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Paga el gobierno de Oaxaca 15 millones a activistas de la APPO

Virgilio Sánchez / Agencia Reforma

 

Oaxaca

 

El gobierno de Oaxaca pagó el año pasado 15 millones de pesos a activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que sufrieron agresiones durante el conflicto de 2006.

La Secretaría de Gobierno informó, por orden del Instituto Estatal de Acceso a la Información, que estos recursos fueron entregados a 86 appistas.

Detalló que los beneficiarios son 15 mujeres y 71 hombres.

La dependencia estatal no detalló los montos, pero se calcula que cada activista recibió más de 174 mil pesos.

La administración del Gobernador Gabino Cué obtuvo los 15 millones de pesos de la partida presupuestal número 303AF, definida como “recursos propios de la Secretaría General en la Partida de Ayudas Diversas”.

Argumentó que con este monto pagó la reparación de los daños de las personas que fueron víctimas de algún tipo de violencia por el conflicto del 2006.

Hace seis años, en Oaxaca se suscitó un conflicto político y social, el cual encabezó el magisterio y la APPO, ambos reclamaban la renuncia del entonces Gobernador Ulises Ruiz.

Durante 5 meses, estas agrupaciones tomaron el control de la capital oaxaqueña, quemaron decenas de camiones del transporte público, secuestraron las señales y las instalaciones de varias radiodifusoras privadas, así como del canal de televisión gubernamental.

Los manifestantes tomaron bajo su poder los edificios de los Tres Poderes del Estado. Ulises Ruiz despachaba a salto de mata, en su avión o el hangar.

El año pasado, derivado de este pago de 15 millones de pesos por parte de Cué, los appistas se dividieron en dos grupos en una disputa por el dinero.

 

Denuncian desaparición de comunero en Zimatlán

 

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, denunció la desaparición de un comunero de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, quien cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La desaparición de Francisco Jiménez García se da en el marco de un nuevo incendio presuntamente provocado por habitantes de San Sebastián Nopalera, quienes mantienen un conflicto agrario con la comunidad de Zimatlán por la disputa de 415 hectáreas.

Los inconformes amenazaron que, en caso de que las autoridades federal y estatal, no atiendan este conflicto, iniciará una movilización hacia al palacio de gobierno de Oaxaca.

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