones tradicionales de taxistas y transportistas.A la par, han surgido nuevas organizaciones no priístas, también a partir de ocupar rutas no cubiertas (con camionetas), y operando al principio sin las concesiones, como el Frente Común de Transportistas del estado, que agrupa a unos 8 mil afiliados, y dirige el ex perredista y priísta Rogelio Hernández Cruz.“En épocas electorales existe la presión de estos grupos hacia las autoridades y los partidos, para negociar nuevas concesiones; son alianzas que se dan a futuro, pero ahora inestables”, reconoce el funcionario.Una cada vez mayor fiscalización de la sociedad sobre la forma de asignar concesiones, la sobresaturación de permisos y rutas, y el que haya una fiscalización no priísta a los actos del gobierno estatal, han impedido, por lo menos al binomio PRI-gobierno, atraer a estas organizaciones hacia sus campañas.Por lo menos, ya no con la misma efectividad que en los procesos electorales anteriores.