En la actividad política, funcionarios involucrados en Aguas Blancas

Alfredo Mondragón * El 28 de junio de 1995, cerca del poblado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21, por efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Los campesinos se dirigían a Atoyac de Alvarez, a exigir la presentación de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, desde esa época desaparecido, y la entrega de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros insumos agrícolas para comunidades de cinco municipios de la Costa Grande.

Más de 400 policías los estaban esperando para detenerlos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por los principales funcionarios del área policiaca del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.

Figueroa y los principales funcionarios de su gobierno fueron señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como responsables de las violaciones a las garantías el 28 de junio de 95 y en los días siguientes para encubrir los hechos y desviar la investigación.

Estos son algunos de los implicados en la masacre, y su situación actual.

El ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que según declaraciones de policías detenidos ordenó detener a “toda costa” a los campesinos de la OCSS, actualmente se dedica a sus negocios y es considerado el hombre más poderoso e influyente de la política en el estado.

El ex secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, actualmente se desempeña como coordinador de la campaña del candidato del PRI a presidente municipal de Acapulco, Ernesto Rodríguez Escalona, en el distrito 05.

El ex subsecretario de Finanzas, Héctor Vicario Castrejón, negociador del ex gobernador y considerado el “hombre del maletín”, que ofrecía dinero a las viudas y sobrevivientes a condición de que declararan a favor del gobierno, actualmente es senador.

El primer fiscal especial del caso, Adrián Vega Cornejo, actualmente se desempeña como abogado y tiene su despacho jurídico en Chilpancingo.

El entonces procurador general de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, al parecer se desempeña como asesor del Congreso del Estado.

El ex director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, es director de la Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado.

El ex agente determinador del Ministerio Público central en Acapulco, Elías Reachi Sandoval, es gerente general de Transportes Figueroa, propiedad del ex gobernador.

 El ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Soto Mayor Espino, que estuvo en prisión y fue liberado tras ganar un amparo concedido por la magistrada Xóchilt Guido Guzmán, actualmente es abogado y tiene su despacho en la capital del estado.