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Turna el Congreso a comisiones la petición de auditar al gobernador

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los diputados locales del PRI prefirieron abstenerse y turnar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el punto de acuerdo presentado por el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez para solicitar a la Secretaría de la Controlaría y Desarrollo Administrativo (Secodam) del gobierno federal y a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión, que audite al gobierno de René Juárez Cisneros.

De acuerdo con los tiempos legislativos el punto de acuerdo del perredista se congelaría luego de que la presentación del dictamen es poco probable, dado que este 30 de junio termina el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional y entra en receso, donde sólo trabajará al Comisión Permanente hasta entregar el Congreso el próximo 15 de noviembre a la 67 legislatura, es decir a los nuevos diputados locales que serán elegidos el 3 de octubre.

Al comenzar su intervención, De la Rosa matizó su propuesta: “No aseguro que haya desvíos de recursos o actos de corrupción de parte del gobernador René Juárez Cisneros, sino presumiblemente, por eso debemos pedir la intervención de la Secodam y la Auditoria Superior de la Federación (ASF)”.

El perredista insistió: “No se trata de una acción en contra del gobernador, sino que se trata de dar transparencia al uso de los recursos federales”. Nadie de los priístas le respondió.

Sebastián de la Rosa propuso en su punto de acuerdo que la Secodam y la ASF, practique una revisión administrativa y financiera a la administración pública del gobierno de René Juárez Cisneros, respecto de la ejecución de recursos de carácter federal, transferidos o reasignados a Guerrero por la federación, correspondientes al año fiscal de 2001 y al primer semestre de 2002.

El perredista argumentó que en la revisión de la Cuenta Pública del gobierno estatal, no se han tenido comprobantes de gastos, tampoco el cotejo de los gastos con las metas alcanzadas o propuestas en los programas, ni los documentos detallados de cada uno de los programas aplicados. Dijo que a los diputados sólo se los pasaron en una lista de una cuartilla.

Criticó que el PRI sólo en el discurso maneje que lucha contra la corrupción y la impunidad, y que en el Congreso del Estado la mayoría priísta asumió el costo político y social en defraudar a la sociedad.

Señaló que a menos de cinco meses de que termine la 56 Legislatura, la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano técnico de fiscalización del Congreso local, no ha podido ni querido ejercer su facultad.

Sebastián de la Rosa se refirió –sin precisar a qué diagnóstico aludía– que en el análisis de la Cuenta Pública estatal la propia Contaduría expone: “Unicamente se emite dictamen con base a un informe global presentado por el Ejecutivo. No se reciben cuentas públicas ni se efectúan revisiones físicas. Solamente se revisan documentalmente las cuentas de los ayuntamientos”.

En el mismo diagnóstico de la Contaduría, continuó el diputado De la Rosa, señala: “este análisis nos permite concluir que la situación del Organo Técnico de Control y Fiscalización del H. Congreso del Estado es crítica, ya que solamente da cumplimiento cabal alrededor del 15 por ciento de sus atribuciones (4 de 27) y en nueve más, que constituyen el 33 por ciento, su participación es parcial. Por su parte, 14 de 27, representativas del 52 por ciento, son atribuciones que no han sido atendidas hasta la fecha”.

Vino la votación y los diputados del PRI se abstuvieron. Eso provocó que el presidente de la Mesa Directiva por el mes de junio, el priísta Jorge Figueroa, turnara el punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Antes de la presentación de este punto de acuerdo, se dio primera lectura al dictamen por el que se aprueba la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal, del gobierno de René Juárez Cisneros sobre el ejercicio fiscal del 2001. 

Se desecha denuncia contra el alcalde y las síndicas de Acapulco 

En otro asunto del orden del día, sólo con el voto en contra de la diputada perredista Olga Bazán, el resto de los diputados del PRD, PRI, PAN y PRS desecharon entrar al análisis de la denuncia de responsabilidades administrativas interpuestas por Gerarda Toscano Colón (se desconoce el motivo pues no se dio copia a los reporteros del dictamen), en contra del alcalde Zeferino Torreblanca Glindo y las síndicas Gloria Sierra López y Adela Román Ocampo, el ex secretario de Finanzas, Carlos Alvarez Reyes, el secretario general Guillermo Ramírez Ramos, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Guillermo Torres Madrid, y los ex funcionarios Juan Perea Rodríguez y Onésimo Bustos Salinas.

En la votación del dictamen sobre el juicio político al alcalde y síndicas de Acapulco, la diputada perredista Olga Bazán fue la única que votó en contra del dictamen de exoneración. Los 29 diputados restantes los hicieron en a favor.

Por su voto fue reconvenida por su coordinador parlamentario De la Rosa Peláez y los perredistas Isaac Carachure y Esteban Mireles. Olga Bazán no explico los motivos de su voto.

 

Los integrantes de la Comisión Permanente y de la Instaladora de la nueva Legislatura

 

En la votación de la Comisión Permanente que entrará en funciones a partir del primero de julio, quedaron: como presidente, del PRI Roberto Torres Aguirre; vicepresidentes, del PRD, Abel Salgado y José Isaac Carachure; secretarios, del PRI, Rosaura Rodríguez Carrillo y del PRD, Severiano Jiménez; secretarios suplentes, del PRI, Ernesto Vélez Memije y del PRD, Misael Medrano Baza.

Vocales, del PRI Héctor Apreza Patrón, Juan Salgado Tenorio, José Luis Román, Ernesto Sandoval, Moisés Villanueva, Oscar Rangel, y Enrique Camarillo Balcázar; del PRD Sebastián de la Rosa, Rosario Merlín García, Benjamín Sandoval Melo y Juan García Costilla; del PAN, Angel Pasta Muñúzuri, y del PRS, Demetrio Saldívar Gómez.

También se integró la Comisión Instaladora de la 57 Legislatura local que iniciará el próximo 15 de noviembre: como presidente quedó el presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón; como secretarios propietarios, Ernesto Sandoval Cervantes, del PRI, y Misael Medrano Baza, del PRD; como secretarios suplentes, Demetrio Saldívar Gómez, del PRS, y Angel Pasta Muñúzuri, del PAN.

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