Arturo Martínez Nateras

Juicio penal a Echeverría; justicia para los comunistas

 (Primera de tres partes)

Licenciado Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación.

Licenciado Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del DF.

Licenciado Bernardo Bátiz, procurador general de Justicia del Distrito Federal.

Doctor Ignacio Carrillo Prieto, Fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado.

Al pueblo de México:

1) El pasado 11 de junio del 2002 declaré formalmente ante la Fiscalía Especial. Hoy además de la formalidad jurídica me dirijo a ustedes formalizando algunos reclamos políticos e históricos.  Es muy importante que el  Presidente Vicente Fox haya declarado al anunciar la ley de acceso a la información: “Como dije hace unos días, esta Ley además señala que no podrá invocarse la reserva cuando se trate de violaciones graves a los derechos fundamentales. Bajo ningún concepto vamos a encubrir a quienes cometan estos crímenes, en esto no hay prescripción que valga”.

Denuncié, acusé; denuncio y acuso a Luis Echeverría Alvarez como presunto responsable de los delitos de lesa humanidad, de abuso del poder, de exterminio, secuestro y genocidio. Echeverría ha sido el más sanguinario y perverso de los presidentes y funcionarios del México de la segunda mitad del siglo XX. En relación al movimiento estudiantil y a otros movimientos sociales Luis Echeverría Alvarez actuó con premeditación, alevosía y ventaja. Ordenó reprimir, asesinar, desaparecer, encarcelar, provocar, acosar, difamar deliberadamente. El mismo ex presidente es el responsable principal de los crímenes de Estado contra los guerrilleros o sospechosos de serlo. Sin duda el más perverso entre todos los perversos es Luis Echeverría Alvarez quien gracias a dios vive y es él precisamente él quien debe ser sometido ante los tribunales por los crímenes de lesa humanidad cometidos, ordenados y preparados por él.

2) Desde mi conocimiento personal sé que uno de los límites de partida del Fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado puede ser el primero de mayo de 1952, cuando con motivo de la Conmemoración del Día Internacional del Trabajo, una manifestación fue reprimida, provocada, balaceada. Entonces murió el joven estudiante comunista del IPN, Luis Morales, balaceado por un soldado debidamente identificado. Un poco antes un mural de Diego Rivera en la SEP fue clausurado. A partir de entonces se inicia una nueva conducta presidencial ante los movimientos sociales y especialmente frente a los comunistas mexicanos. Desde ese momento como resultado del giro a la derecha de la Presidencia de México, de la guerra fría, del anticomunismo internacional, los comunistas fueron colocados como un enemigo a exterminar. Los comunistas encarcelados fueron procesados, juzgados y encarcelados por el delito de disolución social. Desde entonces las fuerzas democráticas levantaron la demanda de derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, uno de los seis puntos del pliego de demandas del Consejo Nacional de Huelga en 1968.

3) Solicito una línea especial de investigación y de trabajo que se concentre en los delitos que se pudieron haber cometido en contra de los comunistas mexicanos. La relación de crímenes es larga como lo acreditan los documentos que entrego a esta Fiscalía. Enumero algunos de ellos: Luis Morales, Román Guerra Montemayor, Rubén Jaramillo, su esposa Epifania embarazada, sus tres hijos y antes su hermano, también dirigente agrarista; el 23 de mayo de 1962,  Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón en Puebla; Odilón Vázquez en Matías Romero, Oaxaca, Alfredo Palacios en Reynosa. Uno de los casos más lamentables y deplorables es el asesinato por torturas, del maestro Hilario Moreno Aguirre, el 5 de enero de 1975, en los separos de la policía del DF y todavía el 22 de febrero de 1978 es acribillado Carlos Hernández Chavarría. Los asesinatos constituían el remate de una política sistemática de expulsión de los comunistas de los grandes centros fábriles, de espionaje, de acoso, de infiltración y difamación, de cárcel y de permanente provocación.

¿Quién ordenó asesinar a Rubén Jaramillo y a  su familia? ¿Quién ordenó liquidar a Joel Arriaga y a Enrique Cabrera en Puebla? ¿Quien ordenó la invasión militar en las universidades; dos ocasiones, en 1963 y 1966 la michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la de Sonora en 1967, la UNAM el 30 de julio, el 18 de septiembre del 68, el IPN en 1956 y el 23 de septiembre del 68? ¿Quién  le ordenó al ejército mexicano reprimir y suspender la marcha estudiantil por la Ruta de la Libertad en febrero de 1968, provocar y atacar a los estudiantes el 26 de julio, ocupar el centro de la ciudad de México en julio, el Zócalo el 27 y 28 de agosto y masacrar el 2 de octubre? ¿Quién ordenó atacar a los presos políticos en enero de 1971 cuando teníamos ya 30 días en huelga de hambre? ¿Quién reprimió a los estudiantes el 10 de junio? ¿Quién ofreció una y otra vez, reiteradamente desde el poder, investigar hasta las últimas consecuencias? ¿Quién ordenó ejecutar en Lecumberi a Pablo Alvarado?…

No hay ninguna duda. No la puede haber. El gobierno mexicano hizo del anticomunismo uno de los pilares de su política de guerra fria, de exterminio, de contrainsurgencia.

Suman años, siglos, los aportados a la democracia por los comunistas y los acusados de serlo, presos como fueron: Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Othón Salazar, Nicandro Mendoza, David Alfaro Siqueiros, don Filomeno Mata, José Revueltas, Ramón Danzós Palomino, Carlos Sánchez Cárdenas, Miguel Aroche Parra, Rafael Aguilar Talamantes, Joel Caro, Efrén Capiz, Sebastián Dimas Quiroz, Ramón Martínez Ocaranza; todos los del 68 y muchísimos más…

Los comunistas mexicanos fuimos los primeros procesados por disolución social, los primeros en ser detenidos el 26 de julio del 68 y los últimos excarcelados por este movimiento, el 20 de diciembre de 1971.

4) Reclamo de esta Fiscalía una resolución, producto de una concienzuda averiguación, mediante la cual los nombres de los comunistas asesinados, presos y perseguidos sean inscritos en el libro de los luchadores por el México que anhelamos. El país, ellos que ofrendaron sus vidas, sus familiares y sus hijos, la juventud mexicana deben conocer que las libertades actuales tan limitadas como se aprecien pero esas libertades han sido regadas con la sangre y el sudor, con la cárcel, con las convicciones y los ideales de los comunistas mexicanos. Ellos y nosotros, yo, actuamos con patriotismo, audacia, entrega y desinterés.

–Exijo que el gobierno formalmente declare que los comunistas mexicanos, los luchadores por el socialismo, los estudiantes, los dirigentes sociales y políticos han prestado al país un gran servicio positivo, activo y propositivo en la conquista de nuevas libertades democráticas, en el debilitamiento de la represión y de la impunidad.

–Una de las medidas para reparar los daños que se han infligido a los comunistas y a todos los luchadores de izquierda es crear un grupo de trabajo dotado con los suficientes recursos fiscales para que preparen y escriban la Enciclopedia de la Izquierda Mexicana. Esto sin renunciar a una justa, pública y social reparación de los daños materiales y morales.

–Reclamo una exhaustiva investigación que culmine con la relación de todos los mexicanos encarcelados por motivos políticos y que se coloque, en la catedral de la prisión política, en Lecumberri, una placa con todos los nombres de quienes fertilizaron con cárcel los avances en las libertades democráticas.

–Propongo que sea eregido un memorial público nacional a todas las víctimas mexicanas de la represión política y social.