Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

Aguas Blancas: año siete

Este 28 de junio se conmemoran siete años de la masacre de Aguas Blancas, en un contexto distinto. Por un lado, se ha creado la Fiscalía Especial para investigar los casos de desaparecidos durante la guerra sucia de los años setenta y, por otro lado, se han abierto los expedientes secretos que obran en poder de las instituciones de inteligencia y seguridad nacional del gobierno mexicano, cuyos archivos se encuentran depositados en el viejo Palacio de Lecumberri.

Este nuevo ambiente permite que la masacre de Aguas Blancas no quede en la impunidad como hasta ahora ha sucedido, pese a los sentimientos de culpa que Rubén Figueroa relata en la entrevista que publica Juan Cervantes en El Universal (23 de junio de 2002) y en las entrevistas que publica Hugo Pacheco en este diario.

Ante la magnitud de la masacre, el 17 de julio de 1995, cuatro legisladores perredistas acudimos al Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington DC., para presentar ante la directora de este organismo, la magistrada venezolana, Edith Márquez Rodríguez, quien junto con otros magistrados nos recibió el voluminoso expediente que llevamos que demostraba que el crimen de Aguas Blancas era un genocidio planificado y dirigido desde el Palacio de Gobierno estatal.

Por cierto, que en ese momento, el embajador mexicano en Washington era Jesús Silva Herzog, quien nos recibió al entonces senador Félix Salgado Macedonio y a tres diputados federales: Leonel Godoy, actual secretario de Gobierno de Michoacán; Jesús Zambrano, ex secretario general del PRD y a un servidor, quienes aprovechamos nuestra estancia en la capital estadunidense para entrevistarnos con la prensa nacional e internacional acreditada en esa ciudad, y visitar diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos. Para hacerle justicia al licenciado Silva Herzog, tengo que decir que la embajada mexicana nos ayudó en toda la operatividad de nuestra provechosa visita.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su informe 49/97 recomendó: “Ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en consecuencia se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.

La CIDH de la OEA concluyó con este informe que la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero había ocultado las pruebas aportadas durante la investigación, de tal modo que había exonerado al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, al secretario General de Gobierno, Rubén Robles Catalán, al procurador de Justicia del Estado, Antonio Alcocer Salazar, al director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, y al general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, quien también participó en la planificación de esta masacre.

Otros organismos internacionales como el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, y diversas ONG de derechos humanos, emitieron sendas resoluciones de protesta que obligaron a Ernesto Zedillo a solicitar, el 4 de marzo de 1996, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que elaborara un informe de este asesinato colectivo.

Los ministros de la SCJN emitieron el 23 de abril de 1996, un valioso informe donde demostraban graves violaciones a las garantías individuales y dejaban constancia de la parcialidad con la que había actuado la Procuraduría de Justicia del Estado, y demandaban que se iniciara un juicio penal y político contra Figueroa, que la mayoría priísta de ese entonces en la Cámara de Diputados federal impidió que procediera.

Ante la tormenta de evidencias, de la emisión por Televisa del video de Aguas Blancas y de la presión nacional e internacional, el 12 de marzo de 1996 Rubén Figueroa tuvo que pedir licencia y en su lugar la Secretaría de Gobernación designó a Angel Aguirre Rivero para concluir su periodo, y a René Juárez Cisneros como presidente del PRI.

Rubén Figueroa sigue siendo el poder tras el trono en el estado de Guerrero. Basta leer las crónicas de la visita de Roberto Madrazo el pasado fin de semana a Guerrero, para darnos cuenta de su inmenso poder dentro del priísmo.

Sin embargo, nosotros no podemos quitar el dedo del renglón. En este nuevo ambiente en el cual se pretende acabar con la impunidad y castigar a los responsables de la guerra sucia, hay que apoyar la reapertura del caso de Aguas Blancas en el ámbito federal de la Procuraduría General de la República, ya que las autoridades judiciales del estado de Guerrero son juez y parte de este alevoso crimen.