Ni un paso en la investigación de Aguas Blancas, reabierta en la PGR

* El abogado, uno de los representantes legales de los dirigentes de la OCSS que presentaron la denuncia, habla de la falta de interés del gobierno federal en el caso “por su alianza con el priato”

 Maribel Gutiérrez * Aunque formalmente el caso Aguas Blancas fue reabierto, en la Procuraduría General de la República, con el número de averiguación previa 423/AI/2001, en octubre del año pasado, en realidad no hay avances en la investigación para conocer la verdad.Como si nada hubiera ocurrido, las organizaciones que demandan justicia siguen pidiendo que se reabra el caso Aguas Blancas, porque hasta el momento, en el expediente abierto en la PGR sólo están las denuncias de los dirigentes de la Organización Campesinos de la Sierra del Sur (OCSS), Marino Sánchez Flores e Hilario Mesino Acosta, y la ratificación de sus declaraciones.

El expediente fue turnado a la Delegación de la PGR en Guerrero, a cargo de Raúl Jesús Izábal Montoya, y desde entonces duerme, no ha tenido un solo paso, no ha habido una sola materialización de lo que debiera ser una averiguación previa, dice el abogado José Enrique González Ruiz, uno de los representantes de los dirigentes que presentaron la denuncia, y que el 25 de ferbrero de 2002 solicitó a la PGR que atraiga la investigación al DF, porque en Guerrero no hay condiciones para llevarla a cabo con imparcialidad, debido al poder que ejerce el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, señalado como el principal involucrado en la masacre.

Pero la respuesta de la PGR fue negativa. Informa González Ruiz que la Subprocuraduría de Procedimientos Penales, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, el 13 de marzo rechazó la petición de hacer en el DF las indagaciones.

El funcionario respondió a los demandantes que de acuerdo con el reglamento de la PGR hay una división territorial de las investigaciones y argumentó que sería imposible que en la ciudad de México se llevaran las investigaciones de “cualquier asunto” del país.

González Ruiz y los demandantes explicaron que el caso Aguas Blancas no es “cualquier asunto”, que es un hecho que ha sido conocido por instancias internacionales.

En entrevista, González Ruiz responde a la pregunta ¿Porqué no ha avanzado la investigación en la PGR, si el gobierno de Vicente Fox reabrió el caso, en respuesta a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y fue incluso un ofrecimiento de campaña?

Afirma el abogado que “la actual administración de Fox y del procurador Rafael Macedo de la Concha está temerosa de entrar al asunto de Aguas Blancas; temerosa políticamente, por la fuerza que tiene Rubén Figueroa en Guerrero. Por eso, para que no avance la investigación, la PGR manda el asunto a Guerrero, donde ya vimos que no se pudo investigar, porque el poder de los caciques es tremendo”.

Un ejemplo de ese poder, dice, es lo que pasó con un programa de televisión sobre el caso Aguas Blancas, en Reporte 13, del periodista Ricardo Rocha, (quien en 1996 dio a conocer el video completo grabado de la masacre), que fue transmitido el jueves 11 de abril, en otros estados pero no pasó en Guerrero.

González Ruiz comenta: “Le dijimos a (el subprocurador) Higuera, que si Rubén Figueroa tiene el poder de impedir la transmisión de un programa, puede amedrentar a jueces, magistrrados, agentes del Ministerio Público y demás”.

 Presentarán denuncia contra Zedillo

 González Ruiz plantea que la responsabilidad de que no se investigue a los responsables de la masacre de Aguas Blancas llega hasta Ernesto Zedillo, próximamente los demandantes presentarán una denuncia contra el ex presidente, por complicidad con los autores del crimen.Explica que la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), en la que se basó la demanda que presentaron el 24 de octubre del año pasado los dirigentes de la OCSS Marino Sánchez e Hilario Mesino, tiene como base el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 23 de abril de 1996, elaborado por los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios.Ese informe, que no es una sentencia, porque Zedillo pidió la intervención de la Suprema Corte con base en el artículo 97 de la Constitución, establece sin lugar a dudas que en Aguas Blancas hubo graves violaciones a los derechos humanos y señala a los responsables: el gobernador con licencia Rubén Figueroa Alcocer; el ex secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; el ex procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar; el ex primer subprocurador, Rodolfo Sotomayor Espino; el ex director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy; el ex subsecretario de Protección y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos; el ex fiscal especial, Adrián Vega Cornejo y el ex director general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos.

La resolución de la Corte dice que “existió grave violación a las garantías individuales, de los gobernados, en los acntecimientos del 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, y en los posteriores relacionados con los primeros”.González Ruiz subraya que la Suprema Corte es muy explícita, y se refiere no sólo a la masacre de 17 campesinos el 28 de junio de 95, sino a toda la manipulación que el gobierno hizo para ocultar la matanza, a los juicios indebidos, y a la complicidad en el asunto.La Suprema Corte mandó este informe a la PGR, cuando era procurador el panista Antonio Lozano Gracia, que rechazó atraer la investigación, y argumentó que es competencia de las autoridades de Guerrero, a pesar de que la Corte en su resolución también es muy explícita al enviar los resultados a la PGR para que investigue, porque se trata de violaciones a las garantías establecidas en la Constitución federal.El máximo tribunal del país pone a disposición de las autoridades competentes que lo requieran el material probatorio de su investigación; es decir, “da el remedio y el trapito”.Según el abogado, ahí se ve la complicidad del entonces presidente Ernesto Zedillo, porque, con base en el informe de la Corte, debió instruir al procurador Lozano para que se hiciera cargo del caso, y no lo hizo.“Zedillo actuó de esa manera por sus relaciones con Figueroa, que es su compadre, no quería que hubiera una resolución en su contra, por eso mantuvo el asunto en Guerrero. Por lo mismo, en el momento actual no se mueve la investigación en la PGR, por los compormisos del actual procurador Macedo de la Concha; ni siquiera han llamado a declarar a Rubén Figueroa; ni siquerea han ido por los documentos que la Suprema Corte de Justicia puso a disposición de las autoridades competentes”, explica González Ruiz.–¿Y con toda esta complicidad que se ve en las instancias federales, crees que serviría de algo que la PGR se llevara la averiguación al DF?–Sí, porque hay grados, por ejemplo, se pudo sacar de la cárcel a Efrén Cortés (sobreviviente de la masacre de El Charco, acusado de pertenecer al ERPI, que estaba preso en Puente Grande) con la presión nacional; en el DF había más presión que en Guerrero.

 Impunidad con el nuevo gobierno

 Explica González Ruiz: “Zedillo dejó dormir el informe de la Suprema Corte y la recomendación de la Comisión Interamericana (de 1997); sigue protegiendo a Rubén Figueroa, lo encubre.“Cuando entra Fox, tiene la necesidad de pintar su raya del gobierno priísta y designa una funcionaria especial para asuntos que están en tribunales internacionales, Mariclaire Acosta, que venía de las ONG, y maneja el discurso de que con el nuevo gobierno todo ha cambiado, que no habrá impunidad. La OCSS plantea entonces la demanda en la PGR, a partir de la recomendación de la CIDH”.Relata González Ruiz que al principio, Mariclaire Acosta, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pareciía interesada en cumplir con la recomendación de la CIDH, había reuniones frecuentes con representantes de la OCSS.Pero pronto mostró una tendencia hacia la reparación del daño, las indemnizaciones a los deudos y a los sobrevivientes, que es una parte de la recomendación de la CIDH.El abogado dice que la posición de la OCSS es que los sobrevivientes y los deudos tienen derecho a la reparación del daño, pero primero es el castigo a los culpables. “Esta posición no le gusta al gobierno, Mariclaire Acosta deja de estar interesada en el asunto, espacia las reuniones; cuando le llevamos información de que la PGR no ha hecho nada dice que le van a solicitar informes; va peridiendo de el impulso”.

–¿Porqué?

–Se ha visto que Fox incumple sus promesas en persecución de delitos del priato, por la alianza que tiene con éste. Los asuntos de derechos humanos se van volviendo prescindibles para Fox, no cumple con comisión de la verdad ni con el caso Aguas Blancas; espera que a la gente se le olvide.