Documentos oficiales: en tres años de René Juárez se dieron 939 concesiones

 * Hay versiones de que está en marcha proceso para entregar otros 368 permisos * La Ley de Transporte y Vialidad indica que primero debe hacerse un estudio socioeconómico

Karina Contreras * Sin que se haya emitido declaratoria de necesidad del servicio público en el puerto, en tres años que lleva el gobierno de René Juárez se han entregado 939 concesiones de taxis.De dichos permisos, 592 fueron para los depurados del padrón; 310 entregados sin depuración; 23 están sujetos a investigación pero trabajan, y 14 más fueron otorgados a organizaciones del transporte.Todas estas concesiones se repartieron cuando estuvieron como directores de Transportes Juan Larequi Radilla, Rosalío Navarrete Ureña y Antonio Arredondo Aburto.Según documentos –de los cuales tiene copias El Sur– en el último dictamen se autorizaron “644 concesiones para el servicio público de transporte, las cuales se dividieron en la siguiente forma: 319 para taxis azules, 163 para taxis amarillos, 100 para taxis blancos (zona suburbana, con jurisdicción hasta Las Cruces) y 62 para el servicio mixto de ruta”.Con esto, según el padrón –del cual también tiene copia El Sur– hasta el reparto de 1992 el número económico quedaría en 2 mil 890. Pero después de cinco años, según el Periódico Oficial de Guerrero, en 1997 se autorizaron 319, por lo que el número quedó en 3 mil 209.En esa ocasión, siendo César Flores Maldonado director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, se entregaron 268 permisos a trabajadores depurados del año 1978; además de que sin depurar se dieron 51 a supuestas viudas de taxistas.Asimismo, fuera de convocatoria la Dirección de Transportes entregó 42 más, por lo que el número quedó en 3 mil 251.

 Debe haber estudios socioeconómicos  

Pero el artículo 41 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero señala que “el establecimiento de un servicio público de transporte deberá fundamentarse en estudios socioecónomicos, operativos y urbanos que acrediten la necesidad colectiva”. Dichos estudios deberán ser elaborados por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.Asimismo, el artículo 245 de la misma ley señala que la “declaratoria de necesidades o el dictamen de necesidades de transporte es el instrumento previo a la asignación de concesiones para prestar, operar y explotar el servicio público en el estado”.Agrega que una vez hecho el estudio se publicará una declaratoria o dictamen de necesidad, lo cual no se ha llevado a cabo desde hace casi 5 años, pues la última declaratoria fue el 11 de noviembre de 1997.Antes de que se publicara en el Periódico Oficial de Guerrero, el 27 de septiembre el gobierno del estado dio a conocer los nombres de los taxistas que serían beneficiados con la depuración.El presidente de la Red de Transportistas en el Estado de Guerrero, Cirilo López Sánchez, indicó que actualmente están por entregarse 368 concesiones a verdaderos trabajadores del volante que han sido depurados.Pero –agregó–, los que se hacen llamar Los cinco grandes del transporte –y que según ellos controlan todo el estado–, como el presidente de la Federación de Taxistas y Transporte Liviano del Estado de Guerrero, Felipe Bello Espíritu; Evaristo Carbajal Vega, e Ignacio Sevilla Díaz; el secretario general de la Costeg, Benjamín Salgado Adame, y el presidente de la Coalición Mixta de Transportistas del Estado de Guerrero, Fortino Cruz Ramírez, en reuniones con autoridades han solicitado más permisos.Estos –añaden– se repartirían de la siguiente manera: 100 para la asociación de Bello Espíritu; 80 para Jesús Jaimes Valenzo; 40 para la de Ignacio Sevilla Díaz; 40 para la coalición que dirige Fortino Cruz; 40 para la Costeg; 2 para Apolinar Segueda Dorantes, de la UTD (por no tener fuerza en el puerto); 2 para la Red de Transportistas que dirige Cirilo López; una para la Organización de Transporte Urbano y Suburbano, de Gustavo Radilla, y una para la Organización de Choferes Marginados, que dirige Carlos Bibiano Vázquez.El líder transportista señala que las acciones que se están dando no se sujetan a la ley, y no se respetan los consejos consultivos que creó el gobernador René Juárez el 29 de junio de 1999 en todas las regiones, los cuales fungirían como órganos de consulta para “favorecer la coordinación entre las distintas dependencias y entidades públicas en el estudio de los problemas del transporte y medio ambiente”.López Sánchez señala que en estas negociaciones con las autoridades se deja fuera a los demás transportistas, “cuando claramente se establece que los consejos consultivos deben estar integrados por un coordinador designado por el consejo Técnico de Transporte y Vialidad del estado, por los presidentes municipales de cada región, por los representantes regionales de las secretarías de Planeación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo Rural y por los delegados de gobierno entre otras dependencias”. También deben estar conformados “por todos los representantes de las distintas organizaciones de transportistas en sus diversas modalidades”, dice López Sánchez.“En ningún momento dice que las decisiones la van a tomar cinco líderes que dicen representar a todo el estado”, afirmó.

 Procedimientos para entregar concesiones

 Aunque se habla de que en este periodo –con un proceso electoral en marcha– el gobierno del estado pretende entregar 368 permisos, hasta la fecha no ha habido un estudio socioecómico ni se ha emitido una declaratoria de necesidades en el puerto, a fin de justificar la expedición de los documentos.Según el artículo 245 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, la declaratoria de necesidades es el instrumento previo a la asignación de concesiones para prestar, operar y explotar el servicio público del transporte.Señala que una vez determinada la necesidad, luego de los estudios técnicos correspondientes, se publicará una declaratoria.El artículo 246 indica que “no podrá aprobarse ninguna concesión sin el estudio técnico correspondiente”.Después de la declaratoria de necesidades debe haber una depuración pública –exigida en el artículo 53 de la ley de Transporte y Vialidad– ante todos los solicitantes de ese servicio en la localidad.Posteriormente, según el artículo 253, una vez acreditada la antigüedad de los solicitantes por el procedimiento de depuración, se integrará un padrón único organizado de mayor a menor antigüedad.El artículo 254 señala que las “concesiones que se determine otorgar se entregarán a los trabajadores más antiguos, conforme al orden establecido en el padrón”.Pero Cirilo López Sánchez afirma que muchos permisos no han sido entregados a los verdaderos transportistas, sino a gente que tiene el dinero para comprarlos y que después hace negocios con ellos.

En los recientes bloqueos efectuados por choferes, éstos han exigido al gobierno estatal que cancele concesiones irregulares, y que antes de volver a dar se hagan los estudios de necesidades.Para esto, el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero faculta al gobernador, en la fracción XXXV, a “otorgar o cancelar concesiones de servicios públicos”.Pero también la Ley número 433 Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, señala en el artículo 20 que “la Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del estado, correspondiéndole el despacho de los asuntos”, entre los que destaca, en la fracción XXX, “otorgar, revocar o modificar las concesiones y permisos necesarios para la explotación de carreteras y vialidades de jurisdicción estatal, así como ejercer, en su caso, el derecho de revisión”.La XXXII le faculta para “regular la concesión y explotación del servicio público de transporte en las vialidades de jurisdicción estatal”.El presidente de la Red de Transportistas, Cirilo López Sánchez, exigió que ya no se otorguen más concesiones, sino hasta dentro de 10 años, pero sólo si es necesario. Aseguró que hay una saturación en el transporte de taxis azules en Acapulco, ya que hay 4 mil 190 unidades.